Sostener el crecimiento económico alcanzado por América Latina y el Caribe requiere cambios en los centros de financiamiento internacional para el desarrollo, pero también una nueva arquitectura financiera en la región, con novedades como el Banco del Sur y un trato deferente para la deuda de los países caribeños.
Esa es la principal conclusión de una reunión celebrada el 20 de este mes en la sede caraqueña del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), consagrada a examinar el Consenso de Monterrey seis años después de su adopción.
El Consenso de Monterrey fue adoptado por la Conferencia Internacional sobre la Financiación al Desarrollo, que se llevó a cabo en esa ciudad mexicana entre el 18 y el 22 de mayo de 2002, con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas. Una reunión de alto nivel analizará en Doha, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de este año, la aplicación de ese Consenso.
La primera tarea de América Latina y el Caribe de cara a ese examen es "fortalecer su capacidad de interlocución frente a los más importantes actores globales, evidenciando la unidad regional", dijo a IPS el mexicano José Rivera, secretario permanente del SELA, que reúne a 26 estados de la región.
"Hoy, con el triple shock que amenaza a nuestros países, financiero, alimentario y energético, resulta más urgente concretar mecanismos de cooperación e integración, si queremos lograr un desarrollo sostenible con equidad social", afirmó Rivera.
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"Necesitamos una nueva arquitectura financiera regional, porque décadas de políticas neoliberales, en vez de contribuir a nuestra soberanía y seguridad, nos han colocado en una posición de riesgo, como en el caso de la actual crisis de los alimentos; no de hambruna, pero sí de carestía", dijo a IPS el ministro ecuatoriano de Coordinación de la Política Económica, Pedro Pérez, presente en la reunión.
El Consenso de Monterrey planteó una "asociación global" entre países industriales y en desarrollo para dar respuesta a las necesidades de financiamiento, sobre seis pilares, entre ellos la atracción hacia el Sur de flujos de recursos internacionales.
Esos flujos "en los últimos años se han dirigido mayoritariamente hacia otras regiones del mundo, a mercados más dinámicos, como China, India, el sudeste asiático, y entre los mismos países desarrollados", dijo Rivera.
"Yo creo que la clave para atraer esos flujos está en nuestra integración, que nos vean integrados", subrayó el número uno del SELA.
La inversión extranjera directa en los países en desarrollo, en dólares corrientes, fue de unos 162.000 millones en 2002, de los cuales 51.783 millones llegaron a América Latina y el Caribe, es decir, un 32 por ciento, según cifras del Banco Mundial y de la Comisión Económica para América Latina y del Caribe (Cepal).
En 2007 la región captó 102.800 millones de dólares como inversión extranjera directa, un aumento de 97 por ciento en cinco años, pero esa cifra representó menos de la cuarta parte de ese tipo de recursos dirigidos al conjunto de los países en desarrollo.
Por contraste, las remesas hacia la región de inmigrantes que viven en los países desarrollados han ido en aumento, al pasar de 28.000 millones de dólares en 2002 (1,7 por ciento del producto interno bruto latinoamericano y caribeño) a 60.000 millones en 2007 (1,9 por ciento del PIB).
Otros pilares señalados en Monterrey fueron la movilización de los recursos internos; la promoción del comercio internacional; la cooperación internacional; el manejo sostenible de la deuda externa; y el aumento en la coherencia y consistencia del sistema monetario y financiero y del comercio internacional.
Respecto de los recursos internos, la formación bruta de capital en la región pasó de acumular 320.000 millones de dólares en 2002 a 690.000 millones en 2007, y el ahorro bruto doméstico pasó de 328.000 a 740.000 millones de dólares.
En proporción, representan 21 y 22 por ciento, respectivamente, del PIB total de la región, cifrado por el Banco Mundial en 3,33 billones de dólares para 2007, mientras que en el conjunto mundial de los países con ingreso bajo y medio la formación bruta de capital es de 29 por ciento y el ahorro interno de 32 por ciento con respecto al PIB.
