México es protagonista de varios de los capítulos que van engrosando la trama de dudas, suspenso y crisis diplomática en que derivó el ataque militar del 1 de marzo de Colombia a un campamento de la guerrilla de ese país en Ecuador. Ahora aparece un presunto nuevo sobreviviente.
El mexicano Glen Cerda, quien afirma haber estado en el destruido campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), comenzó a ser interrogado este viernes en su país.
De este modo se sumaría al grupo de mexicanos presentes en ese sitio cuando el ataque, del que hasta ahora la única sobreviviente confirmada de esa nacionalidad es Lucia Morett, quien se asiló en Nicaragua poco antes de que el juez de la norteña provincia ecuatoriana de Sucumbíos, Pedro Bolaños, ordenara su detención por presunto atentado contra la seguridad del Estado.
Cerda, de 28 años, afirmó además en Costa Rica, desde donde fue deportado el jueves por no tener documentos migratorios, que eran 33 los mexicanos y mexicanas que estaban en el campamento de las FARC y no sólo cinco como se suponía.
Las informaciones disponibles hasta el momento indican que, aparte de las heridas recibidas por Morett, el operativo militar colombiano mató a cuatro mexicanos.
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El joven que llegó en la víspera a México, quien según sus familiares afincados en la norteña ciudad de Monterrey es un maestro de ajedrez, indicó que él y otros compatriotas pudieron huir del campamento hacia territorio colombiano gracias a la ayuda de guerrilleros de las FARC.
También indicó que varios de ellos fueron a Panamá y otros siguieron hacia otros países centroamericanos. En particular, Cerda afirmó que pretendía llegar a Nicaragua para pedir asilo, pero fue detenido en Costa Rica, cerca de la frontera entre ambos países.
Pero el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, manifiestas sus dudas sobre las afirmaciones de Cerda. "Es muy extraño que este señor aparezca con esta versión y que las autoridades mexicana en seguida le den la calidad de testigo", dijo a IPS.
Esta organización no gubernamental humanitaria apoya a los familiares de los fallecidos mexicanos Juan González, Fernando Franco, Soren Ulises Avilés y Verónica Velásquez en su demanda contra Colombia por lo que consideraron fue una "masacre injustificada".
En el bombardeo y posterior incursión de fuerzas militares colombianas en una zona fronteriza y selvática de Ecuador cercana a la frontera común murieron 25 personas, incluido el integrante del secretariado de las FARC, "Raúl Reyes", considerado su portavoz internacional.
El ataque ordenado por Bogotá al campamento, sin aviso previo al gobierno ecuatoriano, provocó la ruptura de relaciones entre los dos países y una aguda crisis política en la región andina.
Colombia afirma haber incautado en el lugar computadores de Reyes, cuyos contenidos según una investigación de la Policía Internacional (Interpol) no fueron alterados. Sin embargo, la misma Interpol advirtió que el manejo "no técnico" de esos archivos en las 52 horas iniciales dificulta su validación como pruebas judiciales.
El gobierno colombiano de Álvaro Uribe afirma que en esos archivos informáticos hay documentos que indicarían que los mandatarios Rafael Correa, de Ecuador, y Hugo Chávez, de Venezuela, tuvieron cercanas relaciones con las FARC.
Los cuatro estudiantes universitarios mexicanos que murieron en el ataque y Morett integraban grupos que profesan simpatías hacia las FARC. Empero, no hay ninguna prueba incontrovertible que indique que tenían una relación orgánica con esa guerrilla, la mayor de Colombia.
Para Ramírez, el surgimiento de Cerda como un testigo del ataque contra las FARC se da en un marco de investigaciones policiales que desde su punto de vista están dirigidas a "criminalizar" a los mexicanos muertos.
La organización de este activista da por cierta la versión de que eran estudiantes que llegaron al campamento en un afán académico, cuyo único propósito era conocer de cerca la experiencia de la insurgencia colombiana.
La Procuraduría (fiscalía) General de México realiza desde el 4 de marzo una investigación dirigida a dilucidar qué hacían los mexicanos en el campamento de las FARC, al que el gobierno de este país, del conservador Felipe Calderón, considera sólo un grupo delictivo vinculado al tráfico de drogas. Las pesquisas continúan y no hay hasta el momento conclusiones.
La fiscalía también conoce una denuncia que contra Morett y otros mexicanos interpuso el llamado Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Esta organización no gubernamental, que aglutina a abogados y empresarios, sostiene que hay evidencia suficiente para sostener que la sobreviviente y sus compañeros eran parte de las FARC.
Morett, quien fue rescatada por soldados ecuatorianos y tratada con especial deferencia por el gobierno de Correa, había asistido en Quito, antes de viajar al campamento de las FARC, al II Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, un ámbito de encuentro de grupos izquierdistas latinoamericanos.
No se sabe si Cerda también asistió a esa reunión. El joven declaró a medios de comunicación de Costa Rica, que tenía vínculos con las FARC y que era miembro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en es estado del sur de México.
Pero esa organización de Oaxaca, que fue protagonista de un levantamiento social en 2006, negó conocer a Cerda y rechazó cualquier intento por tratar de involucrar a su grupo con las FARC.
"Yo no diría que todo lo derivado del ataque de Colombia se asemeja a una telenovela, pero ciertamente hay una gran cantidad de irregularidades y de manejos oscuros", señaló Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.
En cuanto a Cerda, insistió en que su aparición es "muy extraña" y pidió a la estatal Comisión Nacional de los Derechos Humanos acompañar al mexicano en su proceso de testificación y en los potenciales cargos que se le imputen.
En cuanto a Morett sostuvo que no hay pruebas que indiquen que se culpable de nada.
Pero en Ecuador, Wirmar Gonzabay, el fiscal a cuyo pedido actuó el juez de Sucumbíos, donde se registró el ataque de las FARC, declaró que "existen suficientes argumentos para imputar a las tres mujeres por delitos en contra de la seguridad interior del Estado".
Las mujeres son, además de Morett, las colombianas Martha Pérez Gutiérrez y Doris Torres Bohórquez, también sobrevivientes del ataque y asiladas en Nicaragua. Las tres, que fueron acogidas en hospitales de Quito, no iban a ser acusadas de ningún delito, según había declarado previamente el presidente Correa.
Sin embargo, más de dos meses después de los hechos y ya cuando las mujeres dejaron Ecuador, aparece la acción de la justicia de ese país.
Morett viajó el 16 de abril a Managua, donde recibió refugio del gobierno de ese país. En tanto, Gutiérrez y Torres dejaron Ecuador el 11 de mayo en avión de la Fuerza Aérea de Nicaragua con destino a ese mismo país.
Medios de comunicación ecuatorianos dieron a conocer en las últimas semanas supuestos videos e informes militares, que no han sido avalados por autoridades, que indicarían que Morett y algunos de los mexicanos fallecidos en el ataque contra las FARC sí tenían vínculos con esa guerrilla desde hace tiempo atrás.
