Autoridades de las poblaciones de los valles de los ríos Apurimac y Ene expresaron su frustración al comprobar que el narcotráfico en esa vasta zona del sur de Perú se ha fortalecido en lugar de retroceder.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) indicó que en esa área se produce 50 por ciento de la hoja de coca que se destina a la producción de cocaína. En esos valles, conocidos por las siglas VRAE, confluyen los andes y la selva amazónica. Abarca las regiones de Apurimac, Ayacucho, Cusco y Junín.
Aunque el gobierno de Alan García anunció la aplicación de una política decidida para expulsar a los narcotraficantes, mediante un programa combinado de lucha contra la pobreza y de enfrentamiento a las mafias de la cocaína, las cifras del estudio de la Onudd son desalentadoras y las autoridades no les han dado demasiada publicidad.
Entre 2006 y 2007, señala, los cultivos de coca crecieron 27 por ciento en Colombia, cinco por ciento en Bolivia y cuatro por ciento en Perú. Pero, al mismo tiempo, la producción potencial de cocaína cayó en ese período cuatro por ciento en Colombia, mientras que aumentó 11 por ciento en Bolivia y cuatro por ciento Perú.
La diferencia radica en que la producción boliviana es de 104 toneladas frente a las 290 de Perú, indica el informe.
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Los narcotraficantes han establecido en el VRAE sólidas bases para asegurarse entre cinco y seis cosechas de hoja de coca al año, frente a un promedio de tres a cuatro en los otros valles cocaleros peruanos.
Existe la esperanza de que quizás para fines de este año comiencen a manifestarse los resultados de la inversión realizada por el gobierno de García. A fines de 2007, anunció la ejecución de un presupuesto de 51,7 millones de dólares en proyectos de desarrollo social, con especial énfasis en la construcción de carreteras y la electrificación de las poblaciones.
Se estima que 80 por ciento de los habitantes del VRAE viven en la pobreza. La gran mayoría son campesinos cocaleros.
Pero la prioridad del Poder Ejecutivo, aparentemente, es la lucha contra la más combativa columna remanente del maoísta Sendero Luminoso, que ha convertido al VRAE en su santuario en alianza con el narcotráfico. Para 2008, el Ministerio de Defensa requirió una ampliación de presupuesto de 62,7 millones de dólares exclusivamente para las acciones militares en esa región.
Los fondos destinados a la estrategia antisubversiva superan en 17,5 por ciento a los dedicados a los programas para erradicar la pobreza en el VRAE, el principal centro de producción de cocaína en Perú. Y esa diferencia es notada por las autoridades locales.
Eduardo Urbano Méndez, alcalde de Ayna y presidente de la Asociación de Municipalidades del VRAE dijo a IPS que "en educación hay poca asistencia del gobierno, mientras que en transporte y salud no hay nada".
En educación, "nosotros como alcaldes pagamos a los maestros y es un problema, porque tenemos otras necesidades que cubrir. Pero es el Estado nacional el que debe pagar a los profesores", agregó.
"Tenemos infraestructuras educativas antipedagógicas, falta de mobiliario y apoyo presupuestario para las escuelas. Nuestros docentes no tienen acceso a cursos de capacitación y carecemos de instituciones de enseñanza superior para nuestros hijos", se quejó.
Méndez dijo que la atención de la salud se encuentra en peores condiciones. "No hay ambulancias ni material quirúrgico y mucho menos especialistas. Los hospitales han perdido categoría por falta de equipos médicos. Los que fueron hospitales ahora son centros de salud. Existen altas tasas de mortalidad de madres y niños y una alta incidencia de enfermedades como el paludismo y la fiebre amarilla. Tomamos agua del río, de allí las infecciones", afirmó.
En el VRAE se pagan en promedio 850 dólares por kilogramo de cocaína, precio que trepa hasta 1.500 dólares en Lima, 25.000 en Estados Unidos y hasta 35.000 dólares en Europa.
Dado que en la región se produce 50 por ciento del total de la cocaína peruana, y que en 2007 se elaboraron alrededor de 290 toneladas, las mafias del narcotráfico locales embolsaron en ese año alrededor de 123,2 millones de dólares.
"Por eso la gente se dedica a la actividad ilícita. No hay otra salida ante el total abandono en que nos encontramos", dijo Méndez.
El presidente de la Federación de Productores Agrarios del VRAE, Isdras Villar Quispe, señaló a IPS que "el Estado tiene una estrategia militar, pero no para el desarrollo agrario y sin embargo es un punto clave. Sin estrategia agraria nada funciona".
El gobierno peruano, con la cooperación de Estados Unidos y la Unión Europea, ha aplicado en el valle del Huallaga un eficaz programa de erradicación de cultivos de hoja de coca concertado con los campesinos cocaleros, quienes a cambio reciben fondos para dedicarse a la siembra de productos agrícolas de exportación, con mercados garantizados. En 2007 vendieron al exterior por valor de unos 70 millones de dólares.
En el VRAE no existen programas de erradicación de los cultivos ilegales, debido a la presencia de Sendero Luminoso y los grupos armados del narcotráfico, que por cierto también existen en el valle del Huallaga.
"Los precios de los productos alternativos son muy bajos y ningún programa del Estado nos presenta opciones atractivas que puedan suplantar nuestros cultivos de hoja de coca. El cacao, café y achiote, una planta que se emplea como colorante, no tienen precio fijo", argumentó Quispe.
"El año pasado los productores del VRAE obtuvimos el primer lugar a nivel nacional por la calidad del café y el cacao, pero aún así no hay recompensa para el sacrificio de los campesinos. Por el contrario, nos castigan con el abandono absoluto. Por ejemplo, no tenemos carretera para trasladar los productos que cosechamos. El transporte es un sueño postergado por muchos años", agregó.
El presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, el organismo nacional para la lucha contra el narcotráfico, Rómulo Pizarro, señaló a IPS que "la responsabilidad no es exclusivamente del Estado".
Según Pizarro, "en localidades del Huallaga como Tocache y Uchiza, donde virtualmente no se podía ingresar, se trabajó coordinadamente con las autoridades locales y se compartieron responsabilidades".
"No sólo se trata de concentrar a militares, policías y fiscales en las zonas de cultivo de hoja de coca, sino también de aplicar programas de desarrollo con una coalición de autoridades locales y estatales y, por supuesto, con la cooperación internacional", apuntó.
Gran parte de la producción de cocaína "se debe a la presión que ejercen los consumidores, especialmente los de Europa", afirmó.
