Vladimiro Montesinos, el segundo hombre más poderoso del régimen que presidió Alberto Fujimori en Perú (1990-2000), admitió este lunes ante la justicia que se cometen delitos al ejecutarse operaciones de inteligencia como las que él dirigió.
El ex jefe de Estado lo había autorizado a exiliarse en Panamá en septiembre de 2000, después de conocerse un vídeo grabado por él mismo cuando sobornaba a un congresista en su despacho del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Un desafiante Montesinos dejó desde un principio establecido que no aceptaría la responsabilidad de Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidos en noviembre de 1991 y julio de 1992 por el Destacamento Colina, un grupo de elite del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
El ex funcionario adelantó al fiscal José Peláez, que lo esperaba con una batería de medio millar de preguntas, que "Fujimori no tiene ninguna responsabilidad en los hechos que son materia de este proceso".
La fiscalía ha pedido 30 años de prisión para Fujimori como autor mediato de los crímenes del Destacamento Colina.
Ante el interrogatorio del fiscal Peláez sobre su participación en operaciones de inteligencia, ell ex asesor presidencial admitió que intervino en acciones de escuchas clandestinas de diálogos por teléfono ("chuponeo telefónico").
"¿Y Fujimori sabía?", preguntó Peláez.
"Por supuesto que sabía", contestó Montesinos.
"¿Y por qué lo hizo?", insistió el fiscal.
"Por razones de Estado, con la autorización y conocimiento del presidente", fue la respuesta.
"¿Por razones de Estado se pueden cometer delitos?", inquirió el fiscal.
"Sí se puede", aceptó Montesinos, el ex jefe virtual de los servicios secretos durante el gobierno de Fujimori.
Carlos Rivera, abogado del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL) y representante legal de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, evaluó que "durante diez años Montesinos ha perpetrado crímenes tanto de corrupción como de violación de derechos humanos"
Según dijo Rivera a IPS, la "única justificación" del ex funcionario es "lo que él denomina 'razones de Estado', que son simplemente los intereses del gobernante".
"Montesinos ha pretendido ofrecer una suerte de argumentación académica sobre las razones de Estado, pero los crímenes son crímenes haya o no haya cuestión de Estado", agregó. "No hay ninguna justificación que valga para aminorar responsabilidades, y él lo sabe perfectamente."
"Lo que ha dicho Montesinos es inaceptable en un estado de derecho", coincidió, en declaraciones a IPS, el secretario general de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Francisco Soberón.
"Lo que ha manifestado es una justificación de los crímenes del fujimorismo. Sólo en los regímenes totalitarios se puede usar como argumento las 'razones de Estado' para perpetrar delitos", opinó.
El segundo hombre del gobierno de Fujimori había sido enjuiciado, condenado y expulsado del Ejército en 1976 tras descubrirse que viajó a Washington para reunirse con autoridades estadounidenses, entre ellos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Montesinos no desperdició la oportunidad que le presentó la justicia par ensalzar la figura del ex presidente, en especial en su campaña contra las organizaciones guerrilleras Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
"Con el gran coraje que le caracteriza, como ningún otro jefe de Estado en la historia del Perú, enfrentó a los terroristas que habían capturado la universidad", dijo Montesinos en alusión a la intervención militar de distintos institutos universitarios con influencia de esos grupos.
Fujimori, que en sesiones anteriores del proceso se quedaba dormido y se quejaba de dolores como consecuencia de la extirpación de un cáncer en la boca, se mostró en esta ocasión completamente atento, y aprobó con una media sonrisa cada respuesta de Montesinos.
El ex funcionario no se refirió en ningún momento a los casos de Barrios Altos y La Cantuta, con el argumento de que él mismo afrontaba un juicio por esas masacres en otro tribunal y que no estaba obligado a decir nada más.
La estrategia de Montesinos —ya condenado, entre otros delitos, por espionaje telefónico, soborno de legisladores, enriquecimiento ilícito y tráfico de armas para las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— consistió en desvincular a su antiguo jefe de cualquier hecho relacionado con violaciones de derechos humanos.
