Se mantiene impune el asesinato de dos jóvenes reporteras indígenas en una zona del estado de Oaxaca, al sur de México, un caso que movilizó en abril a activistas sociales y mereció la condena de la Unesco.
Según declararon a IPS autoridades indígenas del lugar, dos meses después del crimen la "normalidad" ha regresado a sus comunidades, lo que allí equivale a la presencia de grupos parapoliciales, disputas entre habitantes y ausencia de las fuerzas de seguridad del Estado.
El 7 de abril fueron acribilladas a tiros en un paraje de su comunidad Felicitas Martínez, de 22 años, y Teresa Bautista, de 24, reporteras de Radio Copala, "La Voz que Rompe el Silencio", medio de corte comunitario y de escaso alcance que transmite desde enero.
"Cuando fue reciente el crimen vinieron hasta de otros países, y policías, pero ahora ya no viene nadie", dijo José Ramírez, presidente del llamado ayuntamiento autónomo de San Juan Copala.
"Sabemos quienes mataron a nuestras reporteras, son de grupos contrarios, pero están libres", denunció Ramírez en entrevista telefónica con IPS.
La Procuraduría General (fiscalía) se hizo cargo del caso en mayo y hasta el momento no ha emitido conclusiones ni órdenes de detención.
Las pesquisas iniciales las realizó la Procuraduría de Oaxaca. Esa fiscalía fue acusada por la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de aquel estado de incurrir en diversas irregularidades, entre ellas no haberse trasladado al lugar de los hechos con oportunidad, no levantar evidencias y tampoco revisar los cuerpos de las víctimas.
Tomás Aguilar, secretario del municipio formal de Santiago Juxtalhuaca, al que pertenece el paraje de San Juan Copala, acusó a los autonomistas de ser responsables en el hecho de que no se aclare el asesinato.
"Teníamos policías en la zona, pero ellos mismos los sacaron y evitaron así la legalidad", expresó Aguilar a IPS.
Ramírez y Aguilar son indígenas de la etnia triqui, que en el estado de Oaxaca se mantiene dividida en múltiples organizaciones. Varios de esos grupos tienen personas armadas.
Ramírez pertenece al Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente, que creó el municipio autónomo en oposición a las autoridades de Santiago Juxtlahuaca. Aguilar en tanto es parte del Partido Unidad Popular. Ambos están enfrentados desde hace años.
Según Aguilar, San Juan Copala se independizó porque son "pobres en mentalidad".
Ramírez asegura que fueron simpatizantes del local Partido Unidad Popular, que gobierna el ayuntamiento de Juxtlahuaca, los que mataron a las reporteras. "Lo hicieron por venganza, porque no les conviene que tengamos independencia", expresó.
Los triquis habitan en el occidente del estado de Oaxaca en la llamada zona mixteca, que comprende una extensión agreste y montañosa de 27.500 kilómetros cuadrados de escasa producción agrícola y mucha pobreza.
A pesar de conservar características étnicas y lingüísticas homogéneas, que los historiadores afirman datan de hace más de 2.000 años, los triquis viven inmersos desde hace tres décadas en continuas pugnas por problemas agrarios y conflictos políticos.
A fines de abril, delegados de organizaciones sociales, entre ellas el no gubernamental Reporteros sin Fronteras y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, se trasladaron a Oaxaca para conocer sobre los asesinatos en San Juan Copala y exigieron su esclarecimiento.
También la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) se declaró indignada por los crímenes.
"Aquí, ahora todo está tranquilo, aunque le aclaro que los compañeros de nuestra radio toman precauciones y todos nos cuidamos más", indicó el presidente del municipio autónomo de San Juan Copala.
Informó que su comunidad tiene policía propia. "Son personas de aquí mismo con armas 22, como ve, de poquito calibre".
La policía formal tiene prohibido ingresar a "nuestra comunidad, pues la gente no los quiere aquí para nada", declaró..
Ramírez, del municipio formal de Santiago Juxtlahuaca, indicó que "para evitar problemas" su ayuntamiento entrega partidas presupuestarias mensuales a San Juan Copala, que oscilan entre el equivalente a 400 y 500 dólares.
Pero los autonomistas "usan el dinero para comprar armas en vez de hacer obras", denunció.
"Eso es absurdo, ellos son lo que compran muchas armas para distribuirlas entre sus partidarios (del Partido Unidad Popular), no nosotros", respondió Aguilar.
Un informe de la estatal pero independiente Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, apunta que los policías se niegan a transitar por la zona triqui bajo el argumentó que tienen miedo a ser agredidos por los indígenas.
La región "está colapsada por la inseguridad y la violencia" y en ella "hay un vacío de autoridad", denunció el organismo.
"Las omisiones de los servidores públicos estatales y municipales de la zona en materia de seguridad y procuración de justicia, no hacen más que generar impunidad", añadió.
Grupos no gubernamentales demandan al gobierno nacional de Felipe Calderón apadrinar la creación de un espacio negociación y reconciliación entre las comunidades triquis de Oaxaca, pero su pedido no ha tenido eco.
"La división (entre indígenas) es por problemas políticos y peleas entre familias que vienen desde siempre, es lamentable pero así estamos", expresó el secretario del municipio de Santiago Juxtlahuaca.
Mientras, el presidente de San Juan Copala sostuvo que las pugnas son promovidas por el gobierno de Oaxaca que encabeza Ulises Ruiz, del histórico Partido Revolucionario Institucional.
"A ellos les conviene que no estemos unidos como indígenas, ellos quieren que haiga (sic) más y más organizaciones para así dominarnos", aseguró.
