México despliega una agresiva estrategia dirigida a evitar la ejecución de sus compatriotas en Estados Unidos, pero hasta ahora ha fracasado. De poco ha servido ganarle al país vecino una batalla jurídica internacional, gastar miles de dólares en abogados y hasta pedir clemencia.
El 5 de agosto es la fecha fijada por un tribunal del meridional estado estadounidense de Texas para la ejecución del inmigrante mexicano José Medellín, mientras que otros 50 de igual nacionalidad continúan a la espera de que se defina cuándo serán llevados al cadalso.
"México no debe ni puede bajar la guardia, pero ciertamente se le han ido agotando los recursos", dijo a IPS Alberto Herrera, portavoz en México de la oficina de la organización no gubernamental Amnistía Internacional.
Medellín, detenido en 1993 por violar y asesinar junto a sus compañeros de pandilla a dos adolescentes, camina a ser el séptimo inmigrante mexicano en ser ejecutado desde comienzos de los años 70.
Para Fabián Sánchez, consultor privado en temas de derecho humanos, ahora "es el momento de una intervención directa del presidente mexicano (Felipe Calderón), luego de que todos los recursos fracasaron".
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"La presión debe crecer al máximo, no hay más salidas", advirtió Sánchez ante IPS. Este consultor fue hasta 2007 director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
La definición de la fecha en que morirá Medellín se conoció luego que el 25 de marzo la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos se negó a acatar un falló de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre los mexicanos condenados a muerte en ese país.
Ese alto tribunal mundial con sede en La Haya dictaminó a fines de marzo de 2004 que Estados Unidos violó los derechos de 51 mexicanos en los respectivos casos que los llevaron a ser sentenciados a muerte, por no garantizarles la posibilidad de asistencia consular al momento de ser detenidos y procesados.
Con ese argumento, ordenó revisar los casos, entre ellos el de Medellín.
"Las cortes de Estados Unidos vulneran e ignoran de forma abierta el derecho internacional, pero las ventanas de impugnación y denuncia siguen abiertas y México debe usarlas", dijo el portavoz de Amnistía Internacional, el grupo con sede en Londres.
Sánchez exhibió una posición similar. "Es inaudito que Estados Unidos no acate un fallo internacional tan importante, por eso debería salir el presidente Calderón a denunciarlo".
La cancillería mexicana lamentó la resolución sobre Medellín y afirmó que el gobierno "agotará todos los recursos a su alcance para que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones internacionales y se revise y reconsidere la sentencia conforme lo dispone el fallo Avena (como se conoce a la resolución de la CIJ)".
En junio de 2006, el inmigrante mexicano Ángel Maturino fue ejecutado mediante inyección letal también en el estado de Texas, donde permanecía desde 1999. Había sido condenado a pena de muerte por un asesinato y violación cometidos en 1998.
Aunque Maturino no era parte de los mexicanos a los que autoridades policiales y judiciales habían negado sus derechos consulares, tal como dictaminó la CIJ, el gobierno mexicano hizo todo lo posible por evitar su ejecución, incluso con un pedido de clemencia de último minuto.
Este mexicano fue ejecutado a pesar de que un grupo de expertos declaró que era incapaz mental. El juez que ordenó cumplir el fallo concluyó que "era los suficientemente competente".
El gobierno mexicano despliega desde hace ocho año una intensa actividad diplomática y jurídica dirigida a evitar la ejecución de sus compatriotas en Estados Unidos. La estrategia, que incluye la contratación de abogados privados, insume gastos por miles de dólares.
En ese escenario, la resolución de la CIJ fue considerado un logro histórico. Sin embargo, los jueces de Estados Unidos se negaron a acatarlo aún cuando el presidente de ese país, George W. Bush, instó a las cortes a atender el fallo.
Amnistía Internacional indica que desde 1988 fueron ejecutados en Estados Unidos alrededor de 20 ciudadanos extranjeros a quienes fueron negados sus derechos consulares después de su arresto.
Según el artículo 36 de la Convención Sobre Relaciones Consulares de Viena de 1963, las autoridades están obligadas a informar a los detenidos extranjeros de su derecho a comunicarse con el consulado de su país y pedir asesoría.
La CIJ concluyó que esa disposición se violó en los casos de los 51 mexicanos que esperan ser ejecutado en Estados Unidos.
