La dictadura militar de Birmania aumenta la penuria de las víctimas del ciclón Nargis, que golpeó duramente al país el mes pasado, advirtió la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
El gobierno ha desalojado a los damnificados de los refugios temporarios, confiscó ayuda que les fue enviada e interfirió con la ayuda enviada a las víctimas por parte de organizaciones locales y ciudadanos birmanos, reveló un informe de Amnistía difundido esta semana en la capital de Tailandia.
"Estamos hablando de miles de personas que sufrieron un desplazamiento forzoso", dijo a IPS Benjamin Zawacki, investigador de Amnistía. El régimen apuntó contra monasterios y escuelas, donde habían recibido albergue la mayoría de los desplazados.
Las órdenes de desalojar a las personas de los refugios temporarios procedieron del régimen militar y la Asociación para el Desarrollo, la Solidaridad y la Unión, organización civil creada por los generales para la aplicación de sus políticas, incluso a través de la fuerza.
"Algunos fueron obligados a abandonar los refugios en forma inmediata, en otros casos se los intimó a hacerlo en 24 ó 48 horas", agregó Zawacki.
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La tendencia es desplazar a la gente "cada vez más al sur, hacia el delta del río Irrawaddy, aunque no existe un patrón determinado", dijo Zawacki a la prensa, al presentar el informe.
El ciclón Nargis golpeó las zonas más densamente pobladas del país, en el delta, en las primeras horas del 3 de mayo.
Causó muerte de entre 130.000 y 300.000 personas, mientras que resultaron damnificadas entre 2,5 y 5,5 millones. Fue el mayor desastre natural en la historia de Birmania y afectó un área de 82.000 kilómetros cuadrados.
El 11 de mayo, indica el informe de Amnistía, "sobrevivientes que se encontraban en cuatro monasterios de la localidad de Bogale fueron forzados a abandonarlos. Muchos fueron transportados en camiones militares, mientras que a otros se les dijo simplemente que volvieran a sus aldeas por sus propios medios".
El 19 de mayo, continúa, en Labutta, una de las zonas más afectadas por el ciclón, junto con Bogale, "las autoridades locales colocaron a una gran cantidad de personas en botes, para retornarlos a sus aldeas, en los municipios de Myaungmya y Maubin, entre otros".
Asimismo, comenzaron a desplazar a gente que había sido reasentada más hacia el sur, hacia sus lugares de origen.
"Amnistía pudo confirmar más de 30 casos de desplazamientos forzosos por parte del régimen luego del ciclón, pero evidencia anecdótica procedente de numerosas fuentes indica que el número fue mucho mayor", añade el informe.
Asimismo, el estudio resalta que "hasta el 26 de mayo las autoridades bloquearon toda la asistencia internacional para la zona del delta".
Amnistía confirmó más de 40 denuncias sobre soldados o funcionarios gubernamentales que confiscaron, desviaron o hicieron mal uso de ayuda destinada a las víctimas del ciclón.
Estas revelaciones ponen en duda la efectividad de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que trabajan en Birmania, país bajo una opresiva dictadura militar desde el golpe de 1962. El desplazamiento forzoso de las víctimas del ciclón viola los lineamientos del foro mundial.
El portavoz de la Oficina de la ONU para Coordinación de Asuntos Humanitarios, Richard Horsey, señaló sin embargo que no ha existido indiferencia frente al problema.
"Hemos planteado que cualquier desplazamiento forzoso de personas constituye una clara violación al derecho internacional y resulta inaceptable", afirmó.
"Somos conscientes de los informes sobre movimiento de personas, hacia campamentos y fuera de los campamentos, así como del cierre de algunos de ellos. Pero esto no ha podido ser verificado. Lo importante es establecer adónde están siendo llevadas", dijo Horsey a IPS.
La cuestión fue discutida en varias oportunidades con las autoridades, agregó.
El informe de Amnistía confirma la nueva ola de problemas que afecta al área golpeada por el ciclón, la mayoría de ellos a causa del desinterés de la junta militar por las víctimas y su negativa a renunciar a su control totalitario sobre la nación.
Esta semana, la ONU reveló que sólo la mitad de los damnificados habían recibido asistencia a un mes del desastre natural.
Los intentos del foro mundial y organizaciones humanitarias internacionales para enviar a expertos en catástrofes a la zona del delta del Irrawaddy chocaron con la resistencia del régimen.
Apenas 20 socorristas lograron permiso para ingresar a la zona desde que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, obtuvo una promesa de la junta militar de mayor acceso, a fines de mayo.
La organización humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF), que aparentemente logró superar las trabas, confirmó que lo peor está lejos de haber quedado atrás para los sobrevivientes del ciclón en la zona del delta.
"Hasta ahora, la ayuda es inadecuada. La etapa de emergencia no ha sido superada. Hay muchas pequeñas aldeas, afectadas por el desastre, que están prácticamente olvidadas", dijo Michel Permans, de MSF.
