Al revelar el número de personas condenadas a muerte que aguardan su ejecución, el gobierno de Afganistán despertó dudas sobre los procesos judiciales que llevan a la aplicación de la pena capital.
La Corte Suprema de Justicia afgana informó que ha confirmado la condena a muerte de alrededor de 100 personas, condenadas por delitos como secuestro, toma de rehenes, robo a mano armada, asesinato y violación..
"Esa es la cifra estimada del total de personas en el 'pabellón de la muerte', dijo a IPS Elaine Pearson, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York.
Señaló, asimismo, que no se difundió la identidad de los condenados ni el lugar en que se encuentran detenidos.
La Comisión de Derechos Humanos de Afganistán septentrional confirmó que no había recibido información más detallada. "Tan pronto como tengamos los nombres los entregaremos a la prensa", dijo a IPS Qazi Sayed Mohammed.
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Cada uno de los casos, agregó, será evaluado para comprobar si en los juicios se aplicaron los estándares aceptados internacionalmente.
Expertos legales independientes, sin embargo, señalaron que esas 100 personas no tuvieron un juicio justo y sugirieron que la Corte Suprema debería haber revertido las sentencias.
"Todos los casos se desarrollaron en procesos cerrados, sin observadores, y en la mayoría de ellos los acusados no contaron con asistencia de un abogado", informó a HRW Wadi Safi, profesor de derecho público internacional en la Universidad de Kabul.
En los tribunales regionales, agregó, es habitual que los procesados no tengan acceso a las evidencias que se utilizarán contra ellos.
"Todo indica que no existe un debido proceso, no sólo cuando se trata de la pena de muerte sino en gran parte de los juicios penales", señaló Pearson.
Pero miembros de la Corte Suprema aseguran que jueces "profesionales" presidieron los juicios en que se aplicó la pena de muerte, en procedimientos a los que calificaron de "transparentes".
"Tenemos un equipo profesional capaz de tomar decisiones firmes y correctas", dijo a IPS el juez Abdul Rashid Rashed, integrante de la Corte Suprema. Agregó que todas las sentencias fueron tomadas en base a la sharia (ley islámica).
El sistema legal afgano fue blanco de fuertes críticas por la condena a la pena de muerte en enero del periodista Sayed Parwez Kambakhsh, acusado de descargar de Internet y hacer circular un artículo crítico de las enseñanzas de Mahoma sobre el lugar de las mujeres en la sociedad. Los detalles del caso jamás fueron claros.
"Nunca tuvo la asistencia de un abogado. La familia señaló que fue amenazado y golpeado mientras estaba detenido", dijo Pearson.
Kambakhsh, condenado en un tribunal de la remota provincia septentrional de Balkh, ha sido trasladado a Kabul, según informes de prensa. Funcionarios del gobierno del presidente Hamid Karzai han dicho que será liberado en breve.
Su caso recibió amplia difusión internacional como un ejemplo de la costumbre de los jueces de Asia central de dictar sentencias de acuerdo a sus ultraconservadoras creencias religiosas.
En este caso, Internet se convirtió en un símbolo de un modelo de sociedad alternativo, secular y de estilo occidental.
En 2006, Karzai designó varios nuevos integrantes de la Corte Suprema, más jóvenes y aparentemente sin vínculos con los islamistas conservadores. También nombró como presidente del tribunal a Abdul Salam Azimi en reemplazo del conservador Faisal Ahmad Shinwari.
En Afganistán, los miembros de la Corte Suprema ejercen gran influencia en la selección de jueces de los tribunales de menor rango, a quienes dictan indicaciones sobre cómo proceder en cada caso.
La designación de Azimi, quien recibió parte de su educación en Estados Unidos, despertó grandes sobre eventuales cambios, sin llegar a una masiva purga de magistrados que ocupaban puestos desde el desplazamiento de la islamista milicia Talibán del poder, consecuencia de la invasión liderada por Estados Unidos en 2001.
La ratificación de las 100 condenas a muerte por parte de la Corte Suprema reavivó el debate sobre la pena de muerte en Afganistán.
Karzai se sumó a la polémica al manifestarse contrario a su aplicación. Dijo que su gobierno se estaba moviendo muy lentamente respecto de la ejecución de las sentencias. Según la Constitución, hace falta la autorización presidencial para llevar a cabo los fusilamientos.
"Me alegra escuchar que los talibanes se oponen a las ejecuciones. Espero que también tengan piedad de las personas", afirmó. El 27 de abril Karzai sobrevivió a un intento de asesinato a manos de los insurgentes islámicos.
"El presidente debe suspender la pena de muerte en forma inmediata. Nos oponemos a ella en Afganistán, Estados Unidos o cualquier otro país", afirmó Pearson.
Aunque no cree que haya ejecuciones inminentes, señaló que fuentes locales informaron a HRW que 15 personas podrían ser fusiladas en 2008 si Karzai cede ante la presión de "algunos individuos poderosos".
"Afganistán es un país independiente", argumentó el fiscal de la ciudad de Mazar-e Sharif, Mohammad Usman. "Por lo tanto, no debe haber interferencias con las decisiones de la Corte Suprema, que ha tomado las correctas en estos casos", agregó.
Según Ustad Norollah, profesor de la Universidad Balkh, "hay muchos otros criminales en este país que deberían ser condenados a muerte".
Surgen voces de disenso, aunque escasas. La estudiante de periodismo Arzoo Geso relató a IPS que en una oportunidad vio una ejecución, porque la televisión afgana controlada por el Estado las transmite.
"No pude dormir por varios días. Creo que la cadena perpetua es una mejor alternativa", afirmó.
