Estados Unidos debe reconocer que su dominio sobre América Latina llegó a su fin y tomar en cuenta los intereses de la región, según el Consejo para las Relaciones Internacionales, uno de los centros de estudios especializados más influyentes del país.
El más reciente informe del Consejo se conoce mientras transcurre la carrera hacia las elecciones presidenciales de noviembre, y podría influir en la política internacional del gobierno estadounidense que se instalará el 20 de enero de 2009.
El estudio de 76 páginas, difundido este miércoles, postula el levantamiento del embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba hace 46 años e iniciar negociaciones con ese país sobre una serie de asuntos de interés común.
Además, propone tratar en ámbitos multilaterales los problemas con el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez, aunque sin cerrar los canales bilaterales.
"No deberíamos intentar aislar a Chávez", dijo Charlene Barshefsky, representante comercial de Estados Unidos durante la presidencia de Bill Clinton (1993-2001) y copresidenta del equipo que elaboró el informe. "Eso sólo lo fortalecería", agregó.
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El estudio recomienda, asimismo, profundizar la relación estratégica con Brasil y México, a los que identifica como los países líderes de la región.
Estados Unidos también debe aceptar que las naciones latinoamericanas saben qué es lo mejor para ellas y que, a causa de sus crecientes lazos con potencias ajenas a América, fundamentalmente la Unión Europea y China, no aceptarán automáticamente la dirección o el consejo de Washington.
"La política hacia la región no puede continuar basándose sobre la noción de que Estados Unidos es el actor externo más importante para América Latina", destaca el estudio, titulado "Una nueva dirección para una nueva realidad".
"Si hubo una era de hegemonía estadounidense en América Latina, ya pertenece al pasado, pero el marco de toma de decisiones políticas no ha cambiado lo suficiente como para reflejar la nueva realidad", agrega.
El estudio fue realizado por un equipo de expertos presidido por Barshefsky y el general James T. Hill, ex jefe del Comando Sur, el órgano de las fuerzas armadas estadounidenses con jurisdicción sobre América Latina.
Dado que cuestiones vinculadas con América Latina, como el comercio y la inmigración, se han convertido en temas de la campaña electoral estadounidense, el informe también podría influir en el debate entre los aspirantes a la presidencia.
Para lograr la atención de los dos partidos mayoritarios, el gobernante Republicano y el opositor Demócrata, el equipo que elaboró el estudio estuvo integrado por 19 miembros, muchos de ellos ex altos funcionarios en gobiernos anteriores de ambos sectores.
Así como la noción de la hegemonía de Estados Unidos en América Latina ha quedado perimida, el énfasis puesto por este país al cabo de la Guerra Fría en el comercio, la democracia y la lucha contra las drogas se ha vuelto una base inadecuada para las relaciones con la región, destaca el informe.
También acusa al presidente George W. Bush de haber ignorado las necesidades latinoamericanas en el periodo que siguió a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, que causaron 3.000 muertes.
Pero incluso antes de los atentados, la política estadounidense operaba con una suerte de "piloto automático" en lo que respecta a América Latina, señaló Hill.
"Asumimos una actitud de 'dejar hacer, dejar pasar'. Nos veíamos como el poder hegemónico que podía imponer su voluntad. Pero Estados Unidos ya no es más la 'piedra de toque' que fue para la región en su momento", agregó.
Aunque las tres preocupaciones fundamentales de Washington en la región —comercio, democracia y lucha antidrogas— continúan siendo relevantes, el estudio recomienda articularlas en torno de cuatro áreas clave: pobreza y desigualdad, migraciones, seguridad energética y seguridad pública.
Estos temas no sólo tienen que ver con los intereses de Estados Unidos, sino que también son de preocupación inmediata para los gobiernos y ciudadanos de América Latina.
Barshefsky señaló que la integración entre ambas partes alcanzó un punto en el que las grandes cuestiones de interés para la región también son temas domésticos en la política estadounidense.
