El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, derogó este martes el decreto-ley de inteligencia y contrainteligencia que dictó hace pocos días y que obligaba a la ciudadanía a colaborar con el espionaje militar y policial en este país.
"A nadie lo pueden obligar a que delate a nadie, eso es un desastre", dijo Chávez en alusión al más publicitado artículo de la ley, el número 16.
Esa norma convertía a los organismos públicos y sus funcionarios, las empresas nacionales o extranjeras, las organizaciones populares, las comunidades y redes sociales, y a todas y cada una de las personas, en "órganos de apoyo" de los servicios de inteligencia y contrainteligencia, bajo pena de ser juzgados y castigados.
Un artículo señalaba especialmente que la colaboración con los cuerpos de inteligencia es una obligación de todos los funcionarios que forman parte del sistema de justicia.
Otro establecía que los organismos de inteligencia podrían actuar sin orden judicial ni fiscal, cuando considerasen inminente la perpetración de un delito, y los datos obtenidos en sus actuaciones podían incorporarse como pruebas en los juicios resultantes de esa investigación.
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Organizaciones no gubernamentales que defienden derechos ciudadanos, la prensa no gubernamental, los partidos políticos de oposición, la jerarquía católica y líderes de diferentes ámbitos criticaron el decreto-ley desde la semana pasada.
En cambio, guardaron silencio los jefes del parlamento, de abrumadora mayoría oficialista, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo (ombudsman) y el Tribunal Supremo de Justicia.
De hecho, fue el propio Chávez la primera autoridad pública que el fin de semana señaló observaciones al decreto, y este martes, ante la ola de críticas, resolvió derogarlo. "La decisión es derogar toda la ley y dejar que la Asamblea Nacional (legislativa) haga una que articule los distintos cuerpos de inteligencia que existen", explicó.
El presidente tomó la iniciativa de la ley porque en enero de 2007 el parlamento lo autorizó a legislar por decreto, durante 18 meses, sobre una docena de materias.
Rocío San Miguel, de la organización Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y Fuerza Armada, dijo a IPS que la ley "establecía un estado de excepción permanente en Venezuela. El ciudadano queda al servicio del Estado, en vez de el Estado al servicio del ciudadano. Los organismos de inteligencia podrían inmiscuirse hasta en la vida familiar en nombre de un concepto tan genérico como la seguridad nacional".
Marino Alvarado, de la organización humanitaria Provea, destacó a IPS que las personas "quedaban obligadas a colaborar en labores de inteligencia, acercando el país a lo que puede considerarse un Estado policial. Dejaba a discreción de las policías actuar contra personas u hogares con base en sus sospechas, lo que es grave en un país con policías acostumbrados a la violación de los derechos humanos".
El ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, un antiguo oficial naval especializado en inteligencia, defendió la ley porque "en Venezuela siempre han existido labores de inteligencia y contrainteligencia, sólo que no estaban reguladas y sus organismos policiales, en el pasado, actuaban contra el pueblo".
Rodríguez Chacín destacó asimismo "la voluntad democrática del presidente, al admitir que se ha cometido un error y que ha dispuesto la rectificación oportuna".
Liliana Ortega, de la organización humanitaria Cofavic, dijo a IPS que la ley "en la práctica abolía el secreto en profesiones como médicos, abogados, sacerdotes y periodistas, cuya labor de investigación resultaría seriamente limitada".
El cardenal Jorge Urosa, a nombre de la Iglesia Católica, señaló que la ley "atenta contra el secreto de confesión", un sacramento para su credo, y afirmó que ninguna ley podría apartar a los sacerdotes de los cánones de su religión.
Dirigentes políticos de oposición comenzaron a reclamar la derogatoria, y el jurista Hermann Escarrá presentó esa propuesta al Tribunal Supremo de Justicia.
Pero lo que más probablemente haya convencido a Chávez de la urgencia de derogar el polémico texto fue el aire impopular que rápidamente cobró, mostrado por los medios como una ley de soplones o delatores, "sapos" en el habla popular venezolana.
Los caricaturistas comenzaban sus juegos con la figura del sapo. "Esta es una ley Get-sapo", escribió uno. "Nos quieren meter sapo por liebre", garabateó otra. En algunos muros, grupos de adolescentes han hecho graffitis con un sapo bajo la señal de prohibido.
En cafés y panaderías se hacían chascarrillos entre vendedores y parroquianos. "Chávez no quiere a (el presidente estadounidense, George W.) Bush, pero nos mete una ley patriota", dijo a IPS José Avendaño, vendedor de equipos médicos.
La Ley Patriota endureció las medidas de seguridad y control ciudadano en Estados Unidos tras los atentados de septiembre de 2001, acotando libertades y autorizando varios tipos de vigilancia y represión sin orden judicial.
"Este es un gobierno socialista, de los derechos humanos, que no persigue ni perseguirá a nadie. Con dos artículos nada más, un nuevo decreto deroga la ley, se acaba la diatriba y me quito yo una preocupación de encima", dijo Chávez al anunciar la abrogación.
Venezuela está a las puertas de una nueva campaña electoral, para escoger gobernadores regionales y alcaldes en noviembre, y Chávez las considera cruciales para replantear su propuesta de reelección indefinida, pues constitucionalmente no podrá presentarse a los comicios presidenciales previstos para 2012.
El mandatario ha dicho en mítines con sus seguidores que "si la oposición gana un grupo importante de gobernaciones y alcaldías —actualmente sólo gobierna dos de las 24 regiones del país— el año próximo vendrán por mí", es decir, buscaría un mecanismo de acortar la tercera presidencia de Chávez, en el poder desde 1999.
Después de que perdió en diciembre, por estrecho margen, un referendo sobre su propuesta de reforma constitucional, las encuestas han mostrado mermas en su popularidad, si bien no insinúan una cómoda victoria opositora.
"Chávez está muy consciente de que las decisiones impopulares son muy peligrosas electoralmente para él en este momento, como para Superman la kriptonita", comentó a IPS Luis León, director de la firma encuestadora Datanálisis.
El retroceso de la ley de inteligencia es el segundo giro político que Chávez da en pocos días, ya que el domingo pidió a la guerrilla colombiana que liberase incondicionalmente a todos sus rehenes y dijese adiós a las armas pues ese tipo de lucha no tiene futuro.
Su biógrafo Alberto Barrera comentó con un toque de decepción que "Chávez se proyecta como el gran líder radical y pretende ocupar el rol de Fidel Castro y paladín contra el Imperio (Estados Unidos), pero queda al final como un tipo que tiene un discurso que depende de las encuestas".
