Aunque el gobierno de Australia mejoró el tratamiento dado a refugiados y solicitantes de asilo, todavía existen serias preocupaciones por la salud, bienestar y seguridad de estos extranjeros.
El ministro de Inmigración, Chris Evans, declaró este viernes, Día Mundial de los Refugiados, que "las nuevas prioridades mantienen el compromiso de Australia hacia ellos, por el cual se han aceptado más de 700.000 personas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial" (1939-1945).
Evans hacía referencia a los cambios introducidos por el gobierno del laborista primer ministro Kevin Rudd en la política hacia los refugiados y aspirantes al asilo.
Entre las modificaciones se contempla incrementar en 750 la cantidad de personas que podrán acogerse al Programa Especial Humanitario, hasta un total de 7.750 para el período 2009-2010.
También se aumentarán en 47 millones de dólares los fondos destinados a la enseñanza del inglés a los inmigrantes.
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Estos cambios habían sido anunciados inicialmente el mes pasado, al darse a conocer el presupuesto federal. Evans también señaló que se abolirá el controvertido sistema de Visa Temporaria de Protección (TPV, por sus siglas en inglés).
"El abandono de las TPV permite a esas personas convertirse en miembros permanentes de la comunidad australiana. Ya no serán mantenidos en ese desagradable limbo", dijo Kate Gauthier, directora nacional de la no gubernamental Una Australia Justa, organización dedicada a la protección de los derechos de los refugiados y quienes buscan asilo.
Las TPV fueron introducidas en 1999 por el gobierno del ex primer ministro conservador John Howard (1996-2007). Se las entregaba a solicitantes de refugio luego de ingresar en el país sin autorización. Estas personas se veían obligadas a volver a demostrar que necesitaban protección si las condiciones en sus países de origen cambiaban.
Bajo este sistema, "estaban permanentemente preocupadas acerca de qué les sucedería en el futuro", señaló Gauthier.
Además del "trauma" que significaba para los refugiados, agregó, el costo de la revisión de los casos individuales representaba "una carga innecesaria" para los contribuyentes australianos".
Se entregaron una 11.000 visas temporarias, pero 9.500 personas recibieron con el paso del tiempo las permanentes.
Quienes aún tenían TPV cuando Evans anunció el abandono de ese sistema ahora tienen el derecho a recibir los mismos beneficios que los poseedores de la documentación permanente, como el acceso a los programas de reunión de las familias, dijo Gauthier.
La activista también mostró su apoyo a la decisión del gobierno, en diciembre de 2007, de cerrar el centro de detención de Nauru.
Durante el gobierno de Howard, eran enviados allí, o a la isla Manus, en Papua Nueva Guinea, quienes buscaban asilo pero eran interceptados antes de alcanzar la zona australiana de migración.
Sin embargo, Gauthier expresó su preocupación por la existencia de un nuevo centro de detención en la isla Navidad, en el océano Índico, que representa una "solución" similar bajo el gobierno de Rudd.
"Allí, esas personas sufrirán la misma carencia de derechos legales que sufrían quienes estaban en Nauru", aseguró a IPS. Reclamó que se establezca un plazo máximo de detención para las personas que buscan asilo.
Actualmente hay 461 personas detenidas en centros de inmigración en Australia. Gauthier recomendó como alternativa la detención comunitaria, bajo la cual el aspirante al asilo debe vivir en un lugar específico, sin posibilidad de trasladarse a otro punto del territorio.
Evans había anunciado este mes que se realizaría una investigación parlamentaria para examinar las posibles alternativas.
Ese anuncio coincidió con un aumento de la preocupación por el bienestar de los detenidos. La cadena de radio y televisión australiana ABC informó el mes pasado que un equipo de psiquiatras había identificado un nuevo padecimiento mental entre ellos.
Los investigadores detectaron entre los aspirantes al asilo detenidos una combinación de depresión, psicosis y ansiedad. Pero señalaron que no se debía principalmente a las experiencias vividas al huir de sus países de origen sino al prolongado e indefinido proceso en Australia.
También en mayo, Evans difundió detalles de un estudio sobre la situación de 72 personas que habían pasado detenidas dos o más años. Treinta y una habían recibido visas, o se esperaba que las recibieran luego de completar exámenes sanitarios y revisiones de seguridad.
La situación de otras 17 requería continuar con los procedimientos, mientras que a 24 se les había negado las visas y habían sido deportadas o estaban aguardando la expulsión.
Evans señaló que sus decisiones en todos esos casos se basaron "sobre el principio de que la detención indefinida no es aceptable y que quienes no tienen derecho a permanecer en Australia deben ser removidos con prontitud".
Aunque Evans, quien revisó personalmente cada caso, pueda estar satisfecho por haber tomado decisiones correctas, es obvio que también se cometieron errores.
Se reveló esta semana que un ciudadano chino, conocido como "señor Zhang", se suicidó luego de ser deportado a su país, donde fue golpeado y torturado tras su retorno.
Francis Milne, activista por los derechos de los refugiados que permaneció en contacto con "Zhang", dijo que había enviado cartas a Evans para interceder por él, pero que fueron ignoradas. Aparentemente, sus problemas con las autoridades de Beijing se debían a sus actividades políticas prodemocráticas.
El actual sistema, señaló Gauthier, debe ser completamente reformado para prevenir que una situación como la de "Zhang" se repita en el futuro.