"Estamos integrados. La cuestión es ver cómo aseguramos que esa integración sea positiva y el hemisferio progrese", agregó.
En cuanto a la reducción de la pobreza y la desigualdad, el estudio recomienda que el próximo gobierno estadounidense llame a una "cumbre", con participación pública y privada, para pasar revista a las "mejores prácticas" en la región y demostrar voluntad cooperadora con América Latina.
También reclama un incremento en la ayuda destinada a la reducción de la pobreza, financiando completamente la Cuenta de Cambio del Milenio, fondo creado hace cuatro años que recompensa a los gobiernos que emprenden profundas reformas económicas y en la gobernanza.
Asimismo, plantea expandir el apoyo al desarrollo de las microempresas y cambiar el sentido de la ayuda en la lucha antidrogas del actual, fuertemente militarizado, hacia las producciones alternativas y el desarrollo rural.
El estudio enfatiza que los programas de reducción de la pobreza deben "reflejar las prioridades de los gobiernos latinoamericanos". Por otra parte, insta al Congreso legislativo en Washington a aprobar acuerdos pendientes de libre comercio con Colombia y Panamá, al igual que a extender preferencias comerciales adicionales a Bolivia y Ecuador.
El objetivo es "fomentar las relaciones productivas con estos países", cuyos estrechos vínculos con Venezuela, a excepción de Colombia, han sido una creciente fuente de preocupación para Estados Unidos en los últimos tiempos.
En materia de seguridad pública, recomienda al próximo gobierno estadounidense ampliar los programas de entrenamiento para policías, fiscales y jueces con el fin de lograr una mayor profesionalización, fortalecer el estado de derecho y promover una mayor cooperación de inteligencia en la región contra el narcotráfico y las pandillas.
Aunque el estudio no propone grandes cambios en la lucha contra las drogas, aplaude los recientes esfuerzos de legisladores estadounidenses para equilibrar la ayuda militar y policial con la cooperación social y económica prevista en el Plan Colombia, financiado por Estados Unidos para erradicar los cultivos de aquel país.
En este aspecto, destaca que la estrategia "no ha detenido el flujo de drogas hacia Estados Unidos", y que "los precios de la cocaína y la heroína son tan bajos como antes o más bajos que nunca".
Washington, recomienda el informe, debería concentrarse más en la reducción de la demanda interna y redoblar sus esfuerzos para limitar el flujo de armas desde Estados Unidos hacia América Latina, que alimenta la violencia en la región.
En cuanto a la energía, el estudio insta a Estados Unidos a promover una mayor cooperación e inversiones en el sector petrolero y el de gas, a pesar de las crecientes preocupaciones sobre "nacionalismo en materia de recursos naturales".
Especialmente, agrega, Washington debería concentrarse en la posibilidad de incrementar la producción de gas y petróleo en México, proporcionando a ese país la tecnología necesaria para la perforación de pozos en aguas profundas en el Golfo homónimo.
Asimismo, señala que Estados Unidos podría ayudar especialmente a desarrollar mercados alternativos de energía, sobre todo de biocombustibles, eliminando aranceles y otras barreras para promover su uso doméstico.
La reforma de las leyes inmigratorias debe ser tratada como prioridad máxima del próximo gobierno estadounidense. El estudio recomienda reforzar la seguridad en la frontera y regularizar el estatus de la fuerza laboral que ya vive en Estados Unidos.
El esquema debería contemplar una "migración circular", que permita a los latinoamericanos ir a Estados Unidos "por un determinado período y volver a sus países con un nuevo capital financiero y humano para el desarrollo económico a largo plazo de sus comunidades y naciones".
Además, indica el estudio, Estados Unidos debería cooperar más estrechamente con las autoridades mexicanas para combatir el contrabando y las redes de tráfico de personas y buscar acuerdos con otros países para regular mejor el flujo de inmigrantes.
