La poco probable intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la última esperanza que les queda a quienes demandan en México no destruir, tal como establecen las leyes, las boletas de las cuestionadas elecciones que llevaron a la presidencia a Felipe Calderón.
La Comisión tiene en sus manos desde abril una presentación del semanario local Proceso, apoyado por varios periodistas y observadores, para que esa instancia ordene a las autoridades mexicanas no destruir la boletas y se permita su revisión bajo los principios del "derecho de acceso a la información".
Pero no hay mucha esperanza de lograr que este organismo del sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, se decida a intervenir, dijeron a IPS analistas, luego de que las autoridades electorales y la justicia local rechazaron todos los pedidos para acceder a las boletas.
Esos documentos permanecen aún bajo resguardo y, según acordó el independiente Instituto Federal Electoral (IFE), serán destruidos sólo cuando se agoten todos los recursos interpuestos.
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No obstante, Flavio Galván, presidente Tribunal Electoral del Poder Judicial de México, la máxima y última instancia en la materia, advirtió, en referencia implícita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ninguna autoridad internacional puede ordenar qué hacer con las boletas, cuyo destino final es la destrucción, como establecen las leyes nacionales.
La instancia electoral de 2006 es cosa juzgada, por lo cual las boletas deben destruirse, insisten en señalar autoridades electorales al recordar que hay preceptos legales que ordenan actuar de esa forma.
Además, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales obliga al IFE a mantener la "inviolabilidad" de las boletas electorales, es decir que no pueden volver a revisarse.
Cuando ya pasaron dos años del acto electoral, aún se sigue denunciando el fraude que se habría cometido en detrimento de López Obrador, el postulante del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) que quedó a sólo 0,58 por ciento de distancia votos de Calderón, a la postre presidente de México.
Un sector de esa agrupación aún desconoce a Calderón, del conservador Partido Acción Nacional, como presidente pese a que ejerce como tal desde diciembre de 2006 y es reconocido así por todas las instituciones locales e internacionales.
"Muy difícilmente la Comisión acepte actuar sobre algo ya juzgado con apego a la normatividad vigente en México, que además ordena expresamente destruir la boletas, documentos, que para remate, no pueden volverse a revisar", dijo a IPS Zulia Merino, politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
"Cuando se niega el acceso a las boletas nadie está violando leyes, (sino) por el contrario, las están cumpliendo. Al menos así lo percibo", apuntó Merino.
Versiones de prensa no confirmadas indican que algunos consejeros del IFE han planteado la posibilidad de fotocopiar o escanear las papeletas antes de destruirlas, medidas que al parecer no violaría ninguna ley. Luego se buscaría alguna forma de entregarlas a los interesados. Sergio Aguayo, el politólogo del Colegio de México que pugna por la posibilidad de realizar un conteo "ciudadano" de las boletas de 2006, señaló que la batalla jurídica por la presidencia de México concluyó hace dos años y que no hay dudas de que Calderón ocupará el cargo hasta el fin de su período, en 2012. Pero aclara que eso no elimina la necesidad de aclarar, desde el punto de vista histórico, si en 2006 "hubo fraude o si fue una elección impecable manchada por un mal perdedor".
Aguayo hace votos para que la Comisión de la OEA aborde el pedido del semanario Proceso y emita medidas cautelares para evitar que se destruyan.
Mientras se espera la respuesta que llegue de Washington, este mes se publicó una investigación del politólogo José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, realizado con base a la revisión minuciosa de miles de actas que fueron levantadas el día de las elecciones por ciudadanos a quienes el IFE capacitó y encargó para esa tarea.
Crespo detectó múltiples errores aritméticos en esos reportes como inconsistencia entre el total de votantes en cada casilla y en el total de boletas encontradas en la urna y la votación emitida. Sin embargo, aclaró que no encontró ninguna evidencia de dolo o fraude.
En las actas, que son públicas a diferencia de las boletas individuales, están asentadas por distrito los resultados obtenidos en cada mesa el día de las elecciones.
En su investigación denominada "2006: hablan las actas", Crespo halló diversas irregularidades en más de 316.000 votos. Desde su punto de vista, ese dato indica que los comicios debieron ser anulados por las autoridades, pues la diferencia oficial de votos entre Calderón y López Obrador fue de apenas 233.831.
"El libro de Crespo nos revela que no hubo el fraude denunciado por la izquierda, pero sí que el IFE y el Tribunal Electoral pudieron no haber actuado con el profesionalismo esperado e investigar más a fondo la gran cantidad de errores y así dar plena legitimidad al proceso", dijo a IPS el analista político Alejandro Córdova.
El IFE y el Tribunal Electoral revisaron en 2006 un universo limitado de boletas y actas con base a las impugnaciones presentadas por el PRD. Pero en ese momento concluyó que los errores detectados no eran significativos.
Las denuncias de que se rellenaron urnas con votos a favor de Calderón y de que se alteraron los conteos en las computadoras del IFE jamás fueron comprobadas.
El resultado eleccionario a favor de Calderón fue validado por el Tribunal Electoral, que, no obstante, reconoció que en el proceso hubo intervenciones ilegales del entonces presidente Vicente Fox (2000-2006), correligionario de Calderón, y de las cámaras empresariales.
Las impugnaciones, las protestas y la estridencia de la izquierda tras las elecciones, cuyo candidato presidencial llegó a afirmar que ganó por 500.000 votos, aunque no probó ese dato, marcaron el inicio de la gestión de Calderón.
A dos años del proceso, cerca de un tercio de los encuestados siguen pensando que se cometió fraude contra la izquierda. No obstante, la intención del voto hacia ese sector, que en 2006 obtuvo 35,3 por ciento de los sufragios, se derrumbó.
Para los comicios de julio de 2009, cuando se renovará la Cámara de Diputados de 500 miembros, diversos sondeos proyectan que la izquierda obtendrá menos de 14 por ciento de los votos, que el partido oficial cosechará 25 y que el histórico Partido Revolucionario Institucional ganará con 28 por ciento.
En julio de 2006, el izquierdista PRD y sus aliados, los pequeños Partidos del Trabajo y Convergencia, pronosticaron que tarde o temprano el gobierno de Calderón se derrumbaría por presión social o que sería demasiado débil. Sin embargo, el mandatario mantiene hoy un respaldo ciudadano superior a 60 por ciento, uno de los más altos de América Latina.
En contraparte, la izquierda atraviesa por una profunda crisis. En el PRD se realizaron elecciones internas en marzo, que fueron marcadas por numerosas irregularidades al punto que hasta la fecha no se conoce al ganador. Mientras, las encuestas indican un declive constante de las preferencias de los electores hacia ese partido.
