Una operación policial que sólo pudo detener por algunas horas a un grupo de adinerados acusados de delitos financieros y corrupción acabó por desnudar el deterioro institucional de Brasil, que afecta también al Poder Judicial, ahora dividido y con la corte suprema bajo sospecha de parcialidad.
La Central Única de Trabajadores, principal organización sindical del país, requirió este viernes al Senado iniciar un proceso de inhabilitación del presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. Otra iniciativa popular recoge firmas con el mismo objetivo.
Mientras, la Policía Federal, la fuerza armada del Ministerio de Justicia que protagonizó la espectacular operación, vio el éxito convertirse en veneno en los últimos días, ante acusaciones de abuso de poder y disensiones internas expuestas, agravadas por presiones del gobierno para evitar que ministros sean involucrados en las investigaciones.
El nuevo escándalo nacional empezó cuando un equipo policial incautó documentos en cuatro grandes ciudades y detuvo a 17 personas, entre quienes estaban Daniel Dantas y Naji Nahas, grandes y polémicos inversionistas, y Celso Pitta, ex alcalde de São Paulo, en la llamada Operación Satiagraha (firmeza en la verdad, en sánscrito) iniciada el 8 de julio.
Casi todos fueron dejados en libertad uno o dos días después por decisión de Mendes. En el caso de Dantas, dueño del banco Opportunity, se lo detuvo y libertó en dos ocasiones, lo cual desató un conflicto entre el presidente del STF, la suprema corte de justicia, y el juez Fausto de Sanctis, quien ordenó los arrestos.
El presidente del STF, que ya había criticado a la Policía Federal por darle espectacularidad a sus acciones, consideró injustificado el encarcelamiento de Dantas y de los demás, cuya libertad, en su opinión, no perjudicaría las investigaciones policiales.
La segunda vez acusó el juez De Sanctis de usar una "vía oblicua" para incumplir la decisión superior, bajo pretexto de haber surgido indicios de que el acusado intentó sobornar a un comisario y había practicado tal delito anteriormente.
Cuarenta y dos fiscales divulgaron una carta abierta a la población, afirmando que la democracia fue "frontalmente golpeada" por la decisión del STF, generando "un día de duelo para las instituciones democráticas brasileñas".
El fiscal Rodrigo de Grandis, quien pidió al juez De Sanctis autorizar las detenciones, acusó a Mendes de adoptar "una decisión ilegal", porque suprimió las instancias intermediarias de apelación, concediendo al banquero preso el "foro privilegiado" de recurrir a la instancia suprema, un derecho que sólo disfrutan ministros, parlamentarios y otras altas autoridades.
También protestaron 121 jueces federales, condenando la actitud del presidente del STF de encaminar el caso al Consejo Nacional de Justicia que, en consecuencia, podrá juzgar la conducta del juez De Sanctis con miras a una punición. Eso "pone en riesgo" la independencia con que todos los jueces deben actuar, afirmaron.
Cerca de 400 jueces y fiscales se reunieron el lunes en São Paulo en un acto de apoyo a De Sanctis, reclamando "más respeto" a las primeras instancias del Poder Judicial y protestando contra las "amenazas" a su independencia.
"Es como mínimo preocupante el nuevo comportamiento" del STF, sus miembros "ahora hablan de todo, adelantan opiniones sobre cuestiones a juzgar", abandonando la postura "más discreta" que les era tradicional, evaluó para IPS Ana Valeria Araujo, abogada que coordina el Fondo Brasil de Derechos Humanos.
Tales actitudes a veces amenazan la separación y equilibrio de los poderes de la República, como en el caso de la tierra indígena Raposa Serra do Sol, cuya demarcación en el extremo norte de Brasil genera conflictos y está, una vez mas, pendiente de un fallo del STF, ejemplificó.
Algunas declaraciones de jueces del STF, especialmente de su presidente, indican posiciones contrarias a la forma como se demarcó la reserva de 1,7 millones de hectáreas, en un área continua, ya homologada, es decir aprobada en decisión final por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2005.
Una fuerte oposición, que incluye a jefes militares y gobernantes del estado de Roraima, donde se ubica la tierra indígena, reclama quitarle partes ocupadas por hacendados, hecho que dividiría el territorio en "islas". La disputa ya provocó enfrentamientos, muertes y heridos en los 30 años de lucha indígena por su tierra.
La demarcación, cumpliendo la Constitución en vigencia desde 1988, es una competencia del Poder Ejecutivo que ya la ejerció completamente en el caso de Raposa Serra do Sol, observó la abogada Araujo, quien por muchos años defendió los derechos indígenas en el no gubernamental Instituto Socioambiental.
El STF, al juzgar el caso, podrá emitir un fallo aprobando o rechazando la demarcación hecha, justificándolo en base a los argumentos opuestos, "pero no sustituir el acto" y modificar el área demarcada, destacó.
Seria una medida que va en "contra de la Constitución" si el Poder Judicial avoca el derecho de decidir como será la tierra indígena, porque se trata de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, realzó. Puede apenas anular, si encuentra razones efectivas, el proceso cumplido para que sea rehecho, con nuevos estudios antropológicos, precisó.
Araujo dijo que espera que Mendes haya emitido sus opiniones "como ciudadano", no como juez, concluyó.
Pero sus actitudes del pasado, cuando formó parte del Poder Ejecutivo y habría mostrado poco respeto a las leyes, son recordadas por un movimiento que disemina mensajes por Internet.
Los problemas que afronta el Poder Judicial se suman a los sucesivos escándalos de corrupción que deterioraron la imagen tanto del parlamento como del gobierno en los últimos años.
La detención del grupo encabezado por el banquero Dantas, antes considerado un genio de las finanzas, es el resultado de las investigaciones iniciadas tras el escándalo de 2005 en que dirigentes del gobernante Partido de los Trabajadores fueron acusados de sobornar decenas de diputados para asegurar votos de proyectos enviados por el gobierno.
Por esa razón se teme que las investigaciones lleguen a funcionarios importantes. Algunas escuchas telefónicas ya divulgadas mencionan relaciones de Dantas y otros acusados con ministros, ex ministros o personas allegadas al gobierno.
La sospecha natural es que las divisiones en la Policía Federal y el hecho del comisario Protógenes Queiroz alejarse del comando de la Operación Satiagraha se deben a presiones para proteger gobernantes.
