A la misma hora en que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, recibía en el norte del país al precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, John McCain, la Corte Suprema de Justicia emitía un comunicado exhortando al gobierno a «respetar y acatar las decisiones» de los tribunales.
Era la respuesta del alto tribunal al ataque frontal de Uribe del jueves pasado, cuando anunció un referendo para responder a la duda legal, planteada por ese alto tribunal, sobre la reforma constitucional que permitió su reelección consecutiva en 2006.
"Cualquier incidencia indebida resquebraja y desquicia el estado social y democrático de derecho", advirtieron los magistrados, quienes se abstuvieron en el mensaje de comentar el referendo.
El fallo que molestó a Uribe establece que "la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas", por lo cual la Corte Constitucional debería revisar su aprobación.
También muestra cómo los ministros Sabas Pretelt (hoy embajador de Bogotá en Roma), de Interior y de Justicia, y Diego Palacios, de Protección Social, junto con otros funcionarios y con la participación del propio Uribe lograron, a cambio de puestos y contratos, que la entonces parlamentaria Yidis Medina votara a favor de la reelección, cuando existía un empate en una comisión legislativa.
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El contenido de la sentencia "es eminentemente jurídico, carece de motivaciones diferentes a las estrictamente constitucionales y legales", expresó la Corte tras deliberar todo el martes.
Advirtió que la decisión de su sala penal "es el resultado de un estudio serio, objetivo y ponderado de las pruebas allegadas" en la condena por cohecho de la ex parlamentaria, quien se autoinculpó y aportó pruebas.
Ante la agresividad gubernamental, la Corte agregó que, "acogiendo el clamor general", no fomentará "polémicas estériles que impidan la realización de los fines del estado".
Pero también rechazó "enérgicamente las descalificaciones, agravios e infundadas imputaciones" del presidente Uribe, quien acusó a los magistrados de "presionar" a las otras ramas del poder, de aplicar "justicia selectiva" y de cohonestar el "terrorismo", entre otros señalamientos.
Puntualizó el alto tribunal que remitir copias de la sentencia condenatoria a la Corte Constitucional y a la Procuraduría General de la Nación (ministerio público) "no fue un acto caprichoso, abusivo o desestabilizador del orden jurídico", como sostuvo el gobierno, sino que se basó en la Constitución, en instrumentos internacionales y en la ley.
También en la víspera, auxiliares de la Corte Suprema de Justicia allanaron la residencia del ex parlamentario Teodolindo Avendaño, quien está detenido tras ser implicado por Medina en la recepción de dádivas.
Avendaño desapareció a la hora de votar la reelección en la misma polémica sesión parlamentaria.
A su vez, la Fiscalía buscó, en el expediente contra Medina, material probatorio para la investigación que adelanta por cohecho contra el ex ministro Pretelt, vinculado mediante indagatoria.
El gobierno calculó que el eventual referendo que ordene "repetir" las elecciones de 2006 se realizará en el primer semestre de 2009. El 20 de este mes, cuando se inicia la legislatura ordinaria, radicará el proyecto correspondiente, que deberá ser tramitado con carácter de "urgencia".
Para el gobierno, se trata de "no permitir la deslegitimación" de Uribe, que recoge en la actualidad 84 por ciento de popularidad según una encuesta y cuyo mandato debería expirar en 2010. En la "repetición" de las elecciones podrán postularse los candidatos que así lo deseen, comenzando por el propio Uribe.
Aunque el texto del referendo aún no está definido, los críticos del gobierno consideran que se trata, precisamente, de allanar el camino para otro mandato de Uribe, quien fue elegido en primera vuelta en 2002 y, tras la reforma que ahora se cuestiona, en 2006.
Obispos de la Iglesia Católica llamaron a la "concertación" antes del referendo, o a prescindir de éste, al tiempo que los sectores oficialistas del parlamento no se ponen de acuerdo sobre su conveniencia.
Para rechazarlo, y al mismo tiempo respaldar a la Corte Suprema de Justicia, los sindicatos convocaron a una manifestación para este jueves, respaldada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y los opositores Polo Democrático Alternativo, de izquierda, y el socialdemócrata Partido Liberal.
Otro contendor presidencial en las elecciones de 2006, el centrista ex alcalde bogotano Antanas Mockus, exige que Uribe renuncie, ante la ilegitimidad de la reelección.
En todo caso, el balón está en el campo de la Corte Constitucional, conformada con nueve miembros.
Si ésta revisa su sentencia e invalida la figura de la reelección, tendrían que renunciar tanto Uribe como el vicepresidente, Francisco Santos, y el gobierno de Colombia sería asumido transitoriamente por la presidencia del Senado (que se renueva a fin de mes), coinciden analistas.
"No cabría la convocatoria a repetir las elecciones sino la realización de nuevas elecciones, sin posibilidad de reelección inmediata y, por tanto, sin habilitación a Uribe para ser candidato", según el ex ministro Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Pero en noviembre vence el periodo de seis magistrados de la Corte Constitucional. Sus reemplazos son votados por el Congreso legislativo, cada uno de una terna enviada por el presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
El parlamento es de mayoría oficialista, y la tercera parte de sus integrantes, llamados "parapolíticos", están implicados penalmente con las bandas paramilitares de ultraderecha, comandadas por narcotraficantes y autoras, según la Organización de las Naciones Unidas, de 80 por ciento de los crímenes en la longeva guerra civil colombiana.
Prácticamente todos los "parapolíticos" son aliados de Uribe. Con el visto bueno del gobierno, los que están presos incluso determinaron candidatos para las elecciones locales y regionales de octubre de 2007.
Muchos de ellos renunciaron a sus curules en el legislativo por temor a ser juzgados por la Corte Suprema, su juez natural, por lo cual sus aliados en el parlamento tendrán una oportunidad de votar por los seis candidatos del presidente a la Corte Constitucional.
Así, la solución legal a la crisis podría tener un plazo menor de cinco meses, y "el dilema es", advirtió González, la "recuperación moral y democrática o la mutación de la mafiocracia en dictadura civil plebiscitaria".
Pero el ex ministro no es optimista. "El desenlace es predecible: no habrá renuncia de Uribe", señaló convencido.
"Seguirán los parapolíticos que están investigados, o en la cárcel, codirigiendo la coalición de gobierno, y ayudando a completar la mayoría en el Congreso", pues el gobierno hundió la reforma que prohibía que las bancas dejadas libres por los políticos presos fueran ocupadas por sus suplentes.
"La mafiocracia seguirá definiendo las reglas del juego político y los jueces y críticos seguirán acusados de cómplices del narco terrorismo", vaticinó.
