La Unión Europea se ha planteado convertirse en una fortaleza a la que no puedan entrar extranjeros sin permiso previo, pero la realidad muestra cada día que la presión inmigratoria no cede ni cederá, aunque para muchos ciudadanos del Sur esto significa enfrentarse a la expulsión o la muerte.
La expulsión ya es llevada a la práctica en varios países del bloque, incluida España, aunque todavía no puedan ser devueltos a sus países de origen todos los inmigrantes que se encuentren en situación irregular. Las muertes se producen tanto en el tránsito al país de destino, antes de llegar o al estar trabajando ya en el país de acogida.
Y esto es lo que sucedió este lunes en la oriental ciudad española de Valencia, ubicada en la costa norte del mar Mediterráneo, donde cuatro trabajadores murieron al derrumbarse el encofrado de unos pilares de las obras de un nuevo y masivo estadio deportivo.
El sector de la construcción es el que ocupa a más trabajadores inmigrantes, tengan sus papeles de residencia en regla o no y es también en el que más accidentes se registran. En el ocurrido este lunes murieron un ecuatoriano, un boliviano y dos españoles.
Otras muertes que se suceden un día sí y otro también se producen en alta mar, sea por hambre, enfriamiento o por naufragio de las frágiles embarcaciones conocidas como "cayucos" y en las que grandes cantidades de emigrantes africanos se trasladan desde las costas noroccidentales de ese continente hacia las españolas Islas Canarias.
En 2007 arribaron a las costas españolas 18.057 cayucos, registrándose la muerte de 921 personas en ese trayecto, cifra que puede ser mayor debido a que muchas veces los muertos por hambre, sed o enfermedades que se producen mientras navegan suelen ser arrojados al mar y nadie registra el nombre o la cantidad de fallecidos en esas circunstancias.
Sólo trascienden si en la misma embarcación viajan amigos o familiares de las víctimas.
Pero la muerte también puede llegar por decisión propia, cuando la situación se torna insostenible. Tal es el caso de 10 indios y 35 argelinos que desde el 12 de este mes se encuentran en huelga de hambre en reclamo de trabajo en Melilla, ciudad española enclavada en la costa sur del mar Mediterráneo.
Al borde de la desesperación, uno de ellos intentó suicidarse el sábado arrojándose al agua, pero cuando ya se estaba ahogando un pescador lo obligó a subirse a un bote y salvó su vida.
Mientras la huelga continúa, las autoridades se limitan a enviar servicios sanitarios de emergencia a las personas que se van deshidratando para inyectarles suero fisiológico, buscapina y ranitidina.
A fines de 2007, residían en España unos 4,5 millones de extranjeros, alrededor de un millón de los cuales no tenía papeles que regularizaran su residencia para poder acceder a un puesto de trabajo mediante contrato, ni aportar a la seguridad social para gozar de los derechos que ésta le otorga, como el pago de subsidio por desempleo o la acumulación de años para obtener, llegado el momento, a su jubilación.
No obstante, en el primer trimestre de 2008 y a pesar de la desaceleración económica, se regularizaron en España 213.821 inmigrantes, lo cual elevó la cifra de poseedores de tarjeta de residencia a 4.192.835, según datos del Ministerio del Interior.
La desaceleración en aumento de la economía europea, de la que España no escapa, incide sobre esa cuestión, pues la cifra de desocupados asciende ya a un cuarto de millón de personas.
En esa cifra no están contemplados los inmigrantes sin trabajo que no cuentan con documentos de residencia, precisamente por no estar registrada su anterior contratación y porque no pueden acogerse al subsidio por desempleo.
María Jesús Gallego, subdirectora de información del Ministerio del Interior, dijo a IPS que España apoya la ley que está en vías de aprobación en la Unión Europea (UE), porque no modificará su propia legislación.
Puso como ejemplo que la norma europea dispondrá que ningún inmigrante pueda ser retenido en centros de refugiados, algunos de los cuales son verdaderas cárceles, más de seis meses, siendo que en la actualidad algunos países pueden tenerlos hasta un año y algunos por tiempo indefinido.
Al respecto, señaló que en España la legislación pone como plazo máximo 40 días, "que puede llegar a ser modificado basándose en la ley europea, pero sólo por unos días más, quizás totalizando 60". Y eso, explicó, "porque 40 días no suelen alcanzar para llegar a un acuerdo de repatriación con el país de origen y al traslado de los inmigrantes al mismo".
El gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero acepta en líneas generales la reforma aprobada por la UE el jueves de la semana pasada, pero rechaza la idea de la llamada "Fortaleza Europa", que impulsa el primer ministro de Italia, el derechista Silvio Berlusconi.
La reforma aprobada, que entrará en vigor en 2010, dispone que un inmigrante sin papeles pueda ser retenido hasta 18 meses en una cárcel próxima a una pista del aeropuerto de llegada y que una vez expulsado tenga vetada la entrada a la UE por cinco años.
Pero el Parlamento Europeo tiene previsto aprobar en junio más medidas restrictivas, entre ellas una para sancionar "con castigos penales" a quienes empleen trabajadores que carezcan de papeles que los regularicen.
Sobre este tema ha sido categórico Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, quien señaló a IPS que la nueva normativa está provocando "un deterioro progresivo de los derechos humanos".
Por ello Amnistía pidió a Zapatero que se pronuncie claramente en favor de cambiar el texto y hacer todo lo posible en el Parlamento Europeo para que éste no resulte aprobado, indicó.
Beltrán puntualizó que una ley que limite la asistencia jurídica gratuita y autorice a retener presos a inmigrantes durante un año y medio será "excesiva, desproporcionada e inaceptable, pues permitiría detener a adultos, familias e incluso a niños".
No obstante, la UE sostiene que incrementará su política. Con el objetivo de detener los cayucos, desde el 1 de febrero funciona en aguas africanas y canarias la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (Frontex). La integran efectivos italianos, españoles y portugueses, que reciben además el apoyo de embarcaciones destinadas por Mauritania, Senegal y Cabo Verde.
El ministro del Interior de España, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien se encuentra de visita oficial en Mali, llegó este lunes a un acuerdo con el gobierno local por el cual se preparará un protocolo de selección para que antes de finalizar el año puedan llegar a trabajar España los primeros jóvenes malienses con un contrato de trabajo previo gestionado en ese país africano.
La principal fuerza de oposición de España, el centroderechista Partido Popular, manifestó el domingo, por boca del consejero (ministro) de Inmigración y Ciudadanía de Valencia, Rafael Blasco, que los extranjeros "han sido, son y serán un factor de dinamismo incuestionable, tanto para el progreso económico como para el enriquecimiento cultural".
Sin embargo, reclama y apoya a su vez, que se constituya la "Fortaleza Europa", afirmando que "el descontrol del flujo migratorio, sin tener en cuenta el mercado de trabajo, es una absoluta responsabilidad y una bomba de relojería. Hay que venir con un contrato. Así será más fácil trabajar, convivir e integrarse", declaró al conservador diario ABC.
