El alza del precio de los carburantes, acompañado de la huelga que los transportistas de carga mantienen en todo el país, hizo llegar la crisis a España o, al menos, logró que así lo aceptase el vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes.
"Las medidas más importantes que venimos impulsando frente a la crisis, las empezamos a adoptar al principio de la legislatura", respondió Solbes al ser interrogado formalmente el miércoles en el Congreso de los Diputados sobre la situación económica del país.
Fue la primera vez en que el ministro utilizó la palabra "crisis", ya que antes la había obviado, reemplazándola por "desaceleración".
Otro miembro del gabinete ministerial, preocupado por el impacto psicológico que dicha mención había producido, sostuvo que el uso de la palabra crisis fue "un desliz", mientras que el jefe del gobierno socialista, José Luís Rodríguez Zapatero, habló de "periodo de dificultades objetivas" y de una "desaceleración fuerte".
El gobierno admitió sí que el sector transportista atraviesa una crisis provocada por el alza del precio internacional del petróleo y su repercusión en los carburantes locales.
Por ello tras negociar con el Comité Nacional del Transporte (CNT), que agrupa a casi 90 por ciento de los actores del sector, alcanzó un acuerdo con la mayoría de ellos que comprende más de 54 medidas destinadas a paliar los efectos negativos de esta crisis.
Entre otras medidas pactadas con la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, se incluye la revisión de las ayudas a quienes abandonen la actividad laboral y la reducción de la presión fiscal sobre el sector.
También se acordó defender ante la Unión Europea una propuesta de crear un nuevo tipo de gasóleo, que sólo sería utilizado por los conductores profesionales, algo que en la actualidad las normativas del bloque no permiten porque afectaría al libre comercio.
Pero quizás la más trascendente de las acciones es la que prevé la elaboración de una ley que regule los contratos de servicios de transporte, en la que se incluirá una cláusula de revisión obligatoria de las tarifas vinculada al coste del combustible.
De este modo se pretende garantizar el pago de las mismas a más tardar en 30 días y que se bonifique la mitad del impuesto de actividades económicas y el cuatro por ciento de las cuotas de la Seguridad Social durante ese año, además de aplazar estos compromisos.
A todo esto se ha sumado la disposición gubernamental anunciada en la víspera por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de movilizar a la policía contra los piqueteros que interrumpen el flujo normal de vehículos, lo cual se ha comenzado a realizar y, por tanto, a facilitar el tránsito carretero.
Se actuará "con contundencia y dentro de la ley", precisó el ministro.
Mientras, un sector minoritario de transportistas rechaza el acuerdo y continúa el bloqueo de importantes tramos de las carreteras y atacan camiones en tránsito. Sobre todo, impiden el ingreso de éstos a mercados centrales y a los grandes supermercados, con el objetivo de ahondar el desabastecimiento de productos perecederos y básicos para la alimentación de la población.
Integrantes de estos piquetes, protagonizaron importantes incidentes, llegando a incendiar camiones e hiriendo a varios conductores que no habían acatado el paro de actividades.
En la provincia de Almería, casi 600 kilómetros al sudeste de Madrid, se han contabilizado 21 camioneros heridos, en tanto que otros 71 fueron detenidos en distintas localidades de España por agredir a sus colegas.
En Granada, 434 kilómetros al sur de la capital española, el piquetero Julio Cernilla Sojo murió a consecuencia de las heridas sufridas durante un atropello, cuando trataba de interrumpir el tráfico, mientras que en Alicante, 422 kilómetros al sudeste, otro transportista sufrió graves quemaduras en un incendio provocado que destrozó totalmente a cuatro camiones.
Este jueves, el camión que conducía un chofer búlgaro de nombre Dimitri, resultó con el parabrisas y una puerta lateral destruidos, tras recibir el impacto de tres grandes piedras que le arrojó otro grupo de piqueteros cuando éste se encontraba próximo a Madrid.
Aunque sólo es una minoría la que se mantiene en huelga, sus piquetes continúan paralizando el tránsito en las principales rutas de acceso a las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, y complicando el abastecimiento de los ciudadanos que ya comienzan a notar la falta de alimentos y otros productos de consumo hogareño.
En Barcelona, una de las ciudades más castigadas por el conflicto, la oferta de pescado, hortalizas y frutas disminuyó en 85 por ciento. Las cámaras de congelados tienen vacío 90 por ciento de su capacidad, mientras el matadero de reses vacunas y corderos dejó de funcionar el lunes.
Donde hay mercancías, los consumidores notan un fuerte aumento en los precios, tanto por la escasez de productos como por el mayor coste del transporte, que los comerciantes realizan en camionetas para reemplazar, cuando pueden pasar, a los camiones.
Asedas, la asociación que representa a más de 50 por ciento de la superficie comercial en España, informó de que sus centros sólo han podido movilizar 10 por ciento de los vehículos que transportan diariamente sus mercancías.
En uno de sus supermercados, Mercadona, situado en la localidad de Torrelodones, ubicada a 30 kilómetros de Madrid, se pueden ver este jueves grandes estanterías vacías de legumbres, frutas y hortalizas. Idéntica imagen se aprecia en puestos de venta de mariscos y pescados.
José, que atiende la venta de mariscos y pescados en Mercadona, señaló a IPS que solamente les queda 10 por ciento de productos congelados "y si esto sigue así en uno o dos días se nos terminarán todos".
Pero no hay clientes haciendo fila para comprar, ¿a que se debe?, preguntamos. "Porque entre martes y miércoles vinieron muchos más clientes que en días normales, y bien precavidos, compraron para aguantar varios días", respondió.
Esas "previsiones", señaladas por José, se están haciendo notar también en las estaciones de servicio, la mayoría de las cuales ya han colgado el cartel: "No tenemos gasolina (nafta) ni gasóleo". Es que la mayoría de las personas no solamente llenaron el depósito de sus vehículos sino que, por las dudas, también se llevaron combustible en garrafas (damajuanas).
La relación comercial con América Latina ha permitido al gobierno eludir parte de los efectos causados por este conflicto y agravados por un paro parcial de pescadores. Aviones llegados desde Chile están abasteciendo los mercados con merluza congelada y el ritmo no se detiene, ya que Madrid cuenta con 200 cámaras capaces de albergar cada una hasta 200 toneladas de pescado.
Pero el bloqueo de carreteras no afecta solamente al consumo alimenticio. Uno de los sectores que más preocupa al gobierno es el de los medicamentos, ya que los colegios oficiales de farmacéuticos advirtieron de que el paro puede afectar a la distribución de estos productos y sobre todo a las farmacias.
Ante todo esto, Zapatero ha dicho este jueves que todo está bajo control y que se han adoptado las medidas oportunas. En sentido contrario, Mariano Rajoy, líder de la mayor fuerza de oposición, el centroderechista Partido Popular, le replicó diciendo que el desorden es total.