En sus conclusiones, los delegados de países miembros el SELA abogaron porque en la región se constituyan fondos de inversión para apoyar la micro, pequeña y mediana empresa, y utilizar parte de las reservas acumuladas —con el viento a favor de mayores precios por sus materias primas— para financiar proyectos de integración y desarrollo económico regional.
La región pasó ya en 2006 los 300.000 millones de dólares en reservas, según la Cepal.
"Se necesita una red de apoyo entre los bancos centrales de nuestros países, activar el Banco del Sur, abrir mayores posibilidades a un mercado regional de capitales y utilizar formas de compensación de pagos con uso de nuestras monedas", dijo Pérez.
"La construcción de un sistema de soberanía monetaria puede ser una respuesta de nuestros países, pues estamos ante una crisis del régimen de acumulación, que ha puesto al capital productivo en situación de servidumbre frente al capital financiero", indicó.
Ecuador, que carece de moneda propia y donde circula libremente el dólar, "es quizá el país que más necesidad tiene de que se recuperen espacios de gestión de la política financiera regional", agregó Pérez.
El Banco del Sur, cuya Acta Fundacional se firmó en diciembre a iniciativa de Venezuela, tiene entre sus socios a Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Su propósito es convertirse en banco de desarrollo sudamericano.
El venezolano José Ferrer, vicepresidente de Banco Central, apoyó la idea de que el Banco del Sur impulse un mercado de valores regional en el cual se negocien títulos en monedas nacionales. "Es una oportunidad para crear un mecanismo endógeno de financiamiento en la región", declaró.
Respecto del comercio internacional, la reunión insistió en el reclamo regional por "reglas equitativas y justas en el sistema multilateral de comercio y la eliminación del proteccionismo agrícola de los países desarrollados".
Las exportaciones de la región se han más que duplicado en cinco años (401.000 millones de dólares en 2002 y 849.500 millones en 2007), pero representan una cuarta parte del PIB mientras que en el conjunto de los países con ingresos bajos y medios, las ventas al exterior alcanzan 32 por ciento del producto.
Sobre la cooperación internacional, la región insiste en que el Norte industrializado cumpla el viejo compromiso de destinar 0,7 por ciento de su PIB como ayuda oficial al desarrollo (AOD). Sólo cinco países europeos cumplen ese estándar.
El indio Amar Bhattacharya, representante en la reunión del Grupo de los 24 (creado en 1971 para coordinar a países de Asia, África y América Latina en temas monetarios y de financiamiento) dijo a IPS que, además, "muchos donantes dirigen los recursos a países en desarrollo por intereses más políticos que de desarrollo".
"Eso lleva recursos de AOD a países como Iraq, Afganistán, Nigeria o el Congo, pero no a programas que también los requieren en Honduras o Guatemala", dijo Bhattacharya.
Más aún, advirtió Rivera, en estos tiempos de carestía de los alimentos, la AOD alimentaria dirigida a la región disminuyó, de 1.086 millones de dólares en 2002 a 891 millones en 2007.
De los 105.292 millones de dólares en AOD que fueron a los países en desarrollo el año pasado, apenas 6.910 millones, el 6,5 por ciento, se dirigieron a América Latina.
Respecto de la deuda externa, América Latina y el Caribe muestra una mejoría relativa, pues en 2002 la suya era 33 por ciento del total de los países en desarrollo, pero en 2007 se ubica en 22 por ciento.
No obstante, siguió creciendo en términos nominales, al pasar de 776.473 a 787.639 millones de dólares en esos cinco años, en tanto su servicio (pagos de capital e intereses) pasó de 127.784 millones de dólares en 2002 hasta 134.974 millones en 2007.
La reunión abogó por un trato especial para los pequeños estados insulares del Caribe, con deudas que alcanzan 12.000 millones de dólares en los países anglohablantes, una cifra similar para Cuba y unos 6.800 millones para la República Dominicana.
También pidieron atención para la tesis de Costa Rica, que propone condonar deuda y apoyar con recursos financieros a los países en vías de desarrollo que inviertan cada vez menos en armas y más en salud, educación y vivienda para sus habitantes.
