El gobierno izquierdista de Bolivia respondió con cautela a la aprobación de dos nuevos estatutos autonómicos, esta vez en los norteños departamentos de Beni y Pando, mientras la oposición derechista se entusiasma y ya cree oportuno dirimir fuerzas en todo el país.
Las encuestas a boca de urna le dieron el triunfo al voto por la ratificación de los estatutos que restan atribuciones al gobierno nacional y concentran las decisiones sobre los prefectos (gobernantes departamentales), a quienes se propone denominar gobernadores y contar con asambleas con facultades para legislar sobre el distrito.
Cuatro redes privadas de televisión marcaron en la jornada de referendo del domingo la línea informativa a favor de los autonomistas, mientras en el otro frente el canal de televisión estatal y algunos medios vinculados a la Iglesia Católica se encargaron de pintar el rostro de la resistencia pro unitaria, en una guerra de mensajes con escaso margen para el análisis independiente.
El grupo de medios del consorcio empresarial Prisa, integrado por la cadena de televisión ATB y el diario La Razón, luego de un conteo rápido informó que el Si al estatuto autonomista había obtenido 80,2 por ciento de los votos en Beni y 81,8 por ciento en Pando.
Prisa también indicó que el abstencionismo fue 34,5 por ciento de los ciudadanos habilitados en Beni y llegó a 46,5 por ciento en Pando.
En Pando, el departamento con más de 72.000 habitantes localizado al norte de La Paz y fronterizo con Brasil y Perú, su prefecto, el derechista Leopoldo Fernández, proclamó el triunfo con una condena al presidente Morales por su intento, según dijo, de evitar la asistencia de la gente a las urnas.
En Cobija, la capital de Pando, Fernández sostuvo que ese distrito se cansó de ser furgón de cola de las decisiones que se adoptan en La Paz.
Mientras la euforia se adueñaba de las autoridades de esos dos departamentos, las puertas herméticamente cerradas de la casa presidencial en La Paz y el frío del invierno conjugaban el estado de ánimo del gobierno de Evo Morales.
Esta vez, a diferencia del 4 de mayo cuando se votó un estatuto similar en el oriental departamento de Santa Cruz, no hubo mensaje presidencial para poner énfasis en el abultado abstencionismo y los votos en contra.
Al finalizar la jornada de referendos, Morales llamó a su gabinete ministerial a una reunión de emergencia, de cuyo temario no comentaron los portavoces.
Sólo el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, ofreció una corta conferencia de prensa para destacar la resistencia de organizaciones campesinas y sociales que, en hecho aislados, quemaron ánforas e impidieron la realización de la consulta en poblaciones rurales de Beni y Pando, pero sin alcanzar la magnitud de la respuesta observada en Santa Cruz.
"Este intento ilegal e inconstitucional de imponer estatutos con una carga separatista ha sido rechazado firmemente por el pueblo pandino", dijo Rada, en referencia a la movilización contraria al referendo organizada por habitantes de Filadelfia, un pueblo localizado a 50 kilómetros al sur de Cobija.
En una jornada casi sin mayores incidentes, la acción de rechazo a la presencia de los prefectos Rubén Costas, de Santa Cruz, y Mario Cossío, de Tarija, expresada por manifestantes afines a Morales, fue el principal hecho de violencia en Trinidad, la capital de Beni.
Esa acción de repudio a Costas y Cossío fue respondida por jóvenes de la derechista Unión Juvenil Cruceñista con un ataque a la sede sindical de los campesinos benianos, en el cual un ciudadano resultó herido y una motocicleta fue incendiada.
La presidenta del Comité Civico de Pando, Ana Melena, no descartó una negociación entre las organizaciones cívicas y el gobierno para armonizar los estatutos y el proyecto de Constitución impulsado por Morales, pero pidió esperar a la realización del cuarto referendo en el sureño departamento de Tarija, previsto para el 22 de este mes.
En Trinidad, el prefecto de Beni, Ernesto Suárez, pidió al mundo que respete la decisión "de 80 por ciento de los electores" para vivir en un régimen autonómico, e insistió en negar algún interés en dividir a Bolivia.
Beni, dotado de extensas llanuras aptas para la ganadería, con extensos bosques ricos en maderas y frutos silvestres como la castaña, cuenta con 422.000 habitantes, 70 por ciento de los cuales viven en la pobreza.
Unos 13 pueblos indígenas habitan en zonas boscosas y mantienen conflictos con los hacendados que poseen extensas propiedades. El proyecto de Constitución impulsado por Morales apunta a la expropiación de tierras improductivas, y para ello proyecta una consulta sobre la posesión de tierras en un rango de entre 5.000 y 10.000 hectáreas.
De los resultados difundidos de la víspera, muy poco se conoce sobre el grado de abstención, que en opinión del gobierno es muy similar al observado en Santa Cruz, y este argumento es empleado por el oficialismo como una muestra de disconformidad de sectores que eludieron la invitación a participar del referendo y tomaron partido por el silencio.
Con tres departamentos a favor de la autonomía, de los nueve en que se divide Bolivia, analistas políticos cercanos a la oposición derechista consideran que es el momento de crear el desequilibrio de la balanza, contrapesada con la "revolución democrática y cultural" liderada por Morales y apoyada por sectores sociales, pueblos indígenas y sectores de la clase media.
Santa Cruz, convertida en el departamento líder del proceso autonómico, difunde las supuestas ventajas de un estado libre para la actividad económica y la decisión ciudadana para elegir una forma de vida, mientras el gobierno de Morales, de origen indígena, busca la igualdad social entre los 9,8 millones de bolivianos, 67 por ciento de los cuales aún viven en la pobreza.
Los estatutos de Beni y Pando establecen que los gobernadores y las asambleas legislativas tengan atribuciones para administrar los recursos financieros y los programas de obras públicas de sus respectivos distritos, y abren la posibilidad de obtener asistencia financiera externa, una función que ahora es exclusiva del gobierno nacional.
También estipula la creación y cobro de tributos departamentales por parte de esos gobiernos locales, así como la facultad de legislación sobre los recursos naturales, el control y administración de la tierra, además de corresponderle la seguridad interna.
La siguiente batalla política en este país se librará el próximo 10 de agosto en el referendo revocatorio que pondrá en juego el mandato presidencial de Morales, el del vicepresidente Álvaro García y de los nueve prefectos departamentales.
Cada autoridad ejecutiva deberá reunir un porcentaje de apoyo al menos igual al que obtuvo para acceder al cargo para evitar la revocatoria de su mandato y la renuncia a sus funciones.
