«Fue una buena asamblea», dijo el secretario general José Miguel Insulza al finalizar dos días de sesiones formales, uno de sesiones previas y otros tres de foros y conferencias con los que se celebraron los 60 años de la OEA en Colombia, el país que la vio nacer en 1948.
En su balance de la 38 Asamblea General de la OEA (Organización de los Estados Americanos), Insulza también le bajó el tono al tema que pareció sepultar los demás, la crisis entre Colombia y Ecuador.
Ecuador rompió relaciones diplomáticas con su vecina Colombia a raíz del ataque militar colombiano el 1 de marzo contra un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano, y en el que pereció el negociador "Raúl Reyes", miembro de la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Aunque, como dijo Insulza, entre 34 discursos "no fueron muchas las intervenciones sobre" la crisis diplomática, "el interés que hay sobre esto en el hemisferio" se pudo palpar en que a la 25 Reunión del Mecanismo de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, en la tarde del martes, asistieron 27 cancilleres en 34 estados miembros.
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"Tres o cuatro enviaron a subsecretarios y sólo tres países fueron representados por sus embajadores", señaló el secretario general.
La 25 reunión de consulta de cancilleres debatió el informe de Insulza sobre sus gestiones dentro del mandato que recibió de la reunión anterior, el 17 de marzo, para acercar posiciones entre los dos países.
Ecuador e Insulza pidieron prolongar el mandato de éste último. El componedor anunció que "antes de dos meses" rendirá un nuevo informe sobre sus gestiones.
"El proceso está en marcha", "pero es complejo". "Ambos gobiernos tienen un amplio respaldo de su opinión pública", señaló Insulza.
El secretario general señaló las coincidencias logradas hasta ahora por su mediación.
La principal es la vigencia temporal de una "cartilla de seguridad" o protocolo para manejar incidentes de tipo militar en la frontera.
Por otra parte, el comandante de las fuerzas militares colombianas, general Freddy Padilla, aceptó entregar a Ecuador los vídeos que fueron tomados durante el ataque. Quito había pedido dicho material a través de la OEA, recordó Insulza.
Las partes discutieron un mecanismo de cooperación judicial, y otro de carácter expedito para atender los daños causados por incidentes que puedan ocurrir en la frontera a causa de la guerra interna colombiana.
Sin embargo, las posiciones de los cancilleres de ambos países son de principio y se fundamentan en decisiones políticas de la OEA o en la normativa internacional.
Colombia pide que los demás le ayuden con su conflicto armado interno, mientras Ecuador pide resarcimiento.
Ecuador invoca la resolución de la reunión de cancilleres del 17 de marzo, que rechazó la violación territorial cometida por Colombia. "Los propósitos de la resolución no se han cumplido en su totalidad", dijo la canciller ecuatoriana María Isabel Salvador.
Esa decisión es el "fundamento jurídico" para que Ecuador sea resarcido conforme al derecho internacional.
La canciller Salvador expresó comprensión y solidaridad con el pueblo y el gobierno colombianos por el sufrimiento que han vivido a causa de la acción de grupos irregulares y de narcotráfico", pero "la lucha contra esos flagelos no puede desbordarse de las fronteras colombianas".
Ecuador resaltó que 25 por ciento de la fuerza pública de ese país está destinada a la frontera de más de 600 kilómetros con Colombia, para enfrentar el desbordamiento del conflicto colombiano.
En lo corrido del año, ese país ha destruido 12 campamentos clandestinos, de ellos siete desde los incidentes del 1 de marzo.
En cuanto al combate al narcotráfico, la canciller recordó que ese país "es el más exitoso de la región andina", con una política de "cero tolerancia frente al cultivo, procesamiento y tráfico de estupefacientes", sostuvo.
Para el colombiano Araújo, lo central es que en 2003 todos los miembros de la OEA "rechazamos los actos terroristas perpetrados por los grupos al margen de la ley" en Colombia, y se comprometieron a adoptar "medidas urgentes" para "reforzar la cooperación regional e internacional para perseguir, capturar y sancionar a los perpetradores, organizadores y patrocinadores de estos actos terroristas".
"El cumplimiento de ese compromiso es esencial para lograr la paz y la tranquilidad de la región", advirtió.
Resaltó las disculpas que el gobierno de Colombia presentó a Ecuador por la violación de su territorio, el firme compromiso de combatir a los grupos criminales, sobre todo los vinculados al narcotráfico, y la implementación de un mecanismo de observación, que Colombia considera esencial, sobre el cumplimiento de ese compromiso por parte de sus vecinos.
LA "GUERRA" POR UNA MALA TRADUCCION
El martes se desató una pequeña tormenta, por cuenta de declaraciones del subsecretario de Estado estadounidense John Negroponte, que fueron mal traducidas en la versión simultánea de la rueda de prensa del lunes.
El funcionario expresó que "las FARC habrían buscado refugio en Venezuela, desde territorio colombiano".
Negroponte no dijo textualmente de manera tajante que en Venezuela "existen santuarios" (refugios) de las FARC, como lo transmitieron todos los medios colombianos, con excepción de RCN Radio.
El enviado de esa emisora, Antonio José Caballero, fue el único periodista de un medio nacional que consultó con periodistas de habla inglesa, "pues entendí que era una declaración bastante delicada. Era como la pregunta definitiva de si hay o no guerrilla en Venezuela, y la estaba respondiendo el representante del gobierno estadounidense", comentó el periodista a IPS.
