A pesar de los numerosos tratados internacionales que prohíben el tráfico de personas, este delito ofrece grandes ganancias con pocos riesgos, señalaron expertos y diplomáticos en el primer debate al respecto que se realiza en la Asamblea General de la ONU.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que existen en el mundo 2,5 millones de personas víctimas del tráfico y el trabajo esclavo.
"Son amenazadas con violencia y retenidas contra su voluntad. Las obligan a trabajar, son explotadas sexualmente e incluso asesinadas para vender sus órganos", dijo Asha-Rose Migiro, subsecretaria general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Según estimaciones de la OIT, los ingresos de los traficantes ascienden a 32.000 millones de dólares anuales, una suma sólo superada por el comercio ilegal de drogas y el de armas.
La ONU ha identificado a 127 países como fuentes de las víctimas del tráfico y a 137 como de destino. Los esclavizados proceden, habitualmente, de los sectores más vulnerables de la sociedad: niños de la calle, o que viven en zonas de conflicto y personas que se ven obligadas a asumir riesgos desesperados para ganarse la vida fuera de su país.
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"Un padre muere súbitamente y su hija adolescente debe vender su cuerpo para sobrevivir. O se le da a un niño en una zona de guerra un arma y se lo obliga cometer atrocidades que jamás debería ni siquiera presenciar. O una niña es explotada día y noche en una fábrica", señaló Migiro.
La mitad de las víctimas del tráfico son niños, según la OIT, y la mayoría de sus opresores no sufren ningún castigo.
En 2006 hubo en todo el mundo 5.808 causas judiciales, en las que se condenó 3.160 traficantes, lo que significa que por cada 800 personas esclavizadas apenas una recibió una sentencia de culpabilidad en ese año.
"Algunas víctimas son tratadas como bestias de carga, trabajan bajo condiciones atroces en minas, plantaciones o sitios de construcción. Otras sufren el tormento de la explotación sexual, muchas pierden la vida, y millones pasan largas horas trabajando sin recibir prácticamente nada a cambio", agregó Migiro.
A pesar de esto, la Asamblea General de la ONU no puso el tema en su agenda hasta este año, en el que se celebra el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La actriz Ashley Judd, quien viajó por el mundo para entrevistarse con víctimas y fue una de las oradoras principales en la reunión de la Asamblea General de la ONU este martes, dijo a IPS: "Estoy poco sorprendida de saber que esta es la primera ocasión en que se debate la cuestión" en el foro mundial.
Judd enfatizó la importancia de elevar la capacidad de las mujeres y las niñas que afrontan una fuerte discriminación económica y social en muchas partes del mundo.
"La prevención y protección debe manifestarse en el terreno, a través de políticas nacionales y legislación en todo el mundo, junto con el adecuado apoyo financiero para mejorar los programas a nivel de base", agregó.
Los acuerdos existentes para combatir el tráfico de personas incluyen la Convención de la ONU contra el Crimen Transnacional Organizado y el Protocolo de la ONU para Prevenir, Suprimir y Castigar el Tráfico de Personas, además de numerosas declaraciones y tratados regionales.
"Debemos preguntarnos por qué este problema se agrava a pesar de todas esas leyes y acuerdos internacionales. Existe una amplia brecha entre la letra de la ley y la situación en el terreno", dijo el presidente de la Asamblea General, Srgjan Kerim.
Los oradores llamaron a los países integrantes de la ONU para que cumplan sus compromisos, asegurando mecanismos para proteger y asistir a las víctimas del tráfico y enjuiciar a los traficantes, además de fortalecer la prevención y atender los problemas de exclusión social que aumentan la vulnerabilidad de las personas.
Un punto fundamental es la ratificación universal del Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar el Tráfico de Personas, aprobado por la ONU hace ocho años.
Hasta ahora, 76 de los 192 Estados miembro del organismo mundial no lo han hecho y algunas naciones no siquiera lo han firmado.
"Este delito sacude a todas las personas de conciencia y los países deben sumarse a los esfuerzos para combatirlo", afirmó Migiro.
