El gobierno de Cuba acusó este miércoles a la representación de Estados Unidos en La Habana de intensificar «sus actividades injerencistas e ilegales» en este país, en una declaración que crispa el clima bilateral en pleno período electoral estadounidense.
"En las últimas semanas, ha tenido lugar una escalada de las acciones provocadoras organizadas y financiadas por la Sección de Intereses de los Estados Unidos (SINA)", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en un comunicado publicado en el diario oficial Granma.
La cancillería acusó al gobierno estadounidense de George W. Bush, que en enero de 2009 será sucedido por quien triunfe en los comicios de noviembre, de "urdir y estimular" esas provocaciones "contrarrevolucionarias" en Cuba, y lo responsabilizó "por las consecuencias que puedan derivarse de su respuesta".
La cartera "dispone de información confirmada de que la SINA pretende organizar otras actividades ilegales y está instigando a sus mercenarios en Cuba a realizar acciones provocadoras en la vía pública, alrededor de la fecha del 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos", añade el texto.
Tales acciones coincidirían con el término de la misión en Cuba de Michael Parmly, jefe de la SINA desde 2005, "cuya actuación escandalosa e ilícita fue denunciada el pasado mes de mayo por el gobierno cubano".
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En esa ocasión, Parmly y otros funcionarios de la SINA fueron acusados por autoridades cubanas de estar involucrados en "el trasiego de dinero procedente del terrorista de origen cubano Santiago Álvarez Fernández-Magriñá para los grupúsculos contrarrevolucionarios en Cuba", dice el comunicado.
Ante una consulta de IPS, el académico e investigador Luis René Fernández consideró que, con la reiteración de sus denuncias, La Habana estaría tratando de colocarse en la coyuntura electoral estadounidense, en la que se expresan dos visiones para enfrentar los asuntos de política exterior.
En su opinión, se trata de más "continuidad" con el candidato del gobernante Partido Republicano, John McCain, y cierto "cambio" y mayor empleo del "soft power": una política encaminada a ejercer influencia mediante intercambios culturales y de comunicación, entre otros, con el postulante opositor Barack Obama, del Partido Demócrata.
En esta situación, lo que debería ocurrir es que el gobierno de Bush comience a corregir el curso de una era marcada por la hostilidad. "Sin embargo, el gobierno cubano percibe lo contrario, y está dejando claro que no se puede aceptar este tipo de política en adelante", afirmó Fernández, del Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana.
Dicho de otro modo, La Habana quiere evitar que se estabilice "la actual norma de política como 'punto de partida' para la próxima administración", agregó el estudioso, quien infirió que el gobierno de Bush "siente que el tiempo se le acaba" para imponer su "fracasada política" hacia Cuba.
Si gana Obama, se podrían abrir posibilidades de negociación, aunque fueran limitadas, y un "pequeño" cambio anunciado, como suavizar las restricciones de los viajes de cubanos residentes en Estados Unidos hacia esta isla, tendría un impacto significativo, afirmó el académico.
El 26 de julio de 2007, Raúl Castro, entonces presidente en funciones por la enfermedad de su hermano mayor, Fidel, reiteró la disposición cubana de dialogar con Estados Unidos para tratar de resolver el añejo conflicto que separa a ambos países desde hace más de cuatro décadas.
Pero aclaró que eso no será posible con el presidente Bush, sino con quien le suceda en 2009. El nuevo gobierno tendrá que decidir "si mantiene la absurda, ilegal y fracasada política contra Cuba o acepta el ramo de olivo", dijo Raúl Castro, quien asumió la presidencia en febrero.
Las relaciones diplomáticas bilaterales están interrumpidas desde 1961, aunque desde 1977 mantienen abiertas en sus respectivas capitales sendas Secciones de Intereses encargadas fundamentalmente de atender asuntos migratorios.
Acusaciones similares a las de este miércoles, terminaron en 2003 en el arresto y juicio sumario a 75 disidentes bajo cargos de conspiración con Washington con fines subversivos. De ese grupo, 20 fueron liberados por razones de salud no compatibles con el régimen carcelario, de los cuales sólo nueve permanecen aún en Cuba.
"No es descartable que haya nuevas detenciones. La gente se siente disgustada y frustrada porque no se han producido los cambios que esperaba", comentó a IPS Oscar Espinoza Chepe, uno de los 75 en libertad condicional. También aseguró que hay "sectores de poder en Cuba que prefieren la confrontación con Estados Unidos".
Según la cancillería, funcionarios de la SINA han dado instrucciones a los "mercenarios (disidentes) para que incrementen sus acciones subversivas, incluida la incitación para que desarrollen actos provocadores en la vía pública y en lugares simbólicos como la Plaza de la Revolución".
El texto también menciona "el otorgamiento de facilidades a elementos mercenarios para acceder de manera permanente a los centros de Internet de la SINA y el suministro constante a estos de dinero, teléfonos celulares, medios de comunicación, computadoras y propaganda contrarrevolucionaria, entre otros". "El país vive una coyuntura difícil, con muchas tensiones, y no puede permitir una política en que un país vecino dedica recursos de alrededor de 100 millones de dólares al año para el financiamiento de actividades de investigación, propaganda y subversión interna en Cuba", dijo Fernández.
Existe una interrelación muy estrecha entre algunas medidas que se pueden aplicar en esta nación, de mayor apertura y flexibilización, y el incremento de esas acciones que promueve Washington, opinó.
