La atención médica a las víctimas, la protección de bienes y la reposición de pérdidas materiales provocadas por la alta criminalidad en El Salvador se llevan buena parte de los recursos estatales, mientras las autoridades no dan con la solución a un fenómeno que sigue en aumento.
El Salvador es acechado por una "epidemia de violencia" que sangra a la población y provoca daños severos a la economía, señaló Rafael Pleitez, del departamento de Estudios Económicos y Sociales de Fusades, un laboratorio de ideas para la empresa privada local.
"El clima de criminalidad y violencia tiene un alto costo para el país, afecta la inversión (extranjera) y trae costos humanos, económicos y sociales, (particularmente) a la red de salud pública", aseguró el representante de Fusades (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social).
Pleitez confirmó a IPS que muchas empresas son "extorsionadas" por pandillas y otras mafias a lo largo del territorio, a quienes pagan "renta" cuando sus vehículos ingresan a ciertas zonas para distribuir sus mercaderías.
Fuentes oficiales reconocen que entre 2003 y 2007 se perpetraron más de 16.000 asesinatos, 80 por ciento de los cuales se cometieron con armas de fuego.
Las autoridades estiman que en este país hay unas 450.000 armas de fuego en manos privadas, pero sólo 170.000 están debidamente registradas.
El Salvador presenta una tasa de 57,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina. Más aun, los resultados del último censo realizado en mayo de 2007 y presentados a principios de este mes, dispararía ese promedio hasta 64, o incluso más.
Estimaciones gubernamentales previas, con base al censo de 1992, calculaban que El Salvador tenía una población de casi siete millones de personas, pero este último censo reveló que sólo hay 5,7 millones de habitantes.
La diferencia de casi 20 por ciento en las cifras, según el gobierno, se debe a un "claro descenso" de la natalidad entre los años 1998 y 2002, no advertido por las autoridades, al tiempo que reconocieron un impacto mayor de la emigración, principalmente hacia Estados Unidos, donde ya viven y trabajan unos 2,5 millones de salvadoreños.
Un estudio de 2006 de Fusades indica que la criminalidad "está erosionando gravemente la calidad de vida" de la población y "constituye un obstáculo para el desarrollo".
En tanto, la encuesta "dinámica empresarial" de esta entidad señala que 28,5 por ciento de las compañías fueron "víctimas" de la delincuencia en el segundo trimestre de 2006, siendo los negocios más grandes los más afectados.
Los empresarios destinan millones de dólares en la construcción de fortalezas con sofisticados sistemas antirrobo para resguardar sus negocios y residencias, pagar a miles de guardias de seguridad privada que se ubican ametralladora o revólver en mano a la entrada de bancos, centros comerciales, pequeños comercios, escuelas y universidades privadas.
Un estudio de 2003 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó que ese año la violencia habría costado 1.717 millones de dólares, que incluyen gastos en salud, psicológicos, producción, efectos sobre la inversión y pérdidas materiales, impacto que equivalía en ese entonces a 11,5 por ciento del producto interno bruto.
El documento de 87 páginas publicado en 2005, estima que el costo promedio de los daños a la salud emocional causado a los familiares de una víctima de homicidio, en términos monetarios, es 75.000 dólares, por una lesión se calculan 2.000 y cuando se ha sufrido una violación 5.000 dólares.
Jeannette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión (Iudop) no se atreve a realizar cálculos sobre los costos recientes de la violencia, pero manifestó a IPS que, siguiendo la "lógica", dado que "el número de homicidios se disparó entre 2003 y 2007" y que las extorsiones también se multiplicaron, los gastos tendrían que haberse incrementado considerablemente.
El costo promedio anual de cada empresa que sufre un hecho delictivo, sumado al gasto por protección, asciende a 63.316 dólares, recursos que bien pudieran ser invertidos en la "compra de computadoras" o en adquisición de equipo, principalmente las empresas más pequeñas, sostuvo Pleitez.
La Policía Nacional Civil (PNC), única fuerza de seguridad pública, cuenta con unos 16.000 efectivos, mientras que, según la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), existen más de 400 de agencias de seguridad que emplean a 25.000 guardias privados. El subdirector de la PNC, José Luis Tobar, corroboró a IPS que la institución policial realiza gastos cuantiosos de su "limitado presupuesto" para combatir la criminalidad, que en 2008 ascendió a 217 millones de dólares.
La PNC incluso tiene su tabla de gastos. Cada operativo policial (100 efectivos) tiene un coste de 3.500 dólares. El apoyo aéreo a una operación tiene un costo adicional de entre 250 y 985 dólares por hora.
Las fuerzas policiales realizan "megaoperativos", que a menudo involucran a cientos de agentes como "Quezaltepeque seguro", implementado a comienzos de mayo con la participación de 600 efectivos y varias naves aéreas, que culminó con el allanamiento de decenas de casas y la captura de cerca de 100 pandilleros en ese poblado, ubicad a unos 12 kilómetros de San Salvador.
Especialistas, organizaciones de la sociedad civil y líderes religiosos han criticado a la policía por este tipo de operaciones, que, a su juicio, no detienen la criminalidad y reclaman que desde hace más de una década han presentado junto con centros de investigación y el PNUD varios diagnósticos y propuestas sobre cómo afrontar la problemática pero no han sido escuchados.
Para contrarrestar la violencia "es necesario impulsar una estrategia integral", que además de las medidas coercitivas se realice "una inversión grande, con mucho más énfasis en lo preventivo", y en la cual la empresa privada debe asumir "su responsabilidad social", sostuvo Pleitez.
Como ejemplo citó que de cada 10 jóvenes en edad de estudiar bachillerato sólo entre tres y cuatro asisten a la escuela. Eso deja al resto fuera del sistema educacional, quienes, en caso de no tener empleo, se constituyen en una población de alto riesgo para ingresar a una pandilla u otras actividades delictivas, opinó el funcionario de Fusades.
Para avanzar "en la lucha contra la violencia" se debe apostar por "una mayor inversión social, aumentar la cobertura en educación media y vincular cada vez más la política social con la de seguridad ciudadana", concluyó Pleitez.
