Un eventual rechazo del electorado de Bolivia a la gestión del presidente, Evo Morales, quien apoyó que su mandato sea puesto a referendo revocatorio, encumbraría a un empresario y legislador opositor del departamento de Santa Cruz, rico en recursos naturales y cuna de un fuerte movimiento autonomista.
Sectores derechistas, precisamente, entienden que el apoyo al estatuto autonómico departamental de 85 por ciento de los votantes santacruceños, en la consulta convocada el domingo en ese oriental distrito, significa el ocaso de la popularidad del izquierdista Morales, el primer mandatario indígena en la historia independiente del país.
Por ello, cuatro días después de esa instancia en Santa Cruz, la oposición reflotó en el Senado el proyecto de referendo revocatorio del mandato presidencial y de los nueve prefectos (gobernadores) en que se divide Bolivia, que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados a impulso entonces del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
"Desde la dirección sindical dijimos sí a las urnas y no a las armas. Quiero reiterar nuestra posición democrática de sometimiento al pueblo y que (los ciudadanos) nos digan quién sirve y no sirve para gobernar al pueblo boliviano", aceptó un sereno Morales, aludiendo así a su larga trayectoria como líder de los trabajadores de los cultivos de coca.
El referendo revocatorio para los principales cargos ejecutivos de este país, aprobado el jueves de forma unánime, tiene como único antecedente en América Latina el realizado en 2004 en Venezuela, donde Hugo Chávez logró confirmar su mandato presidencial en una consulta que está incorporada en su Constitución.
A partir de la promulgación de la ley por parte del presidente Morales se establecerá un plazo aproximado de 90 días para organizar la consulta, lapso que coincide con la realización de los restantes referendos autonómicos dispuestos por los gobiernos de los departamentos de Beni, Pando y Tarija, que completan con Santa Cruz la llamada media luna oriental boliviana.
Según el texto aprobado en la víspera, los ciudadanos bolivianos deberán optar entre el Sí y el No a la continuidad en el cargo de Morales como presidente, de Álvaro García Linera como vicepresidente, y de los nueve prefectos (gobernadores). En el caso de que sea revocado alguno de estos mandatos se deberá convocar de inmediato a elecciones para elegir reemplazantes.
En el caso de un cese de funciones de Morales y García Linera por mandato del referendo, el sucesor inmediato según la Constitución en vigencia es el presidente del Senado e influyente empresario nacido en Santa Cruz, Óscar Ortiz.
De ahí que una derrota del gobierno crearía un inesperado escenario de transición del poder desde la izquierda identificada con los pueblos indígenas y los sectores populares hacia la derecha más conservadora y partidaria de un modelo económico de apertura comercial y dócil al capital externo, como lo fueron los gobiernos que antecedieron a Morales.
El grupo parlamentario opositor de la organización ciudadana derechista Poder Democrático y Social (Podemos), liderada por el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), retomó el proyecto que el propio Morales había enviado al parlamento el 5 de diciembre, cuando su popularidad superaba 70 por ciento, a diferencia del 55 por ciento que hoy le otorgan encuestas privadas.
Entonces, agobiado por una serie de eventos de oposición a su mandato y mientras la Asamblea Constituyente debatía el texto de la nueva ley fundamental, Morales desafió así a sus opositores, en particular a los prefectos Rubén Costas, de Santa Cruz, Ernesto Suárez, de Beni, Mario Cossío, de Tarija, y Leopoldo Fernández, de Pando.
El proyecto desarchivado por la derecha se actualiza en medio del fuego cruzado entre el oficialismo, que califica de fracaso el referendo cruceño, y la oposición, que mira sastisfecha lo que lee como un retroceso del apoyo popular hacia un mandatario surgido del sindicalismo cocalero y que llegó a conquistar a la clase media con promesas de cambios y lucha contra la corrupción.
Morales ganó las elecciones del 18 de diciembre de 2005 con un inesperado 53,7 por ciento de los votos, en competencia con Quiroga y otros antiguos actores de la política boliviana, abriendo así un período de expectativa entre los casi 10 millones de bolivianos, 67 por ciento de los cuales viven en la pobreza.
Tras asumir el mando constitucional de cinco años el 22 de enero de 2006, la oposición derechista y empresarios comenzaron a reaccionar contra su postura cercana a los indígenas, sus medidas de corte popular como el programa de alfabetización y salud con apoyo de Cuba y Venezuela, y el agresivo plan de renegociación de contratos petroleros que ayudaron a multiplicar los ingresos fiscales de unos 180.000 dólares a 2.000 millones de dólares.
Ha sido tildado de "andinocentrista", en referencia a la localización geográfica de las poblaciones habitadas por los empobrecidos pueblos originarios, mayoritarios en la población del país.
"Estamos dispuestos a ir al referéndum por la unidad del país, por respeto a la legalidad, al estado de derecho y al Congreso Nacional", dijo Morales a través de en un mensaje televisado en la noche del jueves. Antes había recogido la opinión de su gabinete ministerial para pronunciarse sobre la jugada política de los partidos de derecha, con mayoría el Senado.
El senador Ortiz, primero como empresario y líder cívico, y luego como legislador, cuestionó la política de Morales dirigida a la empresa privada por la falta de mayor agresividad para obtener una apertura comercial definitiva en el mercado estadounidense e incentivos fiscales.
Estas críticas del presidente del Senado se agudizaron luego de la prohibición dispuesta por el gobierno a la exportación de aceite comestible, uno de los principales productos de la industria asentada en Santa Cruz.
"El proyecto que planteamos el año pasado estaba orientado a profundizar la democracia y a definir la crisis política en las urnas y no con violencia", precisó Morales.
"Las diferencias de opinión entre autoridades deben resolverse en el marco de la legalidad y la constitucionalidad, y no mediante referendos que no respetan a las instituciones y las normas vigentes en el país", añadió, en directo cuestionamiento a la consulta realizada el domingo en Santa Cruz sin la aprobación de la Corte Nacional Electoral y contra lo establecido en la Constitución.
Ahora, tras la rebeldía declarada por las cortes departamentales electorales de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija respecto de la Corte Nacional Electoral y su debilitado directorio, la duda surge entre los partidos políticos, que se preguntan sobre el futuro de la institución encargada de los referendos revocatorios.
Las advertencias de la Corte Nacional Electoral acerca de la ilegalidad de los referendos departamentales por los estatutos autonómicos no fue escuchada y su propio directorio enfrenta diferencias de opinión, precipitándola en una crisis.
