Si su solicitud de radicación en la Unión Europea (UE) es rechazada, los refugiados podrán ser detenidos hasta 18 meses, según un proyecto de ley avalado por los 27 gobiernos del bloque al que le resta la aprobación del Parlamento Europeo.
La denominada "directiva de retornos" establece reglas comunes para toda la UE sobre el trato a darles, antes de ser expulsados, a aquellos a quienes se les rechace el pedido de asilo. La disposición más controvertida permite la detención por ese lapso de quienes esperan la deportación.
Activistas humanitarios temen que, como consecuencia de la directiva, quienes no han cometido ningún delito sean detenidos rutinariamente por periodos extensos.
Los ministros de Justicia e Interior de la UE aprobaron el proyecto en una reunión celebrada los días 5 y 6 de este mes. Pero el Parlamento Europeo, única institución del bloque cuyos miembros son elegidos directamente por la ciudadanía, debe también aprobarla para que entre en vigor.
Los europarlamentarios tienen previsto reunirse para considerar la propuesta el día 18.
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El ministro del Interior de Eslovenia, Dragutin Mate, cuyo país ocupa la presidencia rotativa de la UE, opinó esta semana que el posible rechazo a la directiva es un "escenario negro" que demorará seriamente los esfuerzos por trazar normas comunes en esta área legislativa.
Más de 220 campamentos para detener a solicitantes de asilo están operativos actualmente en toda la UE. Suman una capacidad de albergue de 30.000 personas.
Muchos países del bloque permiten la detención de solicitantes de asilo por entre 12 y 18 meses, pero algunos estados como Dinamarca, Gran Bretaña, Grecia y Holanda no estipulan una extensión máxima para la detención.
Un estudio de 2006 constató que muchos solicitantes de asilo fueron retenidos cinco años.
Steve Peers, del centro de derechos humanos de la británica Universidad de Exeter, consideró probable que la aprobación de la directiva obligará a los países de la UE que mejor tratan a los solicitantes de asilo a nivelar para abajo sus criterios.
Pero si los europarlamentarios intentan modificar la iniciativa, es posible que Francia, que ejercerá en el próximo semestre la presidencia de la UE, no la tome en serio.
Cunden en la actualidad numerosos prejuicios contra los solicitantes de asilo en varios países de la UE. El nuevo gobierno derechista de Italia considera la posibilidad de convertir la inmigración clandestina en un delito penal.
"Los europarlamentarios afrontan una difícil elección entre dos cursos de acción alternativos, ninguno de los cuales garantizará una protección suficiente de los principios básicos que debería apuntalar la ley de inmigración y asilo de la UE", dijo Peers.
Amnistía Internacional describió como "chocante" la posibilidad de que la detención de 18 meses se vuelva común. La organización consideró vital que las detenciones, de cualquier duración, sean exepcionales.
Los gobiernos de la UE y la Comisión Europea —rama ejecutiva del bloque— acordaron que los niños solicitantes de asilo que carecen de la protección de no puedan ser deportados. Pero Amnistía también busca garantías de que los niños que han sido separados de sus padres tampoco sean detenidos.
Además, la organización de derechos humanos se muestra perturbada por las cláusulas incluidas en la ley que prohíben a los deportados reingresar a territorio de la UE.
Según Amnistía, prohibir el ingreso le cerraría el camino a quienes huyen de persecución.
El director de la oficina de Amnistía en Bruselas, Nicholas Berger, urgió a los europarlamentarios a rechazar el acuerdo entre representantes del Parlamento Europeo y los gobiernos de la UE antes de la reunión esta semana entre los ministros de Justicia e Interior.
"Al aceptar el texto de este acuerdo, el Parlamento Europeo debilitará su propio mandato de proteger los derechos humanos y permitir que la ley de la UE socave los principios en la materia", dijo.
El Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE, por sus siglas en inglés), alianza de organizaciones que trabajan con solicitantes de asilo, dijo que el principio de retorno voluntario debería jerarquizarse por sobre las expulsiones forzadas.
"Necesitamos una directiva sobre retornos, pero no a cualquier costo. Estamos particularmente preocupados por los excesivos periodos de detención de esta directiva y por la falta de oportunidades reales para que los migrantes se vayan voluntariamente antes que por la fuerza", expresó el secretario general de ECRE, Bjarte Vandvik.
Europarlamentarios de izquierda adelantaron su voto contrario.
El británico Jean Lambert, del Partido Verde, dijo que la directiva "inscribiría en piedra" algunas de las prácticas más represivas a la que ya recurrieron los gobiernos de la UE.
Por su parte, la Comisión Europea aplaudió la propuesta. Pero el comisario de Justicia, Jacques Barrot, señaló esta semana que sus funcionarios controlarán que los derechos de niños y niñas sean respetados en caso de que la ley entre en vigencia.
