Oficialmente, todo está bien en las zonas de procesamiento de exportaciones (ZPE) en Mauricio. Pero, en realidad, muchos trabajadores extranjeros sufren desiguales condiciones laborales. Y los que se organizan lo hacen bajo la constante amenaza de ser intimidados o deportados.
Para fines de diciembre de 2007, en las ZPE había 404 empresas que empleaban a 67.314 personas, de las cuales 32.973 eran extranjeras, principalmente de China, India, Sri Lanka y Bangladesh.
Según el Consejo Económico y Social Nacional (NESC, por sus siglas en inglés), estos trabajadores son esenciales para la economía de este sudoriental estado insular africano.
El presidente del Consejo, Mohammad Vayid, dijo que el tiempo en que las empresas de Mauricio pensaban en contratar temporalmente a trabajadores migrantes ya terminó.
"Nuestra dependencia de los trabajadores migrantes calificados se ha vuelto necesaria en la medida en que los trabajadores locales no se desempeñan bien en ciertas tareas", alegó.
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El NESC publicó un informe en febrero de 2007 que abogó por que los extranjeros que trabajaban en la isla disfrutaran de los mismos derechos que los trabajadores locales. "Con la globalización, los trabajadores migrantes deberían ser vistos como aliados, y no como rivales o competidores", insistió Vayid.
En las fábricas, las cosas no funcionan de esta manera. Esto es revelado por las manifestaciones públicas, a veces violentas, que realizan en su mayoría trabajadores extranjeros de las ZPE.
Se quejan de los bajos salarios y de las generalmente malas condiciones laborales.
Regularmente se los ve sentados durante días frente a las oficinas del Ministerio de Trabajo y Relaciones Industriales en Port Louis, intentando presionar a las autoridades para que intervengan en su favor.
Los trabajadores extranjeros salieron a las calles en varias ocasiones en los últimos dos años. Todas las veces, aquellos que eran considerados los "cabecillas" eran deportados. Unos 500 srilankeses reclamaron mejores salarios a la compañía Tropic Knits. En respuesta, en agosto de 2007 las autoridades nacionales deportaron a 35 de ellos.
En la Compagnie Mauricienne de Textile (CMT), una gran fábrica que emplea a más de 5.000 personas, 177 extranjeros fueron deportados el año pasado tras participar en una "manifestación ilegal" sobre la falta de agua corriente, la insuficiente cantidad de retretes y la mala calidad de las viviendas, entre otras quejas.
En 2006, algunos trabajadores de China e India que habían intentado o bien formar un sindicato o bien protestar fueron deportados sumariamente. A veces, manifestaciones pacíficas se convirtieron en disturbios que la policía disolvió brutalmente.
"Somos seres humanos, no animales", gritaban los manifestantes, quejándose de las malas condiciones de trabajo en las fábricas. También deploraron las largas horas de trabajo y el hecho de ser aislados de otros trabajadores.
Algunos de ellos viven en condiciones intolerables, durmiendo sobre bancos, sin colchones, o en dormitorios diminutos que albergan hasta a una docena de personas.
En ocasiones, las condiciones laborales mejoraron luego de intervenciones de las autoridades locales. Pero la mayor parte del tiempo nadie sabe realmente qué ocurre dentro de las fábricas y los dormitorios, dado que a los sindicalistas no se les permite entrar.
La Confederación Sindical Internacional (ITUC) difundió un informe a fines de abril criticando a Mauricio por restringir los principios y derechos establecidos en las ocho principales convenciones laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pese a haber ratificado todos estos instrumentos legales internacionales.
El informe señala que es extremadamente difícil para los sindicalistas acercarse a los trabajadores de las ZPE de Mauricio para organizarlos en sindicatos.
Los funcionarios sindicales son obligados a esperar fuera de la fábrica para encontrarse con los obreros. Muchos de estos son mujeres que están bajo presión para volver a sus hogares.
Reeaz Chuttoo, de la Federación de Sindicatos Progresistas, confirmó esto en una entrevista con IPS.
También agregó que, particularmente los trabajadores migrantes, a veces son mantenidos cautivos en sus dormitorios.
