Con la culminación de los trabajos de la Asamblea Constituyente este viernes, Ecuador ingresó a un nuevo tiempo político, marcado por la campaña hacia el referendo en el que la ciudadanía deberá decidir si aprueba o rechaza el nuevo texto constitucional.
El proyecto fue aprobado el jueves por la noche. De los 130 asambleístas, votaron a favor 94, que responden al partido de gobierno, Acuerdo País, al indigenista Pachakutik, al marxista Movimiento Popular Democrático e independientes.
La Asamblea Constituyente entregó el texto al Tribunal Supremo Electoral, que lo someterá a referendo el 28 de septiembre.
En los ocho meses de trabajo, la Asamblea recibió a más de 60.000 personas, cientos de organizaciones sociales y otras instituciones que presentaron sus propuestas.
"La nueva Constitución, marcada por una visión social, pone como centro al ser humano, reivindica derechos para mujeres, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas privadas de su libertad, incluso para la naturaleza", detalló a IPS el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero.
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"Habrá seguridad social, educación y salud para todos", aseveró.
El texto establece también una nueva estructura de organización política para el Estado, agregó Cordero, la descentralización y autonomía serán una realidad, se transparentan los procesos, se elimina a los partidos políticos de los órganos de contralor y de justicia, se racionaliza la distribución de los recursos y se procura el "buen vivir" ("sumak kausay", en quechua).
Estos meses también exhibieron las contradicciones internas del gobernante Acuerdo País, en el que se visibilizaron sectores diferenciados ideológicamente.
Un momento de quiebre importante estuvo marcado por la renuncia de Alberto Acosta a la presidencia de la Asamblea, al parecer presionado por la dirigencia del partido y por el propio presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Acosta fue reemplazado por quien fungía como vicepresidente de la Asamblea, Cordero, más cercano a las propuestas de Correa.
También se mostraron diferencias entre el mandatario y los asambleístas de su partido, como en el debate sobre si el quechua sería el idioma oficial del país.
Buena parte de los asambleístas del bloque se mostraron partidarios de la propuesta, pero Correa se opuso, señalando que no se podía obligar a un niño que no es del mundo quechua a aprender castellano y quechua, en lugar de castellano e inglés.
Es argumento despertó el rechazo de diferentes sectores, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que exigió al presidente que dejara de utilizar el quechua, porque no lo hacía por convicción en su significado, sino porque seguía siendo sólo parte del folclore.
A pesar de la oposición de Correa, un grupo de asambleístas promovió la iniciativa de incluir la lengua indígena como oficial junto al español, y se produjo una división interna, si bien la presión gubernamental llevó finalmente a la mayoría a votarla en contra.
Luego de una larga cadena de reacciones negativas, el gobierno accedió a declarar al español, el quechua y el shuar como idiomas oficiales de la relación intercultural, si bien el primero permanece como lengua oficial, lo que no significa ningún cambio real respecto de la actual Constitución, porque sólo se trata de una declaración.
El asambleísta Rolando Panchana, representante de lo que se considera la derecha de Acuerdo País, aseguró al diario El Comercio que, con lo aprobado, "si estamos en una circunscripción donde la mayoría de la población habla shuar, y yo hablo castellano, tengo la obligación de manejar los dos idiomas".
En los últimos días, también produjo malestar general la denuncia de que el texto redactado por los constituyentes estaba siendo modificado fuera de las instancias de la Asamblea, pero finalmente el pleno del cuerpo revisó y voto el proyecto.
La ceremonia de cierre de este viernes contó con la presencia de Correa y Cordero.
El proyecto es el "acta de nacimiento de la patria nueva, altiva, soberana, solidaria y equitativa", dijo Correa.
"El proceso de construcción de este sueño, de esta nación, para sentirnos representados, definidos, ha sido esencial y ampliamente democrático, participativo, incluyente", contrario a lo que han venido sosteniendo los opositores, dijo el mandatario.
"Cuando se iniciaron los trabajos de estudio, de discusión, de redacción primaria de cada una de las partes de la Constitución, los sectores de siempre, encaramados en sus intereses, quisieron vender la idea falsa de que todo ya estaba cocinado, que se había hecho una Constitución de espaldas al pueblo ecuatoriano", pero "la verdad se fue imponiendo", agregó.
"Este proceso ha sido público y notorio, abierto a todos, nunca se ha escondido nada. Esto ha sido limpio, sin trampas e incluso todas las sesiones han sido directamente transmitidas por la televisión pública", argumentó.
El presidente aprovechó la ocasión para atacar a sus aliados que mostraron diferencias durante el proceso constituyente, en clara alusión a Acosta y a los asambleístas que apoyaron la inclusión del quechua, a los que en cierto momento llamó "infiltrados".
"Paradójicamente, los principales peligros no han venido de una oposición que ni siquiera se cree a sí misma, sino de nuestras propias contradicciones, de esas agendas que se metieron por las trasteras, de un falso sentido de democracia que buscó los aplausos de los grupos que precisamente debíamos combatir, de caballos de Troya" que llegaron a defender sus intereses, aseveró.
"El mayor peligro para nuestro proyecto de país es el izquierdismo y el ecologismo infantil…, aunque tal vez me faltó añadir el indigenismo infantil", lo que en cierto punto llegó a poner en riesgo el proyecto constitucional, aunque "felizmente la sensatez prevaleció", sentenció.
La Asamblea Constituyente se declaró en receso hasta cinco días después de proclamados los resultados del referendo. Si la Constitución es aprobada, el cuerpo asumirá el papel de Asamblea Legislativa hasta las elecciones generales de enero de 2009.
De triunfar el No, recobraría investidura el disuelto parlamento o se convocaría a nuevos comicios legislativos, aunque este extremo no ha quedado claramente establecido.
