Problemas en la economía y la persistente pobreza ponen al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en su peor momento de popularidad, también afectada por su apoyo incondicional a Venezuela y manifestaciones de simpatía con la guerrilla colombiana, según analistas.
La última encuesta publicada por la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Fundes) indicó que las sensaciones de mayor pobreza y desesperanza entre la población de este país aumentó en la actual administración de Ortega, iniciada en enero del año pasado.
Siete de cada 10 consultados, entre las 1.600 personas abordadas para esta investigación nacional, ven con pesimismo el futuro inmediato del país, al considerar que este año perderán más capacidad adquisitiva y que la inflación será mayor que en 2007, cuando se ubicó en 16,8 por ciento. Entre enero y abril llegó a 6,8 por ciento.
Ante estos indicadores en alza, toda la culpa se las lleva Ortega, pese a que organismos como el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe explican que la lucha contra la pobreza sufre los embates de los muy altos precios del petróleo y la carestía de los alimentos por la especulación de los mercados ante el aumento de la demanda de China e India.
Así lo expresó a IPS el director del organismo de la sociedad civil Ética y Transparencia, Roberto Courtney.
Según Courtney, acciones inadecuadas en el manejo de los recursos estatales por parte del gobierno del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), más las constantes críticas de la oposición política, han levantado la percepción ciudadana de que las autoridades no están haciendo nada por ayudar a paliar la pobreza.
Nicaragua, con 5.4 millones de habitantes, es desde hace décadas uno de los países más pobres de América Latina.
"El gobierno ha confesado que recibe al año 520 millones de dólares producto de la cooperación venezolana, pero nadie sabe cómo se maneja ese dinero, y lo más visible de la inversión social del presidente son los rótulos gigantes con su imagen y la frase arriba los pobres del mundo", observó Courtney.
Políticos de la oposición, sectores de la sociedad civil, de la empresa privada y organizaciones de comerciantes y transportistas han exigido desde el año pasado que el gobierno revele el uso de los fondos que recibe del exterior.
Hasta ahora a las arcas del Estado ingresaron 520 millones de dólares, producto de la venta de derivados de hidrocarburos venezolanos, que se utilizan para financiar las plantas generadoras de energía y proyectos sociales como el llamado plan "Hambre Cero, Usura Cero, Calles para el Pueblo y Casas para el Pueblo", entre otros, según confirmó este mes el propio Ortega.
La comercialización de esos combustibles está a cargo de la empresa binacional Albanisa, creada por el convenio que estableció el suministro anual de 10 millones de barriles de petróleo de Venezuela a Nicaragua.
Javier Meléndez, presidente ejecutivo del no gubernamental Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas, opinó que el presidente Ortega parece interesado en rendirle cuentas únicamente a su par de Venezuela, Hugo Chávez.
"A Ortega no le importa que todo el país clame por transparencia. Él parece interesado únicamente en quedar bien con Chávez", dijo Meléndez, poniendo énfasis en la estrecha relación de Ortega con Caracas y con la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la iniciativa que involucra también a Bolivia y Cuba.
Meléndez entiende que esa relación ha terminado afectando aun más la imagen de Ortega, tanto en Nicaragua como en el exterior.
Un sondeo de la firma M y R, publicado a mediados de este mes en el conservador diario La Prensa, indica que, cuando sólo han transcurrido 16 meses de gestión, Ortega recoge el apoyo "total" de 11,8 por ciento de los entrevistados, 64,5 por ciento lo "no respalda del todo" y 20,4 por ciento lo hace con reservas.
Ortega llegó al gobierno tras ganar las elecciones de 2006 con 38 por ciento de los votos, gracias a que, tras un acuerdo con la hoy oposición derechista, se reformó la ley electoral para reducir de 51 a 35 por ciento los votos necesarios para acceder a la presidencia sin necesidad de una segunda vuelta comicial.
A juicio de Meléndez, los resultados de diversas encuestas que ubican a Ortega en una posición cada vez menos positiva se deben a las acciones internacionales de éste.