"Se cumplió lo que sospechábamos: la existencia de un acuerdo entre Fujimori y Montesinos para que el segundo no imputara ningún delito al primero", evaluó Rivera. "Eso es lo que ha ocurrido hoy. No nos sorprende. Aprovechó para formular acusaciones sin fundamento".
El fiscal Peláez le preguntó a Montesinos si era verdad que Fujimori lo contrató como asesor por su habilidad como abogado de criminales el miembro del narcotraficante cartel de Medellín Evaristo Porras Ardila.
La respuesta fue: "Eso es un mito, es una leyenda negra, lo niego categóricamente." E inmediatamente afirmó que Edmundo Peláez, hermano del fiscal, había defendido al narcotraficante panameño Boris Foguel, cabecilla en Lima de la organización conocida como "Los Camellos".
Pero no fue todo. Montesinos también dijo que durante el régimen el juez Hugo Príncipe Trujillo, miembro del tribunal que enjuicia a Fujimori, y el fiscal Avelino Guillén, el segundo de José Peláez en la acusación, archivaron una investigación sobre espionaje telefónico en coordinación con el SIN.
Montesinos procuró "con una lógica muy clara y precisa desacreditar a quienes lo acusan y procesan", indicó Soberón. "Protegiendo a Fujimori él también se protege. Si algo le sucede a él también le sucederá al ex presidente. Ha dado un mensaje muy claro en ese sentido."
Cuando se le preguntó sobre operaciones de inteligencia ordenadas por Fujimori, Montesinos se negó a dar detalles "por razones de Estado". Pero no le importó vulnerar ese principio para difamar a sus acusadores.
Peláez le preguntó, por ejemplo, si tenía conocimiento de que el ex jefe del SIE, el coronel Rafael Córdova, entregó un informe a Fujimori sobre sus antecedentes como abogado de narcotraficantes y acerca de la prohibición que sobre él pesaba de ingresar en establecimientos militares.
Montesinos dijo que el jefe de la inteligencia del Ejército era subordinado suyo y que todo era falso. Es más, reveló que recomendó a Córdova como jefe del espionaje peruano en Ecuador.
Cansado de las evasivas de Montesinos, el fiscal exhortó al tribunal a ordenarle al testigo que se limitara a despejar las interrogantes.
A veces, el ex asesor no se dirigía al fiscal ni al tribunal sino a las cámaras de televisión, cuando sustentaba su negativa a contestar las interrogantes comparándose con los ex jefes de CIA y de otras agencias estadounidenses de inteligencia.
Montesinos se refirió específicamente a los funcionarios que se acogieron al secreto de Estado para no responder a preguntas sobre el caso de tráfico ilegal pero tolerado de armas Irán-Contras en los años 80 y los atentados que acabaron con 3.000 vidas en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001.
"Si los jefes de servicios de inteligencia de un país poderoso no contestaron a las preguntas de los congresistas, ¿por qué tendría que romper yo el código de silencio ante un tribunal de un pequeño país?", alardeó.
"Con las declaraciones de Montesinos a favor de Fujimori quedó en evidencia que la asociación mafiosa entre ambos se mantiene viva", añadió Soberón.
"Montesinos actuó como escudero de Fujimori ni bien comenzó la audiencia judicial. Trató de buscar un impacto mediático poniendo en ridículo al fiscal José Peláez", agregó. "Pero su propósito fue también desacreditar a sus acusadores y a los miembros del tribunal."
Cuando el fiscal Peláez pidió un receso, Montesinos anunció que no respondería más preguntas. El presidente del tribunal, César San Martín, admitió que el ex asesor estaba en su derecho, pero resaltó que deploraba no haber sido advertido desde el comienzo que sólo hablaría por unas horas.
El ex funcionario prefirió la retirada precisamente cuando le correspondía ser interrogado por los representantes de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta.
El ex segundo hombre del régimen fujimorista evitó así afrontar las preguntas formuladas en nombre de los hombres y mujeres asesinados por agentes de un sistema que él dirigió con mano de hierro y bajo la protección de Fujimori.
