El gobierno de México sostiene que los 4.200 asesinatos registrados de diciembre de 2006 a la fecha en hechos vinculados al narcotráfico y el creciente sadismo que muestran los traficantes representan señales auspiciosas. Desde su punto de vista, indican que se «está ganando la guerra».
Pero observadores y organizaciones humanitarias hacen una lectura muy distinta. Lo que está triunfando es la violencia, el miedo y las violaciones a los derechos básicos de las personas. Además, no se vislumbra su fin, sostienen.
Desde hace más de un año, alrededor de 20.000 soldados y más de 5.000 policías federales están repartidos en diversos puntos del país para combatir el narcotráfico, junto a agentes estatales. "Estamos en guerra", ha declarado en varias ocasiones el presidente de México, el conservador Felipe Calderón.
Cifras oficiales indican que durante la gestión del mandatario, iniciada en diciembre de 2006, unas 4.200 personas murieron en acciones vinculadas al narcotráfico, 10 por ciento de las cuales eran policías y militares.
Los enfrentamientos entre agentes del orden y delincuentes han sido periódicos y violentos desde que asumió este gobierno.
En diversos operativos se detuvo a importantes jefes de las bandas de vendedores de drogas, que según las misma autoridades pronto fueron relevados. Pero también se han multiplicado las denuncias contra militares por detenciones arbitrarias, torturas, violaciones y asesinatos.
En su informe sobre los derechos humanos en el mundo presentado este miércoles, el grupo Amnistía Internacional denunció que en México policías y militares incurrieron en 2007 en graves violaciones a las garantías individuales. Además, rechazaron la política de enjuiciar a los soldados en tribunales militares y no civiles.
"El gobierno sostiene que va ganando la guerra, pero no existe ninguna señal o parámetro que indique que así esté sucediendo y tampoco se ve que la estrategia oficial tenga un puerto. Yo creo que la situación es alarmante", dijo a IPS el experto en temas de seguridad José Nieto.
El procurador general (fiscal), Eduardo Medina, declaró esta semana luego del asesinato de varios policías y la aparición de cabezas humanas y cadáveres con señales de tortura, que el aumento de la violencia es una señal de que el Estado va ganando la guerra.
A su entender, los crímenes de los últimos días indican que los narcotraficantes están desesperados por los golpes que han recibido de las autoridades. "Vamos ganando (la guerra) aunque no parezca", sostuvo.
"El alegato del procurador es inquietante: la demostración más evidente de que el Estado es incapaz de imponer el orden en el territorio nacional, la exhibición de la violencia más salvaje es interpretada como augurio favorable", escribió Jesús Silva, columnista del diario Reforma.
Nieto, asesor de empresas privadas en temas de seguridad, opinó que es el momento de que el gobierno revise su estrategia.
"No está funcionando porque le falta atacar otras aristas, como el perfeccionamiento de la policía, la persecución estricta del lavado de dinero y el combate a la corrupción entre autoridades menores o mayores", apuntó.
Para Edgar Cortez, coordinador de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, que reúne a 55 grupos, Calderón no está cumpliendo con su papel de garantizar la seguridad y los derechos humanos, elementos que según dijo son indivisibles.
"La estrategia de seguridad del gobierno construida sobre el ejército está fallando y debe revisarse con urgencia", declaró Cortez a IPS.
Desde el sexenio del presidente Vicente Fox (2000-2006), la violencia del narcotráfico va en ascenso, según autoridades como respuesta a las acciones de seguridad pública. Durante ese gobierno, en el que también se uso al ejército para combatir a los narcotraficantes, fueron asesinadas 9.000 personas. Aunque la Constitución mexicana indica que, "en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar", un fallo de la Suprema Corte de Justicia de 1996 avaló su uso en otras áreas cuando haya graves problemas de seguridad interior.
Según el columnista Silva, "no es claro qué busca (el gobierno), ni cómo se puede evaluar el efecto de la estrategia (contra el narcotráfico), ni cómo se sabrá si la guerra se va ganando o perdiendo".
El martes en el estado norteño de Sinaloa, siete policías federales murieron abatidos a tiros y cuatro resultaron gravemente heridos en un enfrentamiento con presuntos narcotraficantes. Fue la acción donde más policías fallecieron desde que Calderón está en la presidencia.
A comienzos de este mes fue muerto por sicarios el comisario de la policía federal mexicana Edgar Millán, coordinador de la lucha contra el narcotráfico. Fue el más alto mando policial ejecutado en más de un año.
El día 21, los parlamentarios aprobaron un punto de acuerdo en que demandaron al presidente "redefinir" las estrategias del combate contra el delito para "restablecer la tranquilidad y el estado de derecho frente a los grupos del crimen organizado que han lanzado un reto abierto a las autoridades".
"Nadie puede estar en contra de que el gobierno ejerza su obligación de recuperar la seguridad y desplazar el poder de los narcotraficantes, pero a estas alturas se ve que la estrategia utilizada no está funcionando", sostuvo Nieto.
Según declaró el sub-procurador José Luis Santiago Vasconcelos, el narcotráfico y el crimen organizado de México se nutren cada año de unos 10.000 millones de dólares provenientes de sus acciones vinculadas a la venta de drogas en Estados Unidos.
El funcionario informó que México, que es el principal abastecedor de drogas de ese país vecino del norte, gasta anualmente unos 3.900 millones de dólares para combatir al crimen organizado.
Diversas encuestas indican que la inseguridad reinante es hoy una de las principales preocupaciones de los mexicanos. Además, señalan que hay un alto respaldo y confianza en los militares, no así en la policía cuya imagen permanece por los suelos desde hace varios años.