"Eso es consecuencia de su falta de tacto para tratar el tema de la pobreza, pese a su discurso populista, y de las acciones que ha emprendido en respaldo a Venezuela y en desafío a Estados Unidos", observó Meléndez.
El gobierno de Nicaragua ha tenido en los últimos tiempos roces con Costa Rica, El Salvador, México, Colombia, Estados Unidos y con la Unión Europea, entre otros, por apoyar la alternativa económica de Venezuela frente a otros tipos de tratados comerciales y acuerdos económicos con esos países, y por defender a Irán y sus programas de energía nuclear.
En marzo, la firma transnacional Cid Gallup publicó una encuesta regional donde Ortega aparece con la más baja opinión favorable entre los presidentes de América Central, con 20 por ciento de respaldo en su país.
El resto de la clasificación ubican el costarricense Óscar Arias, con 64 por ciento de respaldo entre los encuestados, el guatemalteco Álvaro Colom, con 49 por ciento, el salvadoreño Elías Antonio Saca, 41 por ciento, el dominicano Leonel Fernández, 40 por ciento, el panameño Martín Torrijos, con 33 por ciento, y el hondureño Manuel Zelaya, con 37 por ciento de apoyo.
Antes de esa encuesta, Ortega no había dado asilo aún a la estudiante mexicana Lucía Morett y a las colombianas Doris Torres Bohórquez, de 21 años, y Martha Pérez Gutiérrez, de 24 años, sobrevivieron del ataque del 1 de marzo de fuerzas militares de Colombia a un campamento de guerrilleros de ese país en Ecuador.
Luego del otorgamiento de esos asilos, calificado por Bogotá como acto de enemistad, Ortega fue el único presidente latinoamericano que públicamente hasta ahora lamentó el fallecimiento el 26 de marzo de "Manuel Marulanda", el líder histórico de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Le digo a los hermanos de las FARC que tenemos que seguir batallando para que se alcance la paz en Colombia", dijo Ortega, tras dar las condolencias a la familia de Marulanda, al hablar en la clausura en Montevideo del XIV Foro de San Pablo, que reúne a la izquierda latinoamericana y caribeña. El acto se celebró el domingo, cuando se confirmó la muerte del jefe guerrillero.
Esas declaraciones fueron fuertemente cuestionadas por la oposición nicaragüense.
Dora María Téllez, ex comandante de la guerrilla del FSLN durante el combate a la dictadura somocista y hoy investigadora social, dijo a IPS que la imagen de Ortega, además, se ve más debilitada por su "inoperancia" para atender las demandas sociales y por su falta de prudencia en asuntos internacionales.
"El comandante no sólo comete errores graves en el plano internacional, sino que aquí también. Todavía sigue viviendo en la Guerra Fría y no parece aportar soluciones propias de la vida civil", criticó Téllez, una antigua compañera de armas de Ortega que hoy milita en el sector sandinista de oposición.
Uno de los ejemplos de inoperancia citados por Téllez fue el papel ante la huelga de 12 días del transporte, este mes, y las protestas por la carestía de los alimentos.
El gobierno "dejó correr el tiempo sin dar la cara, hubo pérdidas millonarias en el comercio y, cuando al fin actuó, lo hizo mediante la violencia", explicó, en referencia a la represión policial empleada para despejar las calles bloqueadas por manifestantes.
La huelga finalizó luego de que Ortega prometió a los transportistas una rebaja de 1,30 centavos de dólar en el precio de los combustibles y revisar los subsidios a productores de alimentos.
Ortega mantiene desde la campaña electoral de 2006 la decisión de no responder a consultas de los medios de comunicación, a los que critica en general.
Acostumbra a realizar discursos en plazas públicas, desde donde califica a las organizaciones sociales que lo cuestionan de "vende-patrias" y a la oposición política de "contras", en clara referencia a los grupos armados derechistas que combatieron su gobierno democrático en los años 80 auspiciados por Estados Unidos.
