Los opositores a la construcción de una fábrica de pasta de celulosa en el valle de Tamar, en la isla australiana de Tasmania, parecen estar ganando la prolongada batalla que han librado contra el proyecto.
El primer ministro de Tasmania, Paul Lennon, renunció el 26 de mayo. Su administración había apoyado a la empresa Gunns Limited para llevar adelante la construcción de la planta.
Su dimisión coincidió la retirada del banco australiano ANZ, el principal financista, de este proyecto de 1.920 millones de dólares.
Quienes se oponen a la construcción de la planta de celulosa muestran preocupación sobre sus consecuencias ambientales, que incluyen la destrucción de árboles, el impacto de los efluentes sobre el agua, la calidad del aire y la vida marina, así como la emisión de gases invernadero.
También alzaron su voz de alarma respecto de sus efectos económicos, particularmente en los sectores turístico, agrícola y pesquero.
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AZN había elevado sin éxito el año pasado un recurso ante un tribunal federal australiano, cuestionando los procedimientos tanto del gobierno federal como del local de Tasmania en la aprobación del proyecto.
"Creemos que es la decisión correcta. Todos los bancos deberían analizar detenidamente las razones por las que el ANZ resolvió retirar su apoyo", dijo a IPS Paul Oosting, activista de la no gubernamental Sociedad para la Naturaleza.
El banco señaló que no haría comentarios sobre el tema, debido a la confidencialidad en la relación con un cliente, pero el ambientalista atribuyó la medida a los altos riesgos del proyecto.
"Implica la tala de árboles, de gran valor en términos de conservacionismo, que son además un enorme receptáculo de emisiones de dióxido de carbono. En una era de cambio climático, esto constituye un considerable riesgo financiero y ambiental", dijo Oosting.
En febrero, el ANZ hizo pública su política forestal y señaló que no financiaría proyectos que contemplaran la tala en áreas de alto valor de conservación.
Según Oosting, los riesgos financieros también fueron cruciales. Mencionó el grado de exposición de la planta celulósica frente a otras similares de América Latina, los problemas relacionados con la escasez de fondos en el sistema financiero internacional y el alto valor del dólar australiano respecto de otras divisas.
Además, pesó la oposición del público. La Sociedad para la Naturaleza había planificado una gran demostración pública contra el ANZ para este mes.
"Creo que el banco, y otras instituciones financieras, deberían preocuparse por los riesgos a su reputación. La mayoría de los australianos se oponen al proyecto de la planta celulósica y el público ha sido muy activo en la exteriorización de su disconformidad", destacó Oosting.
Lindsay Hesketh, de la Fundación de Conservación Australiana, dijo a IPS que la preocupación de la comunidad por el impacto ambiental de la fábrica fue en parte responsable por la decisión del ANZ de apartarse del proyecto, que consideró positiva.
"Existe un escrutinio mucho más riguroso sobre la credibilidad ambiental de los bancos", agregó.
Asimismo, Hesketh considera que la renuncia de Lennon se debió en parte a la percepción existente sobre su apoyo a la instalación de la planta celulósica. La asistencia que brindó al proyecto en materia de infraestructura y otros recursos hizo que su posición se volviera "insostenible", agregó.
Lennon impulsó una ley el año pasado con el objetivo de reemplazar a la estatal Comisión de Planificación de Recursos y Desarrollo, encargada de la evaluación de proyectos, con un consultor designado por el gobierno local.
Se señaló que un abogado de Gunns participó en la redacción de esa norma. Más recientemente, Lennon consideraba financiar con dinero de los contribuyentes las tuberías necesarias para abastecer de agua a la planta, una obra con un costo de 57,7 millones de dólares. El nuevo primer ministro de Tasmania, David Bartlett, descartó la idea.
Según una encuesta realizada en la semana previa a su renuncia, la popularidad de Lennon había caído a apenas 17 por ciento.
A pesar de estos contratiempos, Gunns parece dispuesta a seguir adelante con el proyecto. La compañía niega que la fábrica vaya a tener un impacto ambiental negativo.
Argumenta, asimismo, que aportará a las arcas de Tasmania 960 millones de dólares en concepto de impuestos, al tiempo que creará 3.500 empleos durante la construcción y mantendrá 1.600 cuando esté en funcionamiento.
La empresa también desestima las especulaciones sobre la muerte del proyecto a causa de la decisión del ANZ de no financiarlo, ya que existe un fuerte interés internacional en participar.
Pero Oosting dijo a IPS que no cree que Gunns obtenga fácilmente fuentes alternativas de financiamiento, no sólo por los riesgos estrictamente económicos sino por el daño a la reputación del banco que eventualmente decida ocupar el lugar dejado por ANZ.
La Sociedad de la Naturaleza trabaja con BankTrack, una red de organizaciones de la sociedad civil que hace un seguimiento de las formas en que afectan a la gente las decisiones de los bancos.
"La actitud del ANZ es un bienvenido ejemplo de una institución financiera que asume un enfoque responsable sobre los temas sociales y ambientales. Esperamos que otras sigan ese ejemplo", dijo Jeni Tasheva, de BankTrack.
"Estamos trabajando para asegurarnos de que todos los bancos del mundo estén bien informados de los riesgos asociados con este proyecto", destacó Oosting.
