El gobierno y políticos de México asumieron como una victoria la aprobación legislativa en Estados Unidos de la Iniciativa Mérida, dirigida a la lucha contra el narcotráfico con una jugosa ayuda económica, pues eliminó condicionamientos iniciales que consideraban inaceptables.
La aprobación es un reconocimiento de Estados Unidos de que el narcotráfico es un problema compartido, y su contenido ajustado responde a las gestiones exitosas realizadas por el gobierno y los legisladores mexicanos, dijo este viernes la secretaria (ministra) de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa.
El Senado de Estados Unidos sancionó el jueves la Iniciativa Mérida, que incluye una asistencia de 400 millones de dólares por un año a México y de 65 millones para Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
La versión sancionada por los senadores, a la que sólo resta la firma del presidente George W. Bush para entrar en vigor, es distinta de la que había votado en mayo la Cámara de Representantes, y que dio lugar a agrias protestas.
Ese proyecto establecía una ayuda a México de 350 millones de dólares y contemplaba un seguimiento unilateral del desempeño militar y policial del país beneficiario, así como de sus problemas de corrupción y de vigencia de los derechos humanos. Además, exigía someter a la justicia ordinaria a los militares mexicanos acusados de crímenes.
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Para México, el proyecto utilizaba asimismo un lenguaje ajeno al espíritu de cooperación bilateral.
Lo aprobado el jueves reconoce que el problema del narcotráfico es compartido y que las evaluaciones se harán a través de mecanismos conjuntos.
La mayor parte del dinero comprometido se usará en tareas de capacitación e inteligencia para combatir el narcotráfico y en armamento y vehículos de transporte.
Unos 73 millones serán empleados en México para apoyar reformas judiciales y actividades anticorrupción y unos 15 millones para programas contra las adicciones.
La ayuda supera con creces los 37 millones de dólares que México recibió de su vecino en 2007 en concepto de asistencia para combatir el tráfico de drogas.
Según indicaron senadores de Estados Unidos, el apoyo otorgado a México y a los demás países no implica entrega de dinero en efectivo ni presencia de personal militar o policial estadounidense en sus territorios.
La eliminación de buena parte de los condicionamientos impuestos a la Iniciativa Mérida en la Cámara de Representantes se logró por gestiones del gobierno mexicano, protestas ante Washington y debates celebrados en la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, los días 8 y 9 de junio.
"El gobierno de México reconoce el esfuerzo de los legisladores de Estados Unidos que aprobaron el texto de la Iniciativa Mérida", dijo la ministra Espinosa.
Quince por ciento de los 400 millones de dólares votados para México quedaron condicionados a que el Departamento de Estado (cancillería) estadounidense reporte que el beneficiario "ha mejorado la transparencia y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales federales".
El Departamento de Estado deberá además informar de la creación de mecanismos de consulta con el gobierno de México y con organizaciones humanitarias, de los que emanarían recomendaciones "en concordancia con las leyes mexicanas e internacionales" sobre la marcha de la Iniciativa Mérida.
Espinosa aseguró que Estados Unidos no busca evaluar a México, sino simplemente realizar tareas de verificación. Habrá "consultas para definir las características de los mecanismos de seguimiento, y éste debe tener un carácter bilateral".
Los seguimientos "serán con pleno respeto de las leyes mexicanas y del derecho internacional", afirmó.
En círculos parlamentarios mexicanos, donde habían arreciado las protestas por las condiciones de la iniciativa, se saludó el cambio.
El politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Daniel Blanco, opinó que las modificaciones tuvieron origen en las quejas de este país, pero también en una estrategia de los legisladores estadounidenses, tanto del gobernante Partido Republicano como del opositor Demócrata, para evitar el rechazo de la comunidad mexicana residente en Estados Unidos.
Los dos candidatos que disputarán en noviembre la presidencia de Estados Unidos, el senador demócrata Barack Obama y su par republicano John McCain, llamaron a sus respectivos bloques legislativos a votar la Iniciativa Mérida sin vulnerar la sensibilidad del país vecino.
El presidente de México, Felipe Calderón, y legisladores de todos los partidos, habían advertido que si el proyecto no era modificado simplemente lo rechazarían.
La Iniciativa Mérida, nombre de la sudoriental ciudad mexicana donde Calderón y Bush acordaron el plan en marzo de 2007, definía originalmente la entrega a México de unos 1.400 millones de dólares en tres años, empezando en 2008 con 500 millones.
Lo aprobado establece 400 millones de dólares para el primer año, y no está claro lo que pasará en los dos períodos siguientes.
Ante la imparable ola de violencia vinculada a las mafias de la droga, Calderón había señalado que este país ponía los muertos y el vecino los adictos y la enorme demanda de narcóticos, la mayor del mundo.
Entre diciembre de 2006, cuando se inició la gestión de Calderón, y mayo de este año, más 4.200 personas fueron asesinadas en México en hechos relacionados con el narcotráfico.
El gobierno mantiene desplegados a unos 25.000 militares y policías federales en una ofensiva sin precedentes contra el narcotráfico, pero sin señales ni parámetros que indiquen si las autoridades están ganando o no la batalla.
