Cuando el flamante presidente de la Suprema Corte de Justicia de China, Wang Shengjun, sugirió que la pena de muerte debería ser aplicada según la voluntad popular, muchos se sintieron indignados.
A algunos les estremeció el recuerdo de la denominada Revolución Cultural (1966-1976), cuando pandillas juveniles golpeaban a sus profesores en las calles arrogándose la "voluntad popular". Otros se imaginaron a funcionarios corruptos fusilados en masa por determinación de la opinión pública.
Todos ellos tienen algo que decir contra la sugerencia del juez Wang.
"El sistema legal de China todavía es inmaduro, y los tribunales no deben responder ciegamente a la voluntad popular", dijo Zhang Jianwei, experto en derecho de la Universidad Qinghua en Beijing.
"Deberíamos recordar las lecciones de la Revolución Cultural. Todas aquellas ejecuciones públicas llevadas a cabo por las masas empeoraron aun más la calamidad. Tenemos abundante evidencia histórica para creer que el público tiende a favorecer castigos más duros", agregó.
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El abogado Liu Xiaoyuan dijo que si la opinión pública hubiera sido tomada en cuenta en la intensa batalla contra la corrupción de China, se habrían dictado muchas más condenas a muerte.
"Pero la opinión pública casi nunca es un factor en el procesamiento de casos de corrupción. Lo más frecuente es que los funcionarios deshonestos reciban penas poco severas basadas sobre su arrepentimiento, mientras otros casos en que la opinión pública está ferozmente dividida son resueltos con la condena a muerte", señaló.
Con su sugerencia, el juez Wang se limitó a exponer el deseo de ciertos magistrados, funcionarios y expertos de reformar el muy criticado sistema de pena de muerte de China.
Pero el tumulto que siguió arroja luz sobre los obstáculos que el movimiento reformista necesita superar.
Funcionarios judiciales y expertos legales sostienen que el pueblo chino cree en la Ley del Talión.
"Creo que el principio de adhesión a la voluntad popular planteado por el juez se refiere solamente a esta creencia pública", evaluó el investigador legal Xie Pengcheng. "A veces, nada más que la pena de muerte puede aplacar la indignación de la gente."
Organizaciones de derechos humanos calcularon que China ejecuta a más condenados cada año que todo el resto del mundo.
El sistema penal del país es cuestionado por haber dispuesto ejecuciones sumariamente, con sentencias equivocadas y manteniendo en secreto la cantidad de reos conducidos al patíbulo.
Sin embargo, China dio desde el año pasado varios pasos hacia la reforma. En enero, la Corte Suprema de Justicia reasumió la facultad de avalar las condenas a muerte, cedido en los años 80 a altos tribunales provinciales.
El cambio condujo a una reducción en las ejecuciones, según las autoridades judiciales. La Corte Suprema rechazó 15 por ciento de las condenas a muerte emitidas por tribunales de menor rango en 2007 al constatar evidencias insuficientes, injusticias y procedimientos ilegales.
Los condenados terminaron siendo "una cantidad extremadamente pequeña de delincuentes extremadamente serios y extremadamente viles que suponían una amenaza grave para la sociedad", dijo en marzo el ex presidente de la Corte Suprema, Xiao Yang, en su informe ante la sesión anual del Congreso Nacional del Pueblo (parlamento).
Xiao no precisó la cantidad de ejecuciones. La cifra es un secreto de Estado. La Fundación Dui Hua —organización con sede en Estados Unidos que investiga las prisiones chinas— documentó alrededor de 6.000 ejecuciones en 2007, lo que supone una reducción de entre 25 y 30 por ciento respecto de 2006.
Amnistía Internacional cree que China sigue siendo el país con más ejecuciones. Pero su gobierno ha defendido reiteradamente su uso del castigo sobre la base del apoyo popular.
"En China no están dadas las condiciones para abolir la pena de muerte, lo cual no sería apoyo por la mayoría del pueblo", dijo la portavoz de la cancillería, Jiang Yu. "Pero la controlamos estrictamente y la usamos con precaución para garantizar que se aplique sólo en una pequeña minoría de los casos más serios."
El próximo paso de la reforma es la sustitución del fusilamiento por la inyección letal como método de ejecución. La mitad de los 404 tribunales populares intermedios del país aplican hoy la inyección.
Este método "terminará siendo usado en todos los tribunales populares intermedios", dijo en marzo a la prensa el vicepresidente de la Corte Suprema, Jiang Xingchang.
Ese cuerpo judicial dijo que comenzará a suministrar gratuitamente a los tribunales locales el cóctel letal que se usa en la inyección. En el pasado, la mezcla tóxica se preparaba en Beijing y los funcionarios judiciales locales debían viajar a la capital para retirarla.
El traslado era demasiado costoso para muchos de los tribunales provinciales, lo que demoró su implementación.
Pero la opinión popular también puede resultar un obstáculo. Medios de prensa consideran que la inyección letal es "el último privilegio de los funcionarios corruptos".
Diversos informes periodísticos sugirieron que algunos ejecutados por deshonestos usaron su dinero y sus conexiones para asegurarse una muerte menos dolorosa.
