Indígenas de Bolivia y Brasil se declaran en emergencia por la construcción del Complejo Hidroeléctrico del río Madera, que persigue sin pausa Brasilia, mientras investigaciones independientes buscan medir impactos del que será uno de los mayores proyectos energéticos de América del Sur.
Las organizaciones que los representan se reunieron el 29 de junio en la norteña ciudad boliviana de Riberalta y se declararon en emergencia. El pronunciamiento de siete organizaciones sindicales y el Movimiento de Afectados por Represas del occidental estado brasileño de Rondonia, al que tuvo acceso Tierramérica, conminó al gobierno de Bolivia a "no negociar ni firmar ningún tipo de acuerdo" con Brasil.
El Madera, nombre con el que nace en Bolivia, o Madeira, en Brasil, se origina en la cordillera de los Andes, formado por los ríos Beni y Madre de Dios, para desembocar en el Amazonas, donde se convierte en uno de los cursos más caudalosos del mundo.
Atraviesa una región biodiversa, con un tramo binacional de rápidos y "cachuelas", o cascadas de baja altura. Tal entorno impide la navegación de gran envergadura, pero ofrece potencial hidroeléctrico.
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Investigadores del Instituto de Hidrología e Hidráulica de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y del Instituto de Investigación para el Desarrollo, junto a estudiosos apoyados por el no gubernamental Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) intentan determinar los riesgos que corre Bolivia con la construcción de las represas.
Aunque el complejo se levantará en territorio brasileño, habrá consecuencias también en Bolivia, dijo a Tierramérica el investigador de la UMSA, Jorge Molina.
Los resultados preliminares de su estudio señalan taponamiento de ríos y afluentes con consecuentes inundaciones, pérdidas severas de diversidad acuática y de tierras de cultivo y desplazamiento de pueblos originarios.
El proyecto central del Complejo Hidroeléctrico se ubica en las proximidades de la ciudad brasileña de Porto Velho, en Rondonia, cerca de la frontera. El plan original consistía en una hidrovía de 4.200 kilómetros y cuatro presas hidroeléctricas con exclusas para la navegación, dos en Brasil (Santo Antonio y Jirau), la tercera en aguas binacionales y una cuarta en Bolivia, en la región amazónica de Cachuela Esperanza.
Pero Brasilia descartó las dos últimas, mientras no se llegue a un acuerdo con La Paz.
De concretarse, podrían generar hasta 17.000 megavatios, principalmente destinados a las industrias del sur de Brasil, dijo a Tierramérica el ingeniero ambiental brasileño David Melendres, que investiga el tema en el norte boliviano.
El costo ambiental podría superar los beneficios, aseguró.
El pronunciamiento de Riberalta demanda la presencia del mandatario boliviano Evo Morales en la Central de Campesinos de la ciudad de Guayaramerín, cerca de la frontera, para reunirse con indígenas, campesinos y sindicatos.
"No nos escuchan cuando advertimos del incremento de enfermedades, desplazamiento de pueblos íntegros e inundación de afluentes", sostuvo Rabi Ortiz, presidente de la boliviana Central Indígena de la Región Amazónica.
El gobierno de Morales ha reiterado su intención de no tomar medidas al margen de los pueblos originarios.
A principios de junio, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, declaró que Bolivia insistiría en un acuerdo con Brasil basado en "un análisis binacional de los efectos económicos, sociales y ambientales".
Pero la represa de San Antonio ya fue otorgada en licitación al consorcio liderado por la estatal Furnas de Brasil y el gigante de la construcción Odebrecht. El proyecto de Jirau recibe propuestas desde mayo.
El complejo costará más de 9.000 millones de dólares y es el segundo más grande del país, después de Itaipú, sobre el río Paraná, compartido con Paraguay.
En abril de 2004, Odebrecht solicitó a la boliviana Superintendencia de Electricidad dos licencias provisionales para estudios de factibilidad de centrales hidroeléctricas en los ríos Mamoré, Madera y Beni. La solicitud fue rechazada.
Sin embargo, aunque hasta ahora Bolivia mantuvo esta decisión, "no queda clara su posición oficial", dijo a Tierramérica la vicepresidenta de Fobomade, Elizabeth Mamani.
El Estado boliviano carece de estudios oficiales, reconoció Iván Castellón, superintendente general del Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables.
Mientras, Brasil se muestra decidido a iniciar las obras este año. Las poblaciones ribereñas fueron notificadas del plazo de desalojo hasta el 30 de agosto, según un comunicado gubernamental al que tuvo acceso Tierramérica.
La preocupación de los indígenas es sobre todo el desplazamiento de al menos 3.000 personas en Brasil. Y en Bolivia, un sondeo de Fobomade señala que unas 300 comunidades se verían obligadas a dejar sus hogares.
Esta organización publicó un estudio de impacto ambiental de las represas que advierte sobre aumento de enfermedades —fiebre amarilla, malaria, dengue y otras—, relacionadas con la falta de saneamiento y urbanización para los desplazados.
"Se precisará multiplicar los equipos de salud en Brasil; la situación se complicará en Bolivia porque el Estado simplemente no llega a las zonas del norte amazónico", dijo Mamani, abogada ambientalista.
Bolivia es uno de los pocos países que todavía tienen pueblos desconocidos, "ahora en peligro", agregó. Por ejemplo, los pacahuara, que se mueven entre el río Negro, en el oriental departamento de Santa Cruz, y el Pacahuara, en el norteño Pando.
Según las investigaciones de Melendres, "estos grupos tendrían que emigrar hacia otras regiones en busca de alimento y espacios habitables, ocasionando la invasión de territorios de otras poblaciones indígenas".
Estos indicios son suficientes para frenar el proyecto, apelando al principio precautorio, sostiene Mamani.
Pero, como "Brasil vive con el temor del apagón que sufrió en 2001 debido a una crisis energética", es improbable que se detenga el proyecto, aseveró a Tierramérica Patricio Sorbera de los Ríos, ex profesor de la brasileña Universidad Federal de Acre. "Se sabe que estas construcciones desencadenan impactos diversos, es de esperar que no sean de la magnitud de la que hablan los ambientalistas", añadió.
