La raza del reo fue un factor «real» en la condena a muerte de cientos de acusados en un condado del meridional estado de Texas, según una investigación de inminente publicación en Estados Unidos.
El estudio muestra que los acusados negros tuvieron más posibilidades de ser condenados a muerte que los blancos, según Scott Phillips, profesor de sociología y criminología de la Universidad de Denver.
Los negros también tuvieron más posibilidades de ser condenados a muerte por crímenes menos graves que los acusados blancos.
"Mi investigación sugiere que las disparidades raciales son reales", dijo Phillips a IPS. La versión completa de la investigación se publicará en Houston Law Review en el otoño boreal.
Phillips analizó la incidencia de la raza en 504 casos en los cuales el fiscal del condado de Harris pidió el máximo castigo, entre 1992 y 1999.
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Desde la restauración de la pena de muerte en Estados Unidos en 1976, en esa localidad se realizaron 102 ejecuciones de las 1.100 llevadas a cabo en todo el país. Si se tratara de un estado, este condado superaría a todos los demás, excepto, obviamente, Texas.
En Harris "hubo más probabilidades de que se dictara la pena máxima contra un acusado afroestadounidense que contra uno blanco", según Phillips. Por cada 17 condenados negros hubo 12 blancos.
El estudio arrojó pruebas de discriminación en los casos de pena capital al comparar juicios sobre la base de la vulnerabilidad de las víctimas y la brutalidad del delito. El criterio de gravedad para pedir el máximo castigo se fijo más alto en los casos de acusados blancos.
"La disparidad racial quedó en evidencia tras analizar la seriedad del delito", dijo Phillips. "Imponer un castigo igual contra delitos desiguales es imponer un castigo desigual."
"Es un resultado perturbador", comentó Richard Dieter, director del Centro de Información sobre Pena de Muerte. "El condado de Harris es donde ocurrieron los peores problemas. El fiscal general pidió la pena de muerte casi en cada caso que reunía los requisitos."
"No me sorprende", dijo a IPS Taft Foley, director de asesoramiento legal de la oficina de Houston de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones pioneras por los derechos civiles de los negros en los años 60.
Las estadísticas recogidas en el condado de Harris también mostraron que la pena de muerte "se aplicó más en los casos de víctimas blancas que negras", apuntó.
Esa conclusión es "común" y apareció en más de 20 investigaciones hechas en todo el país, informó el periódico The New York Times el 29 de abril.
"Tenemos la tendencia a tener una 'perspectiva' racial, seamos o no conscientes de ello", comentó Taft, y mencionó estereotipos de negros que inspiraron temor sólo por eso.
"Los casos de víctimas blancas y acusados negros son los más temidos en la comunidad", añadió Dieter. "Los fiscales y los jueces son blancos. No sé si es intencional, pero ven al acusado como un peligro. Eso pesa cuando, además, se añade el factor racial."
La fiscalía de distrito del condado de Harris no quiso hacer comentarios acerca de la investigación de Phillips, que no ha sido publicada aún.
Pero el asistente de fiscal Scott Durfee insistió en que las decisiones han sido neutrales desde el punto de vista racial. Las formalidades y procedimientos se mantienen idénticos desde principios de los 80.
"El fiscal de distrito evalúa la calidad de las pruebas, las posibilidades de éxito en el juicio y en la apelación y si habrá, o no, justicia, al pedir la pena de muerte", explicó a IPS.
En 1987, en el caso de McCleskey vs. Kemp, la Corte Suprema de Justicia estadounidense consideró que las pruebas estadísticas que muestran disparidades raciales en las condenas a muerte no pueden usarse para evitar ejecuciones, y que esa evidencia no viola la Constitución.
El fallo fue ajustado, cinco contra cuatro, y los cuestionamientos jamás cejaron.
El estudio de Phillips añade elementos de debate.
En abril, el juez de la Corte Suprema John Paul Stevens mencionó el caso McCleskey versus Kemp al justificar su voto a favor de la reanudación de las ejecuciones por inyección letal en Estados Unidos.
Las ejecuciones estuvieron suspendidas siete meses mientras el alto tribunal estudiaba recusaciones a su constitucionalidad.
La "significativa preocupación" por el riesgo de discriminación se redujo de forma "drástica" tras el caso McCleskey vs. Kemp, señaló el juez Stevens.
Pero el tribunal permitió que siguiera desempeñando un papel "inaceptable en los casos de pena capital", añadió, al parecer para distanciarse del fallo.
Activistas contra la pena de muerte aguardan con interés la publicación de la investigación.
