El ejército de Brasil, señalado en las encuestas como una institución que despierta gran confianza, puso a prueba su credibilidad y su rol constitucional cuando tres jóvenes detenidos por soldados en una favela de Río de Janeiro aparecieron muertos en un basurero.
Los jóvenes, de 17, 19 y 24 años, regresaban de una fiesta el sábado de mañana a sus casas en el Morro (cerro) de la Providencia, favela vecina al centro de la ciudad, cuando fueron detenidos por 11 miembros del ejército, comandados por un teniente, según testigos. Luego fueron entregados a una banda de narcotraficantes de otro de estos barrios hacinados.
Fue una sentencia de muerte, ya que los grupos que controlan el comercio de drogas en las dos favelas son enemigos. Los cuerpos de los tres aparecieron el lunes con señales de torturas, los rostros desfigurados y muchos impactos de bala, en un relleno sanitario de un municipio cercano, que recibe basura de la región metropolitana de Río de Janeiro.
Los pobladores del Morro de la Providencia protestaron violentamente contra la presencia del ejército en su barrio. Incendiaron y dañaron decenas de autobuses y se manifestaron delante de la sede del Comando Militar del Este, cercano a la favela, tirando piedras contra los soldados que protegían el cuartel.
La represión contra los manifestantes se hizo con bombas de "efecto moral" (gases lacrimógenos y explosivos de estruendos) y disparos de disuasión. El comercio e incluso un hospital local cerraron sus puertas. Los trabajadores que hacen reformas en viviendas de Providencia, bajo órdenes de ingenieros militares, iniciaron una huelga.
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Presos en un cuartel del ejército e interrogados por la policía, el teniente y otros efectivos confesaron haber entregado a los jóvenes a narcotraficantes de otra favela, pero con la intención única de aplicarles un "castigo aleccionador", porque habrían ofendido a los militares, y no la muerte.
Por ahora la polémica de mayor repercusión es la participación del ejército en funciones policiales, un reclamo de sectores de la población angustiados por la inseguridad pública, especialmente en Río de Janeiro.
El problema no es la "ausencia de Estado", a la que muchos atribuyen la delincuencia en las favelas, sino "el Estado cada día más violento contra los pobres", dijo a IPS Cecilia Coimbra, presidenta del Grupo Tortura Nunca Más, que trata de revelar los crímenes de la dictadura militar (1964-1985) y de denunciar los tormentos y malos tratos que persisten en las actividades policiales brasileñas.
La muerte la semana pasada de un estudiante de la Academia Militar, que forma oficiales del ejército, a consecuencia de un entrenamiento físico demasiado exigente, no es un caso aislado y está vinculado al asesinato de los tres jóvenes de la Providencia, evaluó Coimbra.
Esos crímenes son consecuencia del "mito de la incorruptibilidad" de los militares, que estimula llamados a su participación activa en la seguridad pública, y al "entrenamiento para la violencia" que se practica en las escuelas militares y que incluye el ejercicio de la tortura y la sumisión ante ella, además de otras "humillaciones", sentenció Coimbra.
Los hechos ya conocidos muestran que los militares tenían relaciones con los narcotraficantes que asesinaron a los tres jóvenes, y hay testimonios de que se trató de una "venta" de los supuestos rivales secuestrados.
Pero todo indica que los tres muertos nada tenían que ver con el tráfico de drogas o las bandas delictivas, pues eran trabajadores y estudiantes sin antecedentes penales.
Es "una vergüenza", pero no habrá corrección a las distorsiones de las Fuerzas Armadas brasileñas que ha desnudado este crimen, según Clovis Brigagão, politólogo que dirige el Centro de Estudios Americanos y fue miembro del Consejo de Notables del Ministerio de Defensa hace algunos años.
El Estado debe hacerse "presente en todas partes con salud, educación, infraestructura e incluso seguridad pública, pero no el ejército, cuya función es defender al país de amenazas externas", y que sólo puede actuar internamente ante una "grave amenaza al orden interno" y bajo órdenes del presidente de la República, señaló a IPS.
Desde diciembre, cerca de 200 efectivos del ejército protegen obras de reforma de 780 residencias, a cargo de 50 ingenieros militares en el ámbito de un proyecto de reurbanización del Morro de la Providencia, la primera favela de Río, con una población de cerca de 5.000 habitantes.
El proyecto Cemento Social es del senador Marcelo Crivella, candidato a alcalde de Río de Janeiro para las elecciones de octubre. El hecho abre otra polémica política, ya que la movilización de tropas, aprobada por la Presidencia de la República, beneficia obras consideradas electoreras a favor de un candidato.
Crivella es del Partido Republicano Brasileño, al que pertenece también el vicepresidente José Alencar.
"Actuar como guardia mercenario de un proyecto particular" de un senador es "tocar fondo" en la desfiguración del papel militar, afirmó Brigagão.
En la misma tendencia de distorsiones castrenses se enmarcan recientes manifestaciones públicas de algunos generales, condenando la política indigenista oficial y oponiéndose a una reserva indígena aprobada por el gobierno brasileño, acotó.
Están ausentes la "jerarquía y la disciplina" indispensables en las Fuerzas Armadas, y que fueron pretexto para el golpe militar de 1964, dijo. Pero ni el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ni el ministro de Defensa, Nelson Jobim, adoptarán ninguna medida contra esas indisciplinas, concluyó Brigagão.
Los 11 militares serían acusados de coautoría del asesinato de los tres jóvenes, pero no se sabe si serán juzgados por un tribunal común o por la justicia militar, que en muchos casos decide sobre delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas.
