Unos 200 líderes religiosos, ex funcionarios y militares retirados estadounidenses lanzaron una campaña para que el presidente George W. Bush declare ilegal la tortura y el tratamiento cruel e inhumano de los detenidos.
La iniciativa coincide con el 26 de junio, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, que conmemora la fecha en que entró en vigor en 1987 la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra este flagelo.
La campaña cuenta con el apoyo de tres ex secretarios de Estado (cancilleres) de Estados Unidos y tres ex secretarios (ministros) de Defensa de ese país. Los ciudadanos comunes han sido invitados a sumar sus firmas.
Auspiciada por la Campaña Religiosa Nacional contra la Tortura, Evangelistas por los Derechos Humanos y el Centro para Víctimas de la Tortura, la declaración recibió el apoyo de 35 generales y almirantes retirados, así como de varios ex funcionarios del área de contraterrorismo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
"El uso de la tortura o de tratamientos crueles, inhumanos y degradantes contra los prisioneros es inmoral", afirma la declaración, que asimismo enfatiza que esas prácticas son profundamente contraproducentes.
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"En nuestros esfuerzos para garantizar nuestra seguridad hemos recurrido a tácticas que no funcionan, que ponen en peligro a estadounidenses en el exterior, que desalientan la cooperación con nuestros aliados en el terreno político, militar y de inteligencia y que, en última instancia, no nos dan más seguridad", señala el texto.
La declaración reclama al presidente que emita un decreto que "rechace categóricamente la autorización o el uso de cualquier método de interrogación que no resultaría aceptable si se lo empleara con ciudadanos americanos, ya sean civiles o militares".
En los últimos tiempos se supo que varios altos funcionarios del gobierno de Bush autorizaron personalmente la utilización de las denominadas "técnicas de interrogatorio perfeccionadas", calificadas de tortura lisa y llana por virtualmente todas las organizaciones internacionales de derechos humanos.
La declaración se hizo pública pocos días después de conocerse un informe de la organización Médicos por los Derechos Humanos, con sede en la oriental ciudad de Boston, según el cual 11 ex prisioneros de Estados Unidos en Afganistán, Iraq y la prisión de la base naval en Guantánamo, Cuba, sufrieron serios abusos físicos y psicológicos.
El estudio hace referencia a golpizas, choques eléctricos y, al menos en un caso, sodomía.
El general retirado Antonio Taguba, quien dirigió la primera investigación militar sobre los abusos en la prisión bagdadí de Abu Ghraib, señaló que las evidencias lo llevaron a la conclusión de que "el comandante en jefe y aquéllos bajo su mando autorizaron un régimen de tortura sistemática".
"La única pregunta que queda por responder es si quienes dieron las órdenes deberán rendir cuentas por sus actos", agregó.
La investigación realizada en 2004 por Taguba y posteriores revelaciones sobre el trato a prisioneros en Guantánamo, llevó al Congreso legislativo a aprobar en 2005 la Ley de Tratamiento de Detenidos.
La norma requiere que los interrogatorios militares se ajusten al Manual de Campo del Ejército de Estados Unidos, que prohíbe el empleo de técnicas que violen la Convención de Ginebra.
Sin embargo, a causa de la presión ejercida por el gobierno de Bush, el texto de esa ley no incluyó a la CIA, que, según diversas denuncias, ha continuado con el empleo de esos métodos.
Tampoco abandonó la práctica de mantener a sospechosos de terrorismo en prisiones secretas, en muchos casos trasladados a otros países donde los servicios de inteligencia emplean rutinariamente la tortura.
La declaración de principios de los ex funcionarios reclama la aplicación del manual del ejército sin excepciones.
El decreto que reclaman debe establecer "un estándar nacional para todas las agencias y personal estadounidense para la interrogación y tratamiento de prisioneros".
Asimismo, plantea que se debe informar sobre todos los detenidos a los tribunales estadounidenses y a la Cruz Roja y que "bajo ninguna circunstancia se los mantendrá en prisiones secretas o se recurrirá a la práctica de las desapariciones".
La orden presidencial también debe prohibir "el traslado de cualquier persona" a países que emplean la tortura o tratos inhumanos y degradantes.
"Es tiempo de prohibir la tortura", dijo el reverendo John Thomas, presidente de la Iglesia Unida de Cristo, uno de los más de 100 líderes religiosos protestantes, católicos, judíos y musulmanes, incluyendo a 50 prominentes evangelistas, que firmaron la declaración.
A pesar de la firme negativa de Bush a que la CIA aplique el manual del ejército, los organizadores de la campaña tienen la intención de presentarle la declaración en un plazo de un mes o dos, tras haber recolectado más firmas de líderes religiosos, políticos, gubernamentales, militares y ciudadanos en general.
Si Bush responde negativamente, entregarán la declaración al próximo presidente, quien asumirá el 20 de enero de 2009 tras las elecciones de noviembre, e intentarán persuadir al Congreso legislativo para que la convierta en ley.
Entre los firmantes de la declaración figuran los ex secretarios de Estado George Shultz —quien ocupó ese puesto con los ex presidentes Richard Nixon (1969-1974) y Ronald Reagan (1981-1989)—, Warren Christopher y Madeleine Albright, que lo hicieron durante el mandato de Bill Clinton (1993-2001).
Entre los ex secretarios de Defensa adherentes se cuentan Harold Brown, quien ocupó el puesto bajo el ex presidente Jimmy Carter (1977-1981) y William Perry, quien lo hizo en la presidencia de Clinton.
También firmaron el texto los ex consejeros de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski, Sandy Berger y Anthony Lake, los tres del opositor Partido Demócrata. Lake asesora al candidato presidencial de ese partido, Barack Obama.
Alberto Mora, uno de los abogados del gobierno durante el primer mandato de Bush (2001-2005) que intentó sin éxito mantener prohibida la tortura, dijo que esa práctica representó un grave retroceso para la campaña antiterrorista de Washington.
"En lugar de reforzar nuestra seguridad nos volvió más inseguros, en buena medida porque sirvió como herramienta de reclutamiento para los insurgentes en Afganistán e Iraq", dado que Abu Ghraib y Guantánamo se convirtieron en símbolos de "la crueldad estadounidense", afirmó.
El reverendo David Gushee, clérigo evangelista, consideró que la declaración constituye un hecho importante, al unir a personalidades y grupos de diferentes posiciones ideológicas y políticas.
"Simboliza una suerte de centro moral. Se trata de personas que observan el mismo problema desde una multiplicidad de puntos de vista y dicen que esto no es lo que nosotros somos como pueblo", aseguró.
