El respaldo del parlamento salvadoreño al denominado «Libro sí a la vida», que califica al aborto de «crimen abominable», catapultó las críticas de organizaciones de mujeres, por entender que se evade así un debate serio sobre el particular y el resto de los derechos femeninos.
Las activistas también consideran que esa decisión parlamentaria se contrapone a los distintos "compromisos internacionales que El Salvador ha ratificado a favor de los derechos de la mujer".
Estas "acciones cierran la puerta a un debate sano" sobre estas "realidades crudas y persistentes", pero que en esta nación se tratan de obviar, señaló Ima Guirola, del Instituto de Estudios de la Mujer (Cemujer).
Guirola sostuvo que la pregunta "no es si se está a favor o en contra del aborto, sino qué va hacer el Estado" respecto de esta práctica que se realiza muchas veces de forma clandestina.
Las autoridades del área de salud no tienen estimaciones sobre la cantidad de abortos realizados al margen de la ley, en un país donde el 52,7 por ciento de la población son mujeres según el último censo, cuyos datos fueron divulgados en mayo.
Esto no contribuye a "la formulación de políticas públicas" a favor de las mujeres, y demuestra que "los estados no son congruentes con sus discursos", manifestó Guirola en diálogo con IPS.
El "Libro sí a la vida" es una declaración inicialmente promovida por legisladores hondureños y llevada a El Salvador por la jerarquía de la Iglesia Católica, comunidades evangélicas y la conservadora Fundación Sí a la Vida, que se oponen a la despenalización del aborto terapéutico.
El controvertido documento fue respaldado por la firma a un centenar de parlamentarios hondureños y sus promotores esperan que hagan lo propio próximamente unos 200 colegas guatemaltecos.
En el caso salvadoreño, lo rubricaron 99 diputados, incluyendo, sorpresivamente, al opositor e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que por años había respaldado iniciativas feministas para reabrir el debate sobre la despenalización del aborto terapéutico, un cambio de actitud que les ha acarreado fuertes críticas.
La Organización Panamericana de la salud (OPS) indica que "el aborto terapéutico es un principio universal aceptado en la mayoría de los países de la Organización de las Naciones Unidas, y trasciende diferencias culturales, credos religiosos e ideologías políticas (…)".
"No permitir la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corre peligro no es la medida que pueda disminuir en un país los abortos inseguros", se añade en el texto.
"Discutir la existencia o no de la legalidad de la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corre peligro no es un asunto de mujeres, es de la sociedad", puntualizó la OPS.
El aborto terapéutico es justificado por razones médicas "para salvar la vida de la madre cuando la continuación del embarazo o el parto significan un riesgo grave para su vida, evitar el nacimiento de un niño con una enfermedad congénita o genética grave que le condena a padecimientos o discapacidades muy graves", entre otros escenarios.
Se estima que de los 18 millones de embarazos que se producen cada año en América Latina y el Caribe, 52 por ciento no son planeados y 21 por ciento de ellos terminan en un aborto.
La firma de los parlamentarios salvadoreños se concretó este mes, paradójicamente, mientras se desarrollaba en el país la II Conferencia Iberoamericana de Género, que reunió a más de 20 ministras y representantes de mecanismos de la mujer.
En ese encuentro se acordó "alentar la formulación y aplicación de políticas públicas con perspectiva de género (…), en materia de salud sexual y reproductiva acorde a los intereses de los jóvenes", que prevengan embarazos en adolescentes.
Raquel Caballero, procuradora adjunta para la Mujer y la Familia, reconoce que "el aborto es un tema muy sensible", y desde su institución "promulgan por la vida como garantía constitucional", pero advierte que en algunos "casos extremos" se produce una "colisión de derechos" entre los de la madre y del nuevo ser.
En los casos en que el feto "se desarrolla fuera del útero no hay ni siquiera uno por ciento de probabilidad de que el embarazo llegue a termino", entonces se "deben sopesar entre los derechos de la madre y la criatura" que no tiene muchas esperanzas de nacer pero que pone en grave peligro la vida de la madre", ejemplificó la funcionaria estatal.
La diputada Enma Julia Fabián, del FMLN, quien no firmó el libro, aclaró que el partido que integra "está a favor de la vida, que va mucho más allá del tema del aborto" y que al suscribir el documento no han renunciado a "la posición partidaria de apoyo a los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres".
No obstante aseveró que la iniciativa es una maniobra de las "derechas centroamericanas, que lo han convertido en tema electoral", pero que "no permitirán que lo convirtieran en una herramienta de campaña contra el FMLN".
Negó también que la anuencia de su partido a firmar el documento sea "un paso electoral", aunque entiende que "se debe actuar de acuerdo con la coyuntura".
Desde hace meses, medios de comunicación conservadores han acusado al FMLN de favorecer el aborto y atentar contra los valores religiosos, justo en momentos en que ese partido lidera todos los sondeos de opinión de cara a las elecciones del año próximo.
Tras las reformas del código penal salvadoreño en 1998, el aborto es nuevamente penalizado con entre dos y 10 años de cárcel, dependiendo las circunstancias, tanto para la embarazada como para el profesional que la asista. El Salvador ha ratificado tanto la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y forma parte de iniciativas regionales sobre mecanismos de la mujer.
"Lo que hicieron con esta firma es meter debajo de la alfombra el problema", aseveró Guirola, quien no duda de que se impuso "la doble moral" y "la visión patriarcal" que predomina en la sociedad salvadoreña.
