La Unión Europea (UE) amenazó este lunes con adoptar sanciones contra el gobierno de Sudán por su resistencia a detener a dos hombres acusados de crímenes contra la humanidad cometidos en la conflictiva provincia occidental de Darfur.
Los cancilleres de los 27 países del bloque se reunieron este lunes para analizar la falta de cooperación de Jartum con la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. El año pasado, la CPI ordenó el arresto de Ahmed Haroun, ministro de Asuntos Humanitarios de Sudán, y de Ali Hosheib, uno de los líderes de las milicias árabes Janjaweed, acusadas de cometer masacres en Darfur como fuerza delegada del gobierno.
Ambos hombres afrontan 51 cargos sobre crímenes graves, incluyendo asesinato, violación, desplazamiento forzado y persecución.
Activistas por los derechos humanos están indignados no sólo porque el gobierno sudanés ignoró las órdenes de entregar a los hombres, sino porque además ha respaldado en los hechos a Haroun, dándole una mayor influencia en la crisis de Darfur.
En septiembre de 2007, se le otorgó la responsabilidad de atender las quejas de los afectados por la violencia, así como coordinar con la Organización la Naciones Unidos (ONU) y con la Unión Africana asuntos relacionados con la seguridad de la provincia.
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Kosheib estaba bajo custodia en el momento en que fue emitida la orden de arresto. Pero en octubre de 2007, Jartum anunció su liberación, arguyendo que no había suficiente evidencia en su contra.
En mayo de este año, el Parlamento Europeo llamó a los gobiernos de la UE a imponer lo que describió como "medidas punitivas dirigidas" contra los funcionarios sudaneses que se cree son directamente responsables de la falta de colaboración con la CPI.
Los europarlamentarios propusieron congelar todas sus cuentas bancarias, negarle acceso a bancos europeos y prohibirles hacer negocios con firmas del bloque.
Salih Mahmoud Osman, un abogado sudanés que hace campaña para que los perpetradores de los crímenes en Darfur sean llevados a la justicia, dijo que la UE tiene una "responsabilidad especial" de tomar medias severas contra Jartum porque el bloque ha sido partidario de la CPI.
Según estimaciones de la ONU, unas 300.000 personas han muerto desde que estalló el conflicto en Darfur hace cinco años. Más de tres millones de personas viven en campamentos para refugiados luego de ser desplazados por la violencia. La mayoría no pueden regresar a su hogar debido a que la situación es aún crítica.
"Más de un año después de que fueran emitidas las órdenes de arresto, niñas de ocho años siguen siendo violadas", dijo Osman. "Los diplomáticos han permitido demasiado que la necesidad de la justicia quede detrás de otras prioridades. Ahora es tiempo de que la comunidad internacional actúe".
Osman rechazó las sugerencias de que detener a los criminales podría constituir un obstáculo para los esfuerzos destinados a lograr un acuerdo de paz entre los diferentes grupos armados sudaneses. "Por el contrario, la justicia ayuda a respaldar el proceso de paz. La prioridad hoy debe ser la justicia y la responsabilidad", sostuvo.
Los cancilleres de la UE, reunidos este lunes en Luxemburgo, escucharon un informe actualizado sobre Darfur de Luis Moreno Ocampo, fiscal de la CPI.
En una declaración divulgada al término del encuentro, los ministros dijeron estar dispuestos a "analizar medidas contra las personas responsables de la no cooperación" con el tribunal internacional. El texto no menciona ningún nombre ni ninguna sanción precisa como las que reclamaba el Parlamento Europea.
Activistas por los derechos humanos y europarlamentarios esperaban una declaración más concreta.
El presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pöttering, señaló que el bloque "no sólo tenía la obligación moral sino también legal de hacer todo en su poder para contribuir a garantizar que esos criminales sean sometidos a juicio y castigados".
Lotte Leicht, directora de la oficina en Bruselas de la organización Human Rights Watch, recordó que los gobiernos de la UE indicaron a comienzos de este año que adoptarían medias punitivas contra los funcionarios sudaneses a menos que cumplieran con las demandas de la CPI. "Sería profundamente útil si la UE apoya a la CPI no sólo en teoría, sino cuando en los hechos cuando más se necesita", dijo.
Activistas creen que Sudán está legalmente obligado por la Carta de la ONU a satisfacer las demandas de la CPI.
Osman también le pidió a la UE que formalmente reprendiera a China por sus estrechos vínculos políticos y económicos con Sudán.
Beijing "ha sido un verdadero problema en el Consejo de Seguridad (de la ONU) porque cuando hay que adoptar una resolución relacionada con Darfur, siempre es China quien la bloquea", dijo a IPS.
"El gobierno sudanés depende inmensamente de China, porque ésta le provee de helicópteros y aviones de guerra que son usados en bombardeos y en la destrucción de aldeas y comunidades", indicó.
"La comunidad internacional debe enviar un mensaje a China (diciendo) que no es aceptable apoyar a un gobierno que comete genocidio contra su propio pueblo", añadió.
