Gogo Ncube comienza a sonreír cuando nota a la distancia un camión Toyota que se dirige al mercado de la aldea de Insiza, en la sudoccidental provincia zimbabwense de Matabeleland del Sur.
Pero la sonrisa desaparece repentinamente del rostro de esta mujer de 66 años, pues advierte que el camión carece de una de esas largas antenas que identifican a los vehículos que transportan asistencia alimentaria.
Los trabajadores de las organizaciones humanitarias mantienen el contacto entre ellos por radio. Esa es la razón por la cual las antenas le indican, a cualquier habitante de Matabeleland del Sur y de buena parte de Zimbabwe, que la ayuda se acerca y que ese día tal vez se llenen los platos.
Gogo Ncube se acerca al mercado. Alí, alguien le anuncia, otra vez, que difícilmente las antenas vuelvan a brillar bajo el sol de Insiza antes de las elecciones programadas para el día 27, bajo riguroso control del gobierno.
La mujer guarda silencio unos minutos. Finalmente, dice: "Ya pasó un mes desde la última vez que recibimos ayuda de (la organización no gubernamental) World Vision. Deberían haber vuelto. Si no vienen, moriré. ¿Quién me dará de comer? ¿Cómo alimentaré a mis nietos? ¿Qué le daré a la niña enferma?".
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Gogo Ncube vive con sus tres nietos: Themba, de nueve años, Mandla, de siete, y Bongiwe, de cuatro. Los pequeños quedaron huérfanos hace tres años. Los dos padres fallecieron en el mismo mes, a causa del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).
Bongiwe está enferma. "Tiene lo mismo que se llevó a mi hijo y a mi nuera", dice la abuela.
Gogo Ncube es una entre miles de aldeanos de Matabeleland del Sur, provincia azotada por la sequía, que quedaron indefensos cuando el gobierno de Robert Mugabe puso fin a la actividad de las organizaciones humanitarias que operaban en áreas rurales de Zimbabwe.
La mayoría de la población de esta área semiárida sobrevivió en los últimos cinco años gracias a la asistencia del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas e instituciones no gubernamentales como Care International y World Vision.
Todos los meses, cada hogar recibía 50 kilogramos de maíz, 25 de cebada, dos litros de aceite para cocinar, cinco kilogramos de frijoles y medio de sal.
La mayoría de las personas sanas en condiciones de trabajar abandonaron la aldea de Gogo Ncube para probar fortuna extrayendo oro en los ríos Insiza y Umzingwane, unos 25 y 40 kilómetros al oeste de la aldea, respectivamente. Otros cruzaron la frontera rumbo a Sudáfrica en busca de trabajo.
El PMA informó que más de cuatro millones de zimbabwenses dependían el año pasado de la asistencia alimentaria. Tras el fracaso de la última cosecha, esa cifra no hace otra cosa que elevarse.
Organizaciones de la sociedad civil de Zimbabwe, como Restoration of Human Rights in Zimbabwe (ROHR) fundada en 2006, señalan que más de seis millones de zimbabwenses necesitan hoy alimentos.
Pero el ministro de Servicio Público, Trabajo y Bienestar Social, Nicholas Goche, advirtió el día 4 en una resolución escrita que "varias organizaciones no gubernamentales involucradas en operaciones humanitarias están violando las condiciones de su registro".
"Como autoridad regulatoria, antes de proceder con la disposición de la sección 10, subsección c de la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas (capítulo 17:05), instruyo a las organizaciones voluntarias privadas/ organizaciones no gubernamentales a suspender todas las operaciones de campo hasta nuevo aviso", anotó Goche.
El ministro informó luego al diario gubernamental The Herald que las organizaciones no gubernamentales utilizaban la asistencia alimentaria para inmiscuirse asuntos políticos internos de Zimbabwe.
Algunas de ellas, según Goche, apoyan al líder del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), Morgan Tsvangirai, rival de Mugabe y de su Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF) en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del día 27.
El vicepresidente de ROHR, Stendrick Zvorwadza, dijo que la prohibición de las actividades es ilegal y que tiene la finalidad de acallar las voces disidentes. "Nos impiden actuar en momentos en que la población de Zimbabwe necesita más que nunca la asistencia humanitaria", advirtió.
"Más de seis millones de zimbabwenses necesitan asistencia alimentaria. Miles abandonaron sus hogares por la violencia del ZANU-PF. Incluso incendiaron sus viviendas", aseguró.
"Portadores de VIH (el virus causante del sida) dependen de las organizaciones no gubernamentales para acceder a medicamentos antirretrovirales de las que carecen los hospitales y clínicas del gobierno", según Zvorwadza.
La Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (Nango), que representa a instituciones nacionales e internacionales que operan en Zimbabwe, niega las acusaciones del gobierno.
"Las organizaciones tienen códigos de conducta que nos prohíben comprometernos en actividades políticas", dijo el portavoz de Nango, Fambai Ngirande.
La prohibición "dejará a miles de personas sin ninguna fuente de alimentos y los condenará a la inanición", alertó.
Según Ngirande, la propia resolución de Goche "infringe la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas, que protege a las organizaciones no gubernamentales. El país es incapaz de alimentar a la población. Esto afectará a los ciudadanos".
Entrevistado por IPS, Goche se mostró inconmovible.
"Algunas de estas organizaciones capitalizan el sufrimiento de nuestro pueblo para ayudar a la campaña opositora. No es verdad que en las áreas rurales se estén muriendo de hambre. De hecho, la situación ha mejorado pues el gobierno maneja ahora toda la distribución de alimento a través de sus estructuras", declaró.
Desde que rige la prohibición, la asistencia alimentaria es distribuida por jefes tradicionales y caciques, percibidos en su mayoría por la oposición y por la sociedad civil como colaboradores de ZANU-PF.
El MDC asegura poseer evidencias irrefutables de que, a raíz de las restricciones dispuestas por Goche, ZANU-PF ahora distribuye alimentos sólo a sus simpatizantes, afirmó el portavoz del partido opositor, Nelson Chamisa.
"Éste es otro intento desesperado de ZANU-PF de revertir la voluntad popular expresada en la primera ronda electoral del 29 de marzo. Veteranos de guerra y milicias de ZANU-PF prácticamente han dominado la distribución de alimentos en las áreas rurales. Nuestros partidarios son forzados a repudiar al MDC antes de obtener ayuda", expresó Chamisa.
La prohibición también podría dejar a cientos de zimbabwenses sin trabajo. Una semana después de la prohibición, un funcionario de Care International dijo que la organización debió retirar a más de 300 de su trabajadores en las localidades de Chivi, Mberengwa, Shurugwi, Gutu, Zaka y Bikita.
