El gobierno de México puso en vigor este martes cambios constitucionales cuya pretensión declarativa es revolucionar, en un plazo máximo de ocho años, el sistema penal, que en la actualidad deja impune 97 por ciento de los delitos y se ensaña con los más pobres. Pero activistas advierten riesgos.
Organización defensoras de los derechos humanos entienden que se trata de un paso "peligroso", pues una de las normas aprobadas permite el arraigo (detención) hasta por 80 días de personas que se sospecha son parte del "crimen organizado".
La reforma "tiene más sombras que luces, su aprobación es un hecho muy grave", dijo a IPS Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.
Los nuevos textos en la Constitución, que aún deberán ser reglamentados, eliminan los juicios penales sumarios en los que el juez rara vez veía al acusado, para dar paso a procesos orales y públicos en los que el magistrado tiene la obligación de estar presente.
Para algunas autoridades y observadores, la reforma, aprobada en 2007 por legisladores federales y en el transcurso de este año por la mayoría de los 32 parlamentos estatales, impulsará un "cambio cultural" a favor de la legalidad.
"Es una reforma extremadamente retadora", pues representa "un cambio total en la cultura de la legalidad o casi inexistente cultura de la legalidad. Vamos a tener que aprender a respetar la ley", declaró el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General (fiscalía), José Luis Santiago.
Los juicios orales son algo positivo, "pero elevar a categoría de norma constitucional el arraigo es un despropósito, pues así se podrá torturar y hasta desaparecer", opinó Ramírez.
Por su parte, Human Rights Watch, la organización humanitaria con sede en Nueva York, pidió sin éxito modificar ese punto.
"El plazo de 80 días para el arraigo es claramente más largo que los existentes en las demás democracias occidentales. En otros países, por lo general, el plazo máximo de cualquier forma de detención previa a la acusación es inferior a siete días", apuntó esa organización en una misiva enviada al gobierno.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México también cuestionó el arraigo, pero consideró que el paso de los juicios de inquisitorios a orales representa un gran acierto.
El arraigo es una medida cautelar por la cual se detiene a alguien bajo sospecha de haber cometido un delito, aunque aún no se haya abierto una causa judicial en firme. En la reforma se establece que los fiscales tienen 80 días, que es el plazo máximo de detención, para armar el expediente correspondiente en los casos de presunta pertenencia a la "delincuencia organizada".
Aterrizar los cambios legales en hechos insumirá unos 2.000 millones de dólares, estimó Luis María Aguilar, consejero de la Judicatura Federal. Nadie sabe aún de dónde saldrá ese monto, pues no está presupuestado en el fisco del Estado.
"Ésta es quizá la más relevante reforma realizada al sistema penal que hayamos tenido los mexicanos en mucho tiempo", es un paso para "fortalecer las instituciones encargadas de la procuración de justicia y de la seguridad pública", dijo este martes el presidente del país, Felipe Calderón, al promulgar las reformas.
Además de instaurar los juicios orales, la reforma crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que obliga a las autoridades a homologar las reglas para seleccionar, capacitar, evaluar y certificar a los cerca de 400.000 policías del país, ahora dispersos en diversas corporaciones y sin un mando central, además de sufrir graves problemas de corrupción.
"Ahora es fundamental que actuemos de inmediato en la modernización de las instituciones integrantes de nuestro sistema de seguridad y justicia penal para dar cumplimiento puntual a los mandatos contenidos en esta reforma a la ley fundamental (Constitución)", señaló Calderón.
Para que las reformas se concreten, los Congresos legislativos de los estados y los poderes ejecutivos y el judicial deberán además dictar normas y tomar medidas administrativas, respectivamente, de diverso tipo. Tendrán también que capacitarse a los jueces, fiscales y abogados para estar en condiciones de actuar bajo los nuevos esquemas.
Ramírez lamentó que el gobierno del conservador Calderón y la mayoría de políticos de todos los partidos hayan puesto en marcha la reforma. "Ayudó el clima de inseguridad que reina en el país y el afán por encarar a la delincuencia", dijo.
El dirigente humanitario reconoció que la inclusión de los juicios orales es un avance, pero insistió en que "no compensa haber garantizado la figura del arraigo por un período tal largo y con la simple decisión de un fiscal".
La única cláusula que los legisladores aceptaron eliminar de las reformas, tras escuchar a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, fue la posibilidad de que la policía realice allanamientos sin orden judicial cuando se considere que un delito se comete en flagrancia.
La mayoría de políticos, portavoces del sistema judicial y directivos de las facultades de leyes y Derecho del país se pronunciaron a favor de las reformas, destacando el cambio en el esquema de los juicios. Sobre el arraigo, la consideran un norma necesaria par enfrentar a los delincuentes más peligrosos.
Los cambios, según autoridades, apuntan a restaurar la vigencia del principio de presunción de inocencia del inculpado, reducen los márgenes de aplicación de la prisión preventiva y quitan a la confesión su carácter de prueba central.
También se crea la figura del "juez ejecutor", que se encargará de dar seguimiento al proceso hasta que se dicte sentencia, se otorga a las víctimas mayores derechos para aportar pruebas y se obliga a los magistrados a estar presentes en todas las audiencias.
Se introduce además la figura del testigo protegido para procesos contra presuntos miembros de organizaciones de narcotraficantes y se autorizarán beneficios penales para los inculpados que colaboren con la investigación y persecución de cómplices.
Los legisladores creen que con las reformas constitucionales se podrán abatir las injusticias propias del sistema penal mexicano, que mantiene detenidas a alrededor de 250.000 personas en prisiones con capacidad máxima para 158.700, y donde 80 por ciento de quienes han recibido sentencia nunca vieron el rostro a quienes las dictaron.
Según un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), basado en encuestas a presos, en las cárceles mexicanas "no se encuentran los delincuentes más peligrosos sino aquellos cuya detención ofrece menos dificultades" y son más pobres.
El CIDE afirma que la mayoría de la población carcelaria del país cumple condenas por robos simples. Los montos de la mayor parte de esos delitos oscilan entre menos de 100 dólares y 600. Apenas cinco por ciento de los casos son por la sustracción ilegal de 7.500 dólares y superiores.
Mientras, datos oficiales indican que menos de tres por ciento de todos los delitos que se cometen en el país llegan a ser resueltos y los culpables sentenciados.