Los sindicalistas también enfrentan el problema de la comunicación con los trabajadores migrantes a causa de la barrera idiomática. Pese a que la libertad de asociación está garantizada por la ley en Mauricio, el ejercicio efectivo de este derecho es sistemáticamente denegado en el país, señala el informe del ITUC.
La OIT criticó el bajo nivel de negociación colectiva en las ZPE, urgiendo al gobierno a adoptar medidas para garantizar que este derecho laboral básico se convierta en realidad.
"¿Cómo pueden haber negociaciones colectivas cuando no se nos permite reunirnos y discutir con los trabajadores?", preguntó Chuttoo.
Existen leyes especiales aplicables a las ZPE del país. Éstas disponen un horario de trabajo más extenso: 45 horas por semana y 10 horas extra obligatorias, si se requiere. Pero, según enfatizan los sindicalistas, los obreros migrantes trabajan 25 horas extra por semana. Esto está incluido en los contratos que firman en sus países de origen antes de llegar a Mauricio.
Desde el punto de vista de Chuttoo, "ellos deberían estar felices, dado que vinieron aquí para hacer dinero. Se les permite trabajar todas las horas extra que gusten".
Los trabajadores locales de las ZPE enfrentan desafíos similares. Les preocupa que esas zonas no sean sostenibles a largo plazo. Por lo tanto, también les inquieta la posibilidad de perder sus puestos laborales si contactan a sindicatos o se organizan en asociaciones o se niegan a trabajar horas extra.
El trabajo extra obligatorio se reduce a trabajo forzado, que está prohibido por ley. Esto también se menciona en el informe del ITUC.
Sin embargo, dijo Chuttoo, "si ellos no hacen horas extra no sobrevivirán con el magro salario que obtienen". Citando una reciente encuesta de la Oficina Central de Estadísticas (CSO) de Mauricio, señaló que se considera que cualquier trabajador que gane menos de 125 dólares mensuales vive en la pobreza.
"En la ZPE, un trabajador de una fábrica obtiene 107 dólares como salario mensual básico. Si no tuviera la paga extra, se sumiría en la pobreza", subrayó Chuttoo.
Debido a la falta de una representación sindical efectiva, los riesgos para la salud y la seguridad a veces no son abordados oportunamente, si es que se los aborda, según el estudio del ITUC.
La Asociación de Exportaciones de Mauricio (MEXA), que representa a los empleadores de las ZPE, negó categóricamente que los empleadores impidan a los sindicalistas organizar a los obreros de esas zonas.
"Es su trabajo, no el nuestro. Ellos tienen que 'venderles' su producto a los trabajadores", declaró la directora de MEXA, Danielle Wong, quien también negó que a los trabajadores extranjeros se les pague menos que a los del lugar.
"Esto es revisado regularmente por el Ministerio de Trabajo y Relaciones Industriales", aseguró.
Wong agregó que los empleadores toman todas las precauciones necesarias para informar a los trabajadores migrantes sobre sus derechos porque no quieren "que se repitan las mismas cosas". En el pasado se culpó a los empleadores por no haber explicado sus derechos a los obreros extranjeros.
"Esto es obligatorio. Además, los contratos están disponibles en varios idiomas, incluyendo el inglés y el idioma original de los trabajadores", declaró Wong. Las entrevistas con los trabajadores donde se les explican sus derechos son filmadas.
Algunos empleadores entrevistados por IPS alegaron que ellos "siempre" han respetado las reglas del "negocio ético". Si éste no hubiera sido el caso, "no habríamos podido exportar a Estados Unidos bajo la Ley de Crecimiento y Oportunidades de África o a los mercados de la Unión Europea", sostuvieron.
El año pasado, grandes empresas como Star Knitwear y CMT, que juntas emplean a más de 10.000 personas, fueron acusadas de presuntos malos tratos a trabajadores migrantes. Sus directores negaron rotundamente estas acusaciones, destacando que hubo auditorías realizadas por autoridades locales, así como por los propios compradores.
"Si nos siguen comprando, significa que nuestras fábricas respetan las normas internacionales", insistió uno de ellos.
El Ministerio de Trabajo y Relaciones Industriales "tomó nota" del informe de ITUC. El titular de la cartera, Vasant Bunwaree, no formulará comentarios sobre los contenidos antes de buscar explicaciones del ITUC sobre puntos específicos que figuran en el texto.
