Una reunión de dos horas y media entre los presidentes del gobierno español y del País Vasco culminó este martes con un mensaje claro del primero: no se dará ningún paso para alentar el separatismo y mucho menos la independencia de esa región autónoma, una de las 17 que integran España.
José Luis Rodríguez Zapatero y Juan José Ibarretxe se reunieron en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, sede del gobierno español y residencia del primero, sin grandes expectativas, pero con esperanzas de que se abriera un diálogo de hondo calado, que no fructificaron.
El líder del centroderechista Partido Popular (PP), principal fuerza de oposición, Mariano Rajoy, dijo que la respuesta de Zapatero "es la misma que le hubiera dado yo en su lugar", pero la credibilidad del jefe del gobierno es "dudosa" y es de esperar que "no vuelva a meterse en berenjenales como hasta ahora", añadió.
Ibarretxe pretendía abrir un diálogo para buscar un acercamiento sobre su decisión de convocar el 25 de octubre un referendo en el País Vasco, en el que la ciudadanía de esa comunidad expresaría si desea o no seguir siendo parte de España.
Cuando anunció la convocatoria, a fines de 2007, Ibarretxe había anticipado que sería para ratificar el acuerdo que plantearía al gobierno español o "una consulta habilitadora para abrir un proceso de solución".
Ese pacto, añadió, se basaría en el rechazo a la violencia y en "el compromiso de la sociedad vasca con vías única y exclusivamente políticas y democráticas", planteando además "el principio democrático de respeto a la voluntad de la sociedad vasca y el de incorporar este reconocimiento y su ejercicio en el ordenamiento jurídico".
El rechazo a la violencia hace referencia al grupo terrorista vasco ETA, que reivindica también banderas separatistas.
Ibarretxe pareció confirmar que su prioridad son las elecciones vascas de 2009, al anunciar un segundo referendo "resolutivo" para 2010, en el cual se resolvería sobre el derecho a decidir y la territorialidad.
Al término de la reunión y en rueda de prensa, Zapatero reiteró su voluntad de lograr un acuerdo, pero estimó que el proyecto de Ibarretxe "no aúna a una inmensa mayoría de la población vasca, ni los procedimientos que se deben seguir, incluida la Constitución española".
Según la Constitución, los referendos sólo pueden ser convocados por el gobierno central con apoyo del parlamento, y no está legislado que puedan hacerlo los gobiernos autónomos. Por eso, dijo Zapatero, cuando dos años atrás se expuso por primera vez el tema, "se les dijo democráticamente no, y se les volverá a decir lo mismo mientras no se cumplan esas condiciones" de respeto a la Constitución.
El jefe de gobierno español insistió en su voluntad de negociar acuerdos en cuestiones como desarrollo de infraestructuras, renovación de la legislación sobre el manejo de los impuestos en el País Vasco y transferencia de competencias que hoy ostenta el Poder Ejecutivo central.
Todo lo que entre dentro de la ley podrá ser negociado, dijo Zapatero y recomendó a Ibarretxe buscar el acuerdo de los demás partidos vascos.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) llevó a la presidencia a Ibarretxe con el apoyo de otras fuerzas nacionalistas moderadas y con votos de los sectores que responden a ETA, pero con la oposición del PP y del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
En una comparecencia aparte ante la prensa, Ibarretxe dijo que vio a Zapatero a la defensiva y pensando sólo en las elecciones vascas de 2009. Por eso, concluyó, "quien sólo tiene elecciones en la cabeza, no tiene soluciones".
El gobernante vasco insistió en su voluntad de negociar y recordó que la propuesta que hizo este martes no varió ni en una coma de la que discutieron en 2006 representantes del PSOE, el PNV y Batasuna, el hoy ilegalizado brazo político de ETA.
Es absurdo que "lo que ayer el PSOE consideraba legítimo, constitucional y encajable, hoy sea ilegal, inconstitucional, una aventura o una ocurrencia", afirmó.
El País Vasco no es una parte subordinada de España, dijo, y así como el parlamento vasco no puede imponer sus decisiones al parlamento español, éste no "puede despachar con un 'no' y sin negociar las propuestas que se le hacen desde la sociedad vasca".
Iñigo Urkullo, portavoz parlamentario del PNV, criticó la posición de Zapatero, recordando que "es la sociedad vasca la que tiene derecho a decidir su futuro", incluyendo el derecho a la autodeterminación.
El jurista Gregorio Peces-Barba, socialista hoy retirado de la política y presidente de la comisión que redactó la carta magna vigente, expresó que "la consulta popular propuesta por Ibarretxe es un ataque enormemente burdo y tosco a la Constitución, y se encuentra en el límite de la comisión del delito".
"El delito no se ha consumado porque no ha realizado la consulta, aunque hay una tentativa o un proyecto que realmente hay que decir que contradice la clave del pacto social. Es un acto de prevaricación, según el Código Penal, porque es injusta a sabiendas", agregó.
La reunión se celebró mientras sonaban todavía los ecos de una bomba que explotó el lunes en la localidad vasca de Getxo, que no dejó víctimas y fue atribuida a la ETA.
Si se cumpliera lo programado por Ibarretxe, el pleno del parlamento vasco se reuniría en junio para convocar la consulta ciudadana del 25 de octubre. Ante esto, Zapatero ha pedido "calma".
Fuentes gubernamentales dijeron a IPS que el jefe del Poder Ejecutivo aprovechó la reunión para manifestar a Ibarretxe su profundo malestar por una resolución del parlamento vasco que acusó la semana pasada a Madrid de amparar a las fuerzas policiales ante denuncias de torturas a etarras detenidos.
Zapatero le recordó a Ibarretxe que en sus "manuales" la ETA indica a sus miembros que, de ser detenidos, deben denunciar torturas. Y también le señaló que la justicia debe intervenir e investigar cada denuncia, "como lo ha venido haciendo siempre, desde que se recuperó la democracia" en 1976.
