El gobierno de Cuba repatrió a Estados Unidos a un ciudadano acusado de explotación sexual de un menor, menos de dos semanas después de que este país caribeño fuera incluido por Washington entre las naciones que no se esfuerzan por combatir el tráfico infantil.
Leonard B. Auerbach fue devuelto "a solicitud de las autoridades de Estados Unidos", que libraron contra él una orden de arresto "por los delitos de explotación sexual de un menor y transportación y posesión de pornografía infantil", dijo este viernes un comunicado de prensa de la cancillería cubana.
Según este texto, Auerbach estaba detenido en Cuba desde el 7 de mayo, "a partir de información suministrada por las autoridades norteamericanas" (estadounidenses), y la investigación posterior arrojó que ingresó a territorio cubano el 8 de abril procedente de México para evadir a la justicia de su país.
En consideración a que no infringió la ley en territorio cubano y a que "los delitos de que se le acusa en Estados Unidos son de carácter grave y son combatidos fuertemente por nuestras autoridades", se decidió proceder a devolver a este ciudadano a su país de origen, explicó la cancillería.
El domingo 8, el gobierno cubano impugnó en duros términos un informe emitido por Washington el día 4, que incluía a Cuba en un listado de países acusados de no realizar esfuerzos significativos para enfrentar el tráfico interno de niñas, niños y mujeres con fines de explotación sexual.
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"El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza categóricamente el contenido de este nuevo informe del Departamento de Estado, que desconoce y tergiversa la realidad cubana, en su empeño por justificar la criminal política de bloqueo, agresiones y hostilidad del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba", dijo esa declaración oficial.
Para La Habana, el documento del Departamento de Estado (cancillería) pretendió "denigrar la obra social y moral de la Revolución Cubana, en particular, la prioridad otorgada a la atención de las mujeres y los niños, reconocida ampliamente a nivel internacional y también se propone desacreditar el sano y creciente desarrollo de la industria turística".
Tras asegurar que Washington carece de credibilidad para acusar a Cuba, la cancillería afirmó que no reconocía "valor alguno" al contenido del informe y que, gracias a la obra de la revolución y a pesar de la política de Estados Unidos, se pudo elevar, desde 1959, el bienestar social de la población.
La Habana exhibe los logros de su sistema de atención sanitaria y educativa de la niñez y adolescencia, con índices en muchos casos comparables a los de naciones industriales.
En 2007, por ejemplo, la mortalidad infantil fue de 5,3 muertes por mil nacidos vivos. La tasa mundial es de 52 por cada mil y la de América Latina de 26, en tanto la de África occidental es de 108 muertes por cada mil nacidos vivos, según estadísticas del Estado Mundial de la Infancia 2007 que publicó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
En 1999, se introdujeron nuevas figuras delictivas y se endurecieron las sanciones contra el tráfico internacional, la corrupción y otros actos contrarios al normal desarrollo de la infancia, en una reforma del Código Penal que también elevó las condenas contra el negocio de la emigración ilegal.
En esas modificaciones se añadieron los delitos de lavado de dinero, tráfico de personas y venta y tráfico de menores. Para esta última figura, se estableció una pena siete a 15 años de prisión cuando el propósito es usar al menor en cualquiera de las formas de trata internacional.
En estas figuras delictivas se incluye la práctica de corrupción, pornografía, prostitución, comercio de órganos, trabajos forzados, actividades vinculadas al narcotráfico o el consumo ilícito de drogas. El castigo puede ser mayor si los actos "constituyen delito de mayor entidad".
Cuba y Estados Unidos mantienen sus relaciones interrumpidas desde 1961, y hasta ahora lo único que los ha obligado a conversar y adoptar acuerdos de mutuo beneficio son las migraciones, aunque existe cierta colaboración puntual en materia de lucha contra el narcotráfico, según fuentes consultadas por IPS.
En 2002, Washington desestimó un ofrecimiento del gobierno de Cuba de negociar acuerdos bilaterales de cooperación para el combate de la emigración clandestina, el terrorismo y el narcotráfico. Autoridades cubanas han colaborado y entregado a sus pares estadounidenses información sobre la participación del ciudadano Luis Posada Carriles y otros militantes anticastristas residentes en ese país en actos violentos contra Cuba, pero se quejan de la "falta de voluntad política" del gobierno de George W. Bush para juzgarlos.
Posada Carriles, que reside en Estados Unidos, huyó en 1985 de una cárcel de Venezuela, quedando inconcluso el proceso que se le seguía por su responsabilidad en la explosión de un avión comercial cubano en pleno vuelo en 1976, que costó la vida de sus 73 ocupantes, la mayoría jóvenes deportistas. Por eso Caracas pide su extradición.
Además, en una entrevista con el diario estadounidense The New York Times, Posada Carriles admitió su responsabilidad en varios atentados con bomba cometidos en hoteles de Cuba en 1997, en uno de los cuales murió el turista italiano Fabio Di Celmo.
El gobierno de esta isla caribeña acusa al estadounidense de violar resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y numerosos tratados sobre terrorismo, por los cuales estaría obligado a juzgar a Posada Carriles o a extraditarlo a Venezuela.
