«Soy el mono Veloza.» Eso era lo único que debía decir el jefe paramilitar Éver Veloza, alias «HH», para entrar a la Brigada 17 del ejército en Urabá, zona bananera al norte del noroccidental departamento colombiano de Antioquia.
Estas asociaciones de "vigilancia y seguridad privada" fueron promovidas por el actual presidente Álvaro Uribe en su periodo como gobernador de Antioquia (1995-1997).
Para la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), las Convivir eran "verdaderos grupos paramilitares al amparo del Estado, u organizaciones que actuaban en conjunto y coordinadamente con los grupos paramilitares".
O, como dijo "HH" en audiencias en marzo: "No nos digamos mentiras… Todas las Convivir eran nuestras."
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Para algunos, las Convivir y los procesos conocidos como juicios "de la parapolítica" —referidos a los nexos de dirigentes oficialistas con paramilitares—, estarían tras la controvertida propuesta de Uribe, casi a medianoche del jueves, de convocar a un referendo para "repetir" las elecciones de 2006.
Un tercio del parlamento —por ahora— está implicado en la "parapolítica". Treinta y cuatro legisladores están en la cárcel, incluido un primo de Uribe y principal aliado político suyo, Mario Uribe.
Algunos ya han sido condenados, entre ellos varios confesos.
Igual que otros implicados, el primo del presidente renunció a su escaño en el Senado para evitar ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, su caso pasó a la Fiscalía General de la Nación, encabezada por un viceministro de Justicia del primer periodo de gobierno de Uribe.
Horas antes del anuncio de Uribe, la Corte determinó que altos funcionarios recurrieron a la corrupción para lograr la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial inmediata, en 2006.
La crisis política que estalló es considerada por analistas la peor desde 1948, cuando el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán abrió el periodo de enfrentamientos conocido como "La Violencia" y que preludió la actual guerra civil.
La corrupción tiene una "capacidad desestabilizadora tan grave como el terrorismo, el narcotráfico o la pobreza", dice la condena de la Corte Suprema de Justicia a la ex parlamentaria Yidis Medina, quien se autoinculpó.
Medina entregó a los tribunales pruebas de que en 2004 votó a favor de la reforma a cambio de empleos públicos para sus simpatizantes y contratos con el Estado.
Además, implicó, entre otros, a Uribe y a tres entonces miembros de su gabinete: el ministro del Interior y de Justicia y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt, el de Protección Social, que mantiene el cargo, Diego Palacios, y el secretario general de la Presidencia Alberto Velásquez.
La ex legisladora aseguró que los funcionarios le ofrecieron prebendas para que votara por la reforma constitucional reeleccionista, con el argumento de que estaba en peligro "la supervivencia del Estado".
También dijo haber recibido amenazas de muerte de su jefe político, Iván Díaz, para que votara la reforma. Díaz es hermano de un paramilitar de la región del Magdalena Medio, de donde procede Medina.
La Corte Suprema de Justicia consideró "inaudito" que desde altas esferas del poder se impulsara "la desinstitucionalización al promover el quebrantamiento de las reglas básicas del modelo de Estado, ( ) en busca de un beneficio particular", y llegando hasta "conductas punibles".
Sentenció, además, que hubo una "desviación de poder" por esos hechos, y envió copia, entre otras instancias, a la Corte Constitucional, para que reconsidere la legalidad de la reforma.
El fallo de la Corte Suprema cita una frase del tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson (1743-1826): "Los fines políticos no justifican medios inmorales."
Ante la sentencia, el gobierno se declaró en rebeldía. Uribe acusó a los magistrados de la Sala Penal de la Corte de haberse "prestado" para "la trampa del poder del terrorismo agónico".
Su asesor José Obdulio Gaviria consideró que los argumentos de la Corte son iguales a los de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Por su parte, Uribe acusó a la Corte Suprema de aplicar "justicia selectiva" y "presionar indebidamente, mediante abuso de poder y usurpación de competencias, a otros órganos" de justicia.
En la tarde del viernes, tanto Uribe como el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, acusaron también a los magistrados de tener nexos con el narcotráfico.
Restrepo entregó a la Comisión de Acusaciones del parlamento, de mayoría oficialista, un documento de 88 páginas según el cual la Corte Suprema de Justicia está "infiltrada" por el paramilitarismo, comandado por narcotraficantes.
