Dieciocho años después de su polémica privatización, Aerolíneas Argentinas, la firma aerocomercial de bandera argentina, volvió este lunes al Estado, debilitada y con un pasivo millonario.
La fecha del regreso es simbólica. Representantes del gobierno argentino de Cristina Fernández y del grupo privado español Marsans, que administraban la compañía, firmaron un acta de traspaso que prevé la realización de una auditoría y el manejo conjunto de la firma por 60 días.
La transferencia alcanza también las acciones de la empresa de vuelos internos Austral, subsidiaria de Aerolíneas Argentinas. El acta de traspaso deberá ser refrendada por el parlamento una vez que las partes hayan negociado el valor de la transferencia.
La presidenta adelantó la semana pasada que el gobierno no pretende "reestatizar" Aerolíneas, sino "ponerla en valor", para luego convocar al capital privado. Pero legisladores de la oposición advierten sobre los riesgos de esta operación.
"Está más cerca de la intervención de un Estado bobo que se hace cargo de la deuda para volver a vender la firma, que a una estrategia seria de recuperación de la aerolínea de bandera", dijo a IPS el diputado Claudio Lozano, de Proyecto Sur.
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Para el economista Lozano, la operadora privada no hizo las inversiones prometidas y el Estado no tenía un manejo claro de los subsidios que le concedía para la compra de combustibles, ni tampoco de la actualización de tarifas.
Interinvest, la empresa que administraba Aerolíneas, enfrentaba serias dificultades y el Estado, que tenía cinco por ciento de las acciones, aportó casi 17 millones de dólares en las últimas semanas para abonar salarios y adquirir repuestos de aviones.
Además de esta ayuda de emergencia, el Estado le otorgaba combustible a precios subsidiados, y autorizó este año dos aumentos de tarifas. Pero la compañía tiene un déficit operativo de un millón de dólares diarios.
La flota está paralizada en casi 50 por ciento por averías y falta de mantenimiento. Según la Secretaría de Transporte, de las 78 aeronaves a su disposición sólo volaban 40.
La deuda exigible en el corto plazo es de 250 millones de dólares y hay otros 600 millones de dólares que deben cancelarse durante este año. Ese pasivo deberá ser ponderado por los auditores para fijar el precio de venta.
"El Estado tiene argumentos fuertes para no pagar alguna de esas deudas", advirtió a IPS el diputado socialista Ariel Basteiro, que fue director de Aerolíneas Argentinas en representación del Estado hasta diciembre, cuando pasó a ocupar su escaño.
Basteiro también prevé que las negociaciones para fijar el valor de transferencia serán duras. "El valor de los activos que figura en los libros no supera los 150 millones de dólares, pero los españoles piden 1.000 millones", alertó.
"El gobierno no buscó estar a cargo de la empresa, pero hubo una falta de voluntad del grupo Marsans de hacer inversiones para seguir operando", afirmó. No obstante, el legislador duda de que el gobierno argentino denuncie un presunto vaciamiento.
"Marsans ya está denunciado en España", comentó el diputado aludiendo a una investigación judicial por el préstamo recibido del Estado español para sanear pasivos de la aerolínea y que no habrían sido destinados a esos fines.
Aerolíneas Argentinas y Austral atienden 75 por ciento del mercado doméstico de vuelos comerciales con alrededor de 9.000 empleados. Aerolíneas nació como compañía pública en 1950 y fue próspera durante varias décadas.
En 1990, el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) lanzó un programa de privatización de empresas públicas que incluyó la aerolínea de bandera.
Los sindicatos se resistieron a la venta y hubo intentos de frenarla en el ámbito judicial. Pero se sortearon los obstáculos y la compañía fue adquirida por la española Iberia y socios argentinos que hipotecaron parte del patrimonio para pagar la operación.
En 1994, frente a las dificultades financieras de la gestión de Iberia, el Estado autorizó a vender activos. Aerolíneas Argentinas se deshizo de oficinas comerciales, de un simulador de vuelo y de muchas aeronaves.
Aun así no se recuperó y, a fines de los años 90, la operación comercial pasó a manos de la estadounidense American Airlines, que logró mejorar la situación. Entonces entró en escena la estatal Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), que tomó el control de la aerolínea.
En 2001, la SEPI la vendió al grupo turístico español Marsans, que la ha gestionado hasta ahora.
Los sindicatos aeronáuticos, a excepción del de mecánicos, celebraron el regreso del Estado, aunque sea temporal.
El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, aseguró que una vez que la empresa vuelva a funcionar con normalidad y tenga su pasivo saneado, se buscará un socio privado. Pero la última palabra de esta historia, todavía no fue dicha.
