Activistas reclaman al Senado de Estados Unidos la asignación urgente de 50.000 millones de dólares, en un periodo de cinco años, al combate contra el sida, la tuberculosis y el paludismo, especialmente en África.
La idea es que el presidente estadounidense George W. Bush presente la ley al respecto ya sancionada cuando asista, el mes próximo, a la cumbre del Grupo de los Ocho (G-8) países más poderosos del mundo, que se realizará en Toyako, Japón.
Los activistas creen que la aprobación de la iniciativa ubicará a Bush en mejor posición para persuadir a sus pares del G-8 a comprometer mucho dinero en la lucha contra esas enfermedades.
El proyecto a consideración del Senado es una ampliación del Plan Presidencial de Emergencia para Alivio del Sida (Pepfar, por sus siglas en inglés), anunciado por Bush en 2003, que destinó 15.000 millones de dólares en un periodo de cinco años.
Aunque cuenta con un fuerte apoyo de legisladores, tanto del gobernante Partido Republicano como del opositor Demócrata, algunos senadores republicanos derechistas amenazan con recurrir a maniobras parlamentarias dilatorias para bloquear su aprobación si no se modifica el texto.
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El senador Tom Coburn demanda que se requiera que al menos 55 por ciento de los fondos sean gastados en tratamiento de enfermos de sida.
Los defensores del proyecto señalan que eso privaría a los países que recibirán la ayuda de la flexibilidad que necesitan para decidir qué estrategia, incluida la prevención, es la más efectiva para combatir la extensión de la epidemia.
No es la única objeción de la derecha. También están en desacuerdo con el monto total del proyecto y con el hecho de que prevé canalizar 10.000 millones de dólares a través del Fondo Global de Lucha contra el Sida, organización multilateral que reúne a gobiernos y al sector privado sobre la que Washington no puede ejercer un control total.
También cuestionan que se apoye o admita "prácticas moralmente cuestionables", como la distribución de jeringas a los usuarios de drogas intravenosas.
El proyecto representa "una suprema irresponsabilidad, en medio de una guerra y con la deuda en aumento", afirmó el senador Jim DeMint, uno de los siete firmantes de una carta contraria a la iniciativa enviada en abril al líder republicano del Senado, Mitch McConnell.
Pero el proyecto cuenta con el respaldo de Bush y de los candidatos presidenciales de ambos partidos para las elecciones de noviembre, el senador demócrata Barack Obama y su par republicano John McCain, quien declaró que se prestaría con gusto a hacer gestiones para superar la resistencia del grupo de Coburn.
"Se está negociando en este momento", dijo el director de la no gubernamental Alianza Mundial contra el Sida, Paul Zeitz, quien atribuyó a McCain un papel fundamental para superar el estancamiento.
"Hace al interés de Estados Unidos y del Poder Legislativo con mayoría demócrata que Bush vaya a la reunión del G-8 con esta ley en la mano", aseguró.
El Pepfar, anunciado por Bush en vísperas de la invasión estadounidense a Iraq, en marzo de 2003, es reconocido como la más exitosa y menos controvertida iniciativa de política exterior de su presidencia.
El proyecto recibió el apoyo de los dos partidos y aportó fondos de una magnitud sin precedentes para combatir enfermedades infecciosas que matan a millones de personas cada año, particularmente en África.
Aunque el programa atendió mayoritariamente necesidades de países de África subsahariana, también se implementó en naciones del Caribe y a Vietnam.
Se estima que a través del Pepfar recibieron tratamiento unos dos millones de personas, se previnieron siete millones de nuevas infecciones con VIH y se brindó asistencia a otros 10 millones, entre ellas varios millones de huérfanos cuyos padres murieron de sida.
Junto con la Iniciativa del Presidente sobre la Malaria (paludismo), destinada a reducir a la mitad para 2011 las muertes causadas por esta enfermedad en 15 países africanos, también entregó mosquiteros y otros suministros en ese continente.
En enero, en su discurso ante ambas cámaras del Congreso legislativo sobre el Estado de la Nación, Bush pidió ampliar 30.000 millones de dólares los fondos del Pepfar en los próximos cinco años, pero la Cámara de Representantes (diputados) votó 306 a 116 una ampliación de los fondos a 50.000 millones de dólares en abril.
En mayo, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó el proyecto por 18 votos a tres.
El texto representa un acuerdo entre los demócratas, tradicionalmente favorables a incrementar los fondos de asistencia, y los republicanos opositores al aborto, quienes insisten que deben establecerse restricciones a las formas en que se utilizará el dinero.
El proyecto señala, por ejemplo, que no podrá otorgarse financiamiento a clínicas de planificación familiar, grupos que realicen abortos o pidan que se modifiquen las leyes que los castigan en sus países, o que se nieguen a rechazar explícitamente a "la prostitución y el tráfico de personas".
Asimismo, establece que los administradores del programa aseguren que la abstinencia y la fidelidad en el matrimonio se empleen como estrategia para evitar la propagación del sida. Expertos en salud pública creen que ese enfoque es menos efectivo que la distribución de condones.
El proyecto asigna casi 31.000 millones de dólares a programas bilaterales destinados a tratar a tres millones de enfermos de sida, prevenir 12 millones de nuevas infecciones y asistir a otros 12 millones de víctimas, incluyendo a cinco millones de huérfanos.
Asimismo, dispone la entrega de 10.000 millones de dólares al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, que trabaja en muchos más países que los cubiertos por el Pepfar y con menos restricciones sobre los usos que se puede dar al dinero.
Por otra parte, 4.000 millones de dólares se destinan a la lucha contra la tuberculosis, la principal causa de muerte entre los enfermos de sida, y 5.000 millones de dólares a combatir el paludismo.
El remanente se dedicará a la investigación y a desarrollar la capacidad de los sistemas de salud en los países que reciben la ayuda, así como para entrenamiento de su personal.
Los procedimientos del Senado hacen posible que una pequeña minoría bloquee la aprobación de un proyecto. Como existe una cargada agenda legislativa hasta el 4 de julio, cuando la cámara alta entrará en receso, los líderes demócratas y republicanos temen que llevar el proyecto a debate sin un acuerdo previo con los disidentes sólo sirva para impedir su aprobación.
Si no se lo vota antes del receso del 4 de julio, no habrá otra oportunidad para hacerlo antes de la cumbre del G-8.
En consecuencia, crece la presión sobre los líderes del Senado y sobre Coburn para que logren un acuerdo de concesiones recíprocas.
El miércoles, el primer ministro de Kenia, Raila Odinga, de visita en Washington, y el arzobispo sudafricano Desmond Tutu reclamaron la aprobación del proyecto.
"Hacerlo será una señal para los miembros del G-8 respecto del compromiso de Estados Unidos y un mensaje de que ellos deben hacer lo mismo", dijo Joanne Carter, directora ejecutiva asociada de la no gubernamental Results, que lucha contra el hambre y la pobreza.