En realidad, "Negroponte habló en tono menor sobre el tema", añadió Caballero.
El funcionario estadounidense dio la razón tanto a Colombia como a Ecuador en el caso del ataque del primero en territorio del segundo, pues defendió tanto los principios de soberanía e inviolabilidad de fronteras como el derecho a la "propia defensa".
En todo caso, el canciller venezolano Nicolás Maduro reaccionó aparentemente sobre la versión de la mayoría de los medios colombianos y llegó a decir, en la mañana, que Negroponte no tenía "un currículo, sino un prontuario criminal".
Para Caballero, "Maduro le respondió a una traducción colombiana, pero Maduro respondió con dureza porque Estados Unidos envía mensajes duros por otros canales".
El tono de la delegación venezolana fue bajando durante el día, aunque el servicio de prensa estadounidense no aclaró el "diferendo" causado por la traducción.
VEINTICINCO POR CIENTO DE LAS VÍCTIMAS EN ANTIOQUIA
Las víctimas de la guerra colombiana se instalaron desde la una de la tarde del martes frente al Palacio de Justicia y luego emprendieron camino hacia el centro de convenciones donde sesionó la Asamblea General de la OEA.
A unos 200 metros del lugar, conocido como Plaza Mayor, fueron bloqueados por tres cordones de policía antimotines, de a pie, a caballo y en motos, pero no hubo agresiones. Muchos se dispersaron, y al final quedaron unos 200 manifestantes.
Entre ellos, 19 personas venidas de la vereda (vecindario rural) La Esperanza, en el municipio de Carmen de Viboral, al oriente de Medellín, llevaban carteles con fotos de sus desaparecidos. "Vinimos porque dijeron que iba a haber una moción de protesta contra los crímenes de Estado", dijo a IPS una mujer mayor, de traje modesto.
En total desparecieron a 17 personas entre junio, julio y diciembre de 1996, cuando el presidente actual, Álvaro Uribe, era gobernador del departamento de Antioquia, supuestamente por orden del ahora fallecido general Alfonso Manosalva, entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, según confesión del desmovilizado jefe paramilitar Ramón Isaza.
Isaza fue extraditado a Estados Unidos el mes pasado por Uribe, junto con una decena de ex jefes de estas bandas de ultraderecha.
Los miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) no quieren que se olvide que en Antioquia se cometieron 10.000 crímenes, 25 por ciento del total censado por el proyecto "Colombia Nunca Más", que contabiliza crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1966 y 1998.
En Medellín "se ha encubierto la criminalidad, que continúa". En la capital antioqueña "hay zonas de control territorial que ejercen los paramilitares y que se encubre a través de una imagen turística que se les muestra a los visitantes internacionales", señaló el portavoz del Movice, Iván Cepeda.
"Colombia tiene muchas facetas y creo que la voz del presidente representa una de esas facetas, pero no la realidad de este país", señaló Cepeda a IPS.
"No puede seguir siendo un país que ostenta el nombre de democracia, pero donde ocurren las peores violaciones a los derechos humanos en el continente", agregó.
Según Cepeda, el acceso de las organizaciones sociales y de derechos humanos a los delegados de la OEA fue bloqueada, "por eso tuvimos que recurrir a una manifestación pública".
"Gracias a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se puede conocer algo de lo que ha ocurrido" en Colombia, subrayó.
En la Comisión han hecho curso unos 45 casos que tienen ya una decisión, y en la Corte seis casos han tenido sentencia condenatoria contra el Estado colombiano. Se trata en su mayoría de masacres y desapariciones forzadas colectivas ocurridas durante los últimos 30 años.
"Pero obviamente faltan miles de casos por ser examinados y por ser decididos en el sistema interamericano", señaló Cepeda.
Aunque la manifestación, convocada por organizaciones regionales pertenecientes al Movice, se realizó para que los cancilleres de los 34 países de la OEA no se llevaran solamente la versión oficial acerca de la tranquilidad en la ciudad, éstos ni se enteraron.
Desde el mediodía sobrevolaba el sector un helicóptero. La Asamblea de los 34 países integrantes de OEA, todos los de América excepto Cuba, fue custodiada por 1.500 policías y 8.500 militares y personal de Inteligencia, pero el centro de la ciudad apenas sí lo notó.
El ejército se apostó en los barrios populares (comunas), que trepan por las laderas del estrecho Valle de Aburrá donde se extiende Medellín. Así se generó "control, prevención", dijo al diario local El Colombiano el coronel de policía Héctor Cruz, jefe de seguridad de la Asamblea de la OEA.
El propio subsecretario Negroponte destacó que, hace 15 años, Medellín era la ciudad más violenta del mundo, en tiempos de Pablo Escobar, capo del narcotráfico abatido en 1993 con ayuda de servicios de Inteligencia antidrogas estadounidenses en esta capital del noroccidental Antioquia.
El presidente Uribe destacó la seguridad que hoy se vive en Medellín y, en la sesión inaugural, el domingo en la noche, promovió esta ciudad, de la que fue alcalde, como un buen lugar para invertir.
En las calles del centro, varias personas recogían el martes firmas para un referendo que habilite la segunda reelección de Uribe.
