El uso de la tortura aumentó notoriamente en Uzbekistán tras la elección del presidente Islam Karimov, según el Centro Conmemorativo de los Derechos Humanos, con sede en Moscú.
La cantidad de casos de desapariciones y torturas se incrementó desde comienzos de este año, dijo Elena Ryabinina, investigadora del Centro en materia de abusos a los derechos humanos en las repúblicas de Asia central.
Su organización, junto con el Grupo Iniciativa de Derechos Humanos Independientes, con sede en Tashkent y dirigido por el activista Surat Ikramov, hizo un seguimiento de la nueva ola de abusos en el país.
La entidad de Ikramov, creado en 2002, ahora tiene 136 miembros que rastrean y defienden los derechos de los ciudadanos uzbekos.
Los abusos están vinculados con el régimen de Karimov, quien ya estuvo dos periodos consecutivos en el cargo, tiempo máximo permitido por la Constitución uzbeka. Pero en diciembre de 2007 ganó un tercer periodo, contra cuatro opositores escasamente conocidos.
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Uzbekistán es el país más poblado de Asia central. Sus 26,8 millones de habitantes, concentrados en el sur y el este, constituyen casi la mitad de la población de la región, y en su mayoría se dedican al cultivo de algodón en pequeñas comunidades rurales.
El informe de la organización señala que entre 1997 y 2007 más de 12.000 personas fueron arrestadas y condenadas por motivos políticos y religiosos. El Centro publicó una lista de alrededor de 8.000 de ellos.
"Cuanto más exitosamente el régimen destruye a la oposición democrática que habla sobre la necesidad de un cambio pacífico de poder, más asume la tortura sus formas terribles", dijo Ryabinina a IPS.
La flexibilización de las sanciones de la Unión Europea (UE) fue interpretada por el régimen como una indulgencia para más violaciones, agregó Ryabinina.
"Este enfoque es de miras extremadamente estrechas", opinó.
La familia de Gulnova Oltieva fue destruida por el régimen. Su esposo fue torturado y asesinado el año pasado. Ella tuvo que huir a Uzbekistán con sus hijos en diciembre de 2007 y ahora vive en Kazajstán.
"Cada mes muere algún preso a causa de las torturas. Los trabajadores de la prisión tienen autoridad absoluta, golpean a los prisioneros cuando quieren y a veces directamente los matan", dijo Oltieva a IPS.
Los cadáveres son ocultados de la vista del público y los familiares, y son trasladados bajo supervisión especial para ser enterrados de modo secreto, explicó.
La prisión de Bukhara, unos 600 kilómetros al sudoeste de Tashkent, es conocida por albergar a miles de reclusos que son torturados y mantenidos en condiciones deplorables, dijo Oltieva.
"Mi esposo, Yusuf Juma, y mi hijo, Mashrab Yusufjon, fueron asesinados allí mediante torturas", relató.
Los métodos comunes de tortura son golpizas con cachiporras, electrochoques, asfixia con bolsas de plástico y máscaras de gas, y humillaciones sexuales. Los condenados por extremismo religioso son particularmente tomados como blanco de torturas, según activistas.
"El uso frecuente de la tortura señala una cultura política adoptada por las autoridades para eliminar a la oposición y a las organizaciones de derechos humanos", dijo a IPS Elena Urlaeva, de la Alianza por los Derechos Humanos en Tashkent. Las víctimas no tienen ninguna parte donde buscar reparación legal, agregó.
Urlaeva señaló que la creación de un tribunal independiente sobre el genocidio en Andijan podría ayudar a revisar los modos arbitrarios de Karimov y su gobierno. En mayo de 2005, hombres armados atacaron varios edificios gubernamentales en esta oriental ciudad uzbeka y liberaron por la fuerza a 23 hombres acusados de extremismo religioso. Un enfrentamiento entre fuerzas del gobierno y manifestantes dejó cientos de civiles muertos.
Mihra Rittmann, investigador de la división de Europa y Asia central de Human Rights Watch (HRW), dijo a IPS que, "en los últimos años, el gobierno de Uzbekistán buscó numerosas oportunidades de convencer a sus socios multilaterales de que ha asumido serias reformas para poner fin a la tortura, y que la tortura y otras maneras de maltrato no son un problema dominante en el país".
El gobierno, dijo, debería responsabilizar a los perpetradores de torturas, y garantizar que los detenidos puedan presentar demandas sin temer represalias.
El gobierno adoptó importantes leyes para introducir el habeas corpus y para abolir la pena de muerte, dijo Rittman, pero no hubo reducciones significativas en el difundido uso de la tortura.
Se necesita una reforma fundamental si se quiere erradicar las torturas, dijo.
