En Egipto es fácil ser sentenciado a muerte: 59 leyes que abarcan 105 delitos habilitan a los jueces a privar de la vida a un ciudadano. Pero estos no son los únicos problemas, según el Centro Maat para los Estudios Jurídicos y Constitucionales de El Cairo.
"El gran riesgo es que la mayoría de estas leyes tengan defectos", dijo en entrevista con IPS Ayman Okail, director del Centro Maat, una coalición de 22 organizaciones de derechos humanos y 200 personalidades.
IPS: — ¿Cuántas personas han sido sentenciadas a muerte en Egipto? ¿Qué clases de delitos son punibles con la pena de muerte?
Ayman Okail: — Es difícil saber el número exacto de sentencias a muerte, pero unas 40 personas recibieron este castigo el año pasado. Ninguna de ellas fue ejecutada, según el informe 2007 de Amnistía Internacional.
Hay 105 delitos punibles con la muerte según las leyes egipcias. Pueden dividirse en cuatro categorías principales: dañar el interés público —ya sea desde el interior o desde el exterior—, delitos vinculados con las drogas, juicios militares y terrorismo.
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Egipto ha estado bajo una Ley de Emergencia por 27 años y esto continuará hasta 2010. Luego están las regulaciones militares que habilitan al presidente a transferir civiles a tribunales militares.
En pocas palabras, las autoridades egipcias tienen las herramientas para violar el derecho a la vida, y pueden hacerlo fácilmente, incluso por razones políticas.
— Usted dice que muchas leyes de pena de muerte padecen fallas.
— De hecho, la mayoría de esas leyes fueron formuladas usando términos no jurídicos. Son ambiguas en su significado o son tan imprecisas que necesitan interpretación.
— Un importante defecto legal que permea varios textos en el Código Penal egipcio es que han incorporado, literalmente, algunos términos sujetos a discusiones internacionales, sin definirlos. Tal es el caso de los delitos de terrorismo.
Otro defecto crítico es que las consideraciones políticas pueden ensombrecer juicios que pueden estar relacionados con lo que se considera delitos políticos.
— ¿Puede explicar esto?
— Sí. El régimen que está en el poder puede usar esos textos con fallas para resolver disputas políticas con grupos que se le oponen. Esto es lo que significa la politización del delito.
— ¿Qué hace su coalición a propósito de esto?
— Estamos preparando un informe sobre la pena de muerte en Egipto y organizando talleres para discutir las razones que hay detrás de las sentencias de muerte y sus implicaciones.
Nos estamos centrando en abolir la pena de muerte en el caso de delitos políticos y delitos de opinión, así como leyes y juicios "excepcionales" que han conducido a la ejecución de 106 personas en 10 años. También estamos a favor de la extensión del sistema de "diyat" (compensación a la familia del fallecido).
Queremos garantizar investigaciones justas, evidencias precisas y la autonomía de las autoridades judiciales.
— ¿Qué ocurre con los actores clave, por ejemplo las instituciones religiosas?
— Al-Azhar, la mayor institución religiosa de Egipto, se niega a discutir este tema de la pena de muerte. Dice que el castigo es un derecho concedido por Dios y que abolir este derecho significa abolir la palabra de Dios.
Pero nosotros decimos: ¿acaso el jeque de Al-Azhar alguna vez se preguntó a sí mismo qué ocurriría si un asesino matara por error? ¿Qué ocurriría si la familia del asesinado estuviera pronta para perdonar o aceptar el "diyat"? Éstas dos preguntas son parte del Islam y de la shariá (ley islámica). El Corán las favorece por sobre la venganza y el castigo.
— ¿Cómo responde Al-Azhar?
— Ellos se niegan a toda discusión y acusan a las organizaciones de derechos humanos de inducir a error.
Si el jeque de Al-Azhar lee lo que estamos pidiendo, concluirá que no es incompatible con los objetivos de la institución religiosa misma. Podemos ayudarnos entre nosotros a lograr la justicia, la seguridad y la tolerancia, y esto es lo que el Islam quiere.
La pena de muerte no conduce a la paz en la sociedad, ni actúa como disuasivo del delito. Pero desafortunadamente el jeque de Al-Azhar dice que nadie puede abolir la pena de muerte, sea un juez o un presidente.
— ¿Cómo reacciona el pueblo ante eso?
— El pueblo está influenciado por los puntos de vista de las instituciones religiosas que consideran limitar la pena de muerte.
— ¿Y qué hay del parlamento?
— Existe una propuesta para que las sentencias de muerte sean ejecutadas en una plaza pública. Varios parlamentarios proponen esto.
Mohammad Quwetah, del gobernante Partido Nacional Democrático y vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores en la Asamblea del Pueblo (parlamento), presentó una propuesta que busca permitir las ejecuciones públicas para varios delitos.
Él también propuso televisar las ejecuciones si no es posible realizarlas en plazas públicas.
Al mismo tiempo, cinco parlamentarios pidieron la pena de muerte para quienes están comprometidos en el tráfico de órganos humanos.
Además, la Asamblea Popular ahora discute dos proyectos de ley. Uno sobre la lucha contra el terrorismo tiene tres artículos donde la sentencia de muerte puede ser impuesta. La ley de radiactividad tiene 164 artículos, uno de los cuales permite la sentencia de muerte.
— ¿Cuál es la reacción de otras instituciones ante esto?
— No es alentadora. Hay que ver lo que dice el informe de Amnistía Internacional sobre derechos humanos en Egipto, principalmente en relación con la negativa de las autoridades egipcias a cooperar y difundir información sobre la pena de muerte ante el representante de Human Rights Watch.
— ¿Y los tribunales militares?
— Continúan juzgando a civiles y emitiendo sentencias de muerte. Son los que aprueban grandes cantidades de sentencias de muerte, hasta ahora para más de 93 acusados de delitos vinculados con el terrorismo, 67 de los cuales han sido ejecutados.
Al recurrir a las normas castrenses, el presidente puede transferir civiles a los tribunales militares, y ha estado haciendo esto desde 1992. Estas reglas confieren al presidente el poder dentro de la Ley de Emergencia para transferir cualquier caso a los tribunales militares.
— Pero ¿no se supone que la Ley de Emergencia debe terminar en 2010?
— Esa ley ha sido consolidada en la legislación permanente como resultado de las enmiendas a la Constitución egipcia, que el presidente propuso y el parlamento adoptó en 2007.
En particular, el enmendado artículo 179 (de la Constitución) permite al presidente sobrepasar a los tribunales comunes y transferir personas sospechosas de delitos vinculados con el terrorismo a cualquier autoridad judicial que quiera, incluyendo los tribunales militares.
— ¿Existe alguna salida?
— Tememos que la pena (de muerte) se esté consolidando en Egipto. Pero estamos continuando con nuestros esfuerzos. Queremos explicar a todos —y particularmente a aquellos que acusan a las organizaciones de derechos humanos de engañosas e injustas— que abogar por la limitación de la pena de muerte no significa reclamar su abolición total, sino reducirla a un mínimo real.
— ¿Su intención sería limitar la pena de muerte a apenas aquellos casos establecidos por la shariá?
— No exactamente. Queremos aplicarla a los delitos importantes, como un paso hacia su abolición. Queremos reducir los 105 delitos punibles con la muerte a estos: asesinato premeditado, alta traición, espionaje para un enemigo en tiempos de guerra, secuestro (de aviones o vehículos) y violación de mujeres.
