El debate en Bolivia centrado en la autonomía reclamada por seis departamentos ha debilitado las demandas de reivindicación y «descolonización» postuladas por los pueblos originarios, que miran preocupados el desenlace del enfrentamiento entre el gobierno y la oposición derechista.
El aymara Evo Morales, del izquierdista Movimiento al Socialismo, llegó a la presidencia de Bolivia el 22 de enero de 2006, tras ganar las elecciones generales del 18 de diciembre de 2005 con 53,7 por ciento de los votos, llevando en alto el proyecto surgido de los pueblos indígenas por mayores reivindicaciones y participación en las decisiones del Estado.
Pero la agenda inicial, que comprendía la inmediata incorporación de las demandas indígenas en la Constitución, está bloqueada por la demora en poner a referendo el texto aprobado en diciembre por la Asamblea Constituyente.
Entre diciembre y mayo, los movimientos autonomistas de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, la llamada media luna oriental, se convirtieron en tenaces opositores al gobierno de Morales.
Tras desconocer el proyecto de Constitución nacional, aprobado en la Asamblea sólo por la mayoría simple de los delegados oficialistas, elaboraron los estatutos departamentales para administrar por cuenta propia sus recursos naturales, el cobro de impuestos, legislar sobre la tierra y crear sus propios mecanismos de seguridad interna.
El departamento de Santa Cruz celebró, el 1 de este mes, un referendo de ratificación a sus estatutos, lejos del marco legal y constitucional del Estado boliviano.
La Corte Electoral santacruceña aseguró que 85 por ciento de los votantes respaldaron el contenido del proyecto estatutario, pero el gobierno de Morales hace otra lectura al señalar que sumados los sufragios por el No, en blanco y la abstención se llega a 50 por ciento del padrón de habilitados, a los cuales asigna el papel de rebeldía frente a la descentralización.
El 1 de junio, los departamentos de Beni y Pando imitarán a Santa Cruz y el 22 de junio le llegará el turno al meridional Tarija.
"Estamos en pie de lucha y las demandas de los pueblos originarios no podemos rifarlas ni perderlas", señaló a IPS la asambleísta Esperanza Huanca, representante de la circunscripción 40, una región localizada en la zona de mayor pobreza del sudoccidental departamento de Potosí.
Pero las aspiraciones de reivindicación de los derechos indígenas también se ven afectadas por la convocatoria a un referendo revocatorio del mandato presidencial, del cargo de vicepresidente y de los nueve prefectos (gobernadores), previsto para el 10 de agosto, que terminó alterando definitivamente la agenda del presidente Morales.
Los sectores afines del gobierno que buscaban el respaldo popular para la aprobación del nuevo texto constitucional en un referendo ahora han volcado toda su atención a la campaña por obtener la ratificación en su cargo del presidente Morales a poco más de la mitad de su mandato de cinco años, para lo cual se debe repetir el 53,7 por ciento de apoyo electoral.
"Sabemos que nuestras conquistas se han logrado derramando sangre y como pueblos indígenas estamos en busca de cambios y de mejores condiciones de vida para acabar con la pobreza y esclavitud", puntualizó Huanca, una mujer que llegó a la Asamblea Constituyente con la esperanza de recomponer la antigua y precolombina organización comunitaria de marcas y ayllus.
El proyecto de nueva Constitución sólo reconoce las autonomías departamentales, municipales, regionales e indígenas, agrupando en torno a esta última a los pueblos originarios y en función del espacio geográfico que ocupan actualmente, lejos de la vieja organización a la que aspiraban.
"La derecha ha tenido mayor capacidad de organización para imponer y perpetuar un antiguo proyecto capitalista y colonial", admitió en una declaración a IPS el sociólogo Félix Patzi, ex ministro de Educación de la actual administración de Morales.
En la descripción del cuadro general de la política, Patzi observa al gobierno "arrinconado" por una derecha posicionada en cuatro de los nueve departamentos, con una fortaleza que lleva a imaginar su dominio sobre el gobierno nacional y los sectores populares que lo respaldan.
Frente a esta percepción, el ex colaborador de Morales anuncia que el referendo revocatorio del 10 de agosto, en el cual se pondrá a prueba la popularidad del mandatario indígena y los prefectos, determinará el lado al cual se inclinará la balanza de las preferencias expresadas en las urnas.
Una ratificación de Morales en la presidencia de Bolivia demostrará que éste aún tiene peso frente a la oposición, pero si los cuatro departamentos dominados por los autonomistas reciben la adhesión del occidental La Paz y el central Cochabamba, se encaminarán a la imposición de acciones basadas en una legitimidad concedida por el plebiscito, explicó.
Pero si el electorado ratifica en sus funciones no sólo a Morales y a su vicepresidente, sino también a los prefectos, nada habrá cambiado y ello demostrará una debilidad del gobierno, explicó.
Consultado acerca de las postergadas demandas indígenas, Patzi entiende que los movimientos sociales de base tienen el convencimiento de que no cuentan con un líder capaz de responder a un proyecto de transformación y anticipa que los sectores indígenas ya piensan en un representante de su pueblo pero "letrado" (con preparación académica).
Patzi también cuestiona al gabinete ministerial de Morales, porque "no interpretan el proyecto de descolonización de los sistemas comunitarios". "Nunca han entendido el proyecto y se han inclinado por un antiguo modelo de izquierda tradicional que pasa por la estatización de empresas", detalló.
A Morales se le asigna el papel de dirección de un proyecto de transición histórica a las transformaciones, pero no se le reconoce al antiguo líder de los cultivadores de coca como verdadero protagonista del cambio.
El ex funcionario sostuvo que es análisis surge de una consulta de opiniones de personas de base, sin representatividad sindical, y resta importancia a la posición que expresan los dirigentes porque se alinearon de manera militante a la corriente del Movimiento al Socialismo (MAS).
Morales "es un indígena en el poder, pero (las bases) comprenden que no es capaz de llevar adelante las transformaciones por ciertas limitaciones", expresó.
A diferencia del anterior comentario, la constituyente Huanca interpreta las acciones de la derecha como un intento de derrocar al gobierno nacional y reitera la disposición de luchar por alcanzar la representación directa en los poderes del Estado, el derecho a la tierra-territorio que "guardan los sueños de los pueblos indígenas".