A su vez, el ministro Palacios denunció por "mentirosos" a los magistrados ante la misma comisión.
Analistas calificaron la respuesta gubernamental de "desaforada" y de "diatriba" contra la Corte Suprema de Justicia, y subrayaron que el tribunal no cuestionó el resultado electoral sino la aprobación legislativa de la reelección.
La Procuraduría General de la Nación, que vigila el comportamiento de los funcionarios, anunció la apertura de una investigación por abuso de funciones contra Pretelt y Palacios, la cual podría derivar en su inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Una comisión "académica" de oficialistas nombrados por Uribe, que no reciben remuneración, está dedicada desde mayo a diseñar una "reforma a la justicia", según la cual podría crearse una "súper corte" por encima de las previstas en la Constitución.
"Estamos presenciando el desarrollo de un golpe de Estado muy sutil en Colombia", dijo el parlamentario izquierdista Gustavo Petro.
"Nos preguntamos si el aferramiento enfermizo al poder hace que estemos transitando el camino de un golpe de Estado o el peligro de una disolución de las Cortes", advirtió el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en un comunicado.
Doce organizaciones humanitarias se adelantaron el 17 de junio a solicitar a la Corte Constitucional que reconsidere su aval, dictado en octubre de 2005, al acto legislativo que permitió la reelección.
Las organizaciones invocan tres hechos que dejaron al descubierto delitos cometidos por impulsores de la reforma y conocidos luego de su aprobación.
El primero, las alianzas estratégicas, selladas desde mediados de 2001, entre políticos y paramilitares de ultraderecha, para "refundar el país y crear un nuevo contrato social", como reza un texto que lleva las firmas de políticos, narcotraficantes y ganaderos.
El segundo son los procesos "de la parapolítica", que muestran la aplicación práctica de esas alianzas. Según los propios paramilitares, en las elecciones de 2002 lograron 35 por ciento de los escaños parlamentarios, y en los comicios de 2006, aun más.
El tercero es la posible ilegalidad de la votación de la reforma en el parlamento. La Corte Constitucional debe revisar en qué proporción los entonces parlamentarios apoyaban el proyecto de institucionalización paramilitar, según la demanda.
Como hasta ahora esa Corte no revisa sus propios fallos, los juristas proponen aplicar, por analogía, el recurso de revisión que existe en la justicia penal, civil y administrativa.
"Si la Corte no acepta la revisión, implica imponer la tesis según la cual el crimen es la fuente del derecho en Colombia", advirtió Eduardo Carreño, vicepresidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, una de las organizaciones demandantes.
Si la Corte Constitucional revisa su sentencia, se tendría que convocar a nuevas elecciones, previa renuncia de Uribe, estimó.
Según encuestas, Uribe tiene 84 por ciento de popularidad. Se prevé que el parlamento de mayoría oficialista aprobará la convocatoria a referendo anunciada por el presidente.
"En la práctica", el procedimiento implicaría un nuevo mandato de Uribe "por aclamación", según observadores consultados por IPS.
El presidente no ha anunciado su tercera candidatura, pero el principal partido oficialista ya recolectó suficientes firmas para tramitar una nueva reforma constitucional que habilite la reelección para quien haya sido presidente en dos oportunidades consecutivas.
El mandatario dijo que se debe reelegir su política de "seguridad democrática", que ha restado territorios a la guerrilla y aumentado las garantías a la inversión extranjera.
"¿Seguridad democrática o seguridad de Uribe?", planteó a IPS un estrecho conocedor de los entresijos de la desmovilización paramilitar, cuya identidad se guarda por discreción.
La fuente, perteneciente a un organismo internacional, consideró que Uribe necesita demorar el destape "de su manejo del narcotráfico y de su poco clara negociación con el paramilitarismo".
Pero las encuestas muestran que ningún seguidor suyo tiene garantizada la presidencia.
Los carteles de la droga se neutralizan, uno tras otro, y surgen otros nuevos. Ahora se estaría consolidando un nuevo cartel, supuestamente en Antioquia, sobre el que no se tiene mayor información, pero al cual le resultaría funcional la reciente extradición de capos paramilitares a Estados Unidos, agregó la fuente.
El referendo "le abre las puertas a la segunda reelección", señaló el ex constituyente del Partido Liberal Jaime Castro.
