El asesinato este jueves del comisario de la policía federal mexicana Edgar Millán, coordinador de la lucha contra el narcotráfico, debilita aún más al ya mermado poder de ese cuerpo de seguridad, supeditado de forma creciente al ejército, alertan activistas de derechos humanos.
A través de un comunicado, el gobierno de Felipe Calderón repudió la muerte de Millán, quien fue acribillado a tiros cuando entraba a su domicilio en la capital del país, y dijo que el hecho lo compromete a reforzar su lucha contra la delincuencia.
En lo que va del año ya fueron ejecutadas unas 1.050 personas, entre ellas 10 policías y una docena de soldados. Durante la gestión de Calderón, iniciada en diciembre de 2006, los crímenes atribuidos al narcotráfico ascendieron a 3.700, según la prensa local.
Grupos humanitarios, que cuestionan la intervención de los militares en las tareas policiales, lamentaron también el crimen de Millán.
No obstante, Edgar Cortez, coordinador de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, que reúne a 55 grupos, lamentó que "la estrategia de seguridad del gobierno construida sobre ejército se refuerzan con este hecho".
Mientras, "las promesas de profesionalizar a la policía siguen pendientes", declaró Cortez a IPS.
El gobierno conservador de Calderón mantiene como prioridad de su gestión el combate contra el narcotráfico, y en esa estrategia desplegó como nunca antes miles de militares y policías por todo el país.
La intervención de los soldados en tareas de seguridad pública derivó en múltiples denuncias contra uniformados por violaciones a los derechos básicos, como detenciones arbitrarias, golpes y cateos injustificados.
Los militares no están capacitados para actuar de policías, pero el gobierno insiste en su estrategia, lamentó Cortez.
Américo Incalcaterra, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también se ha pronunciado en igual sentido.
Según versiones periodísticas, esa posición de Incalcaterra molestó sobremanera al gobierno por lo cual habría presionado por su salida de México, la que efectivamente se producirá a fines de mes.
Sin embargo, el funcionario de la Organización de las Unidas (ONU) declaró que no fue presionado y que su relevo debe verse como algo "normal" dentro de las políticas de rotación del foro mundial.
Cortez indicó que "hay dudas fundadas que indican que gobierno actuó de mala manera para deshacerse de la presencia de Incalcaterra, lo que constituye un asunto grave".
El comisionado de la ONU había declarado "que en cualquier parte del mundo que nos encontramos desaconsejamos la utilización de fuerzas militares en tareas de seguridad interna por una simple razón, no tienen mandato, entonces incurrían en una violación".
El presidente de la estatal, pero independiente, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, comparte tal tesis, pero considera que "sería un suicidio" retirar ahora el ejército de las calles, si en contrapartida no hay una policía capacitada.
Desde el sexenio del presidente Vicente Fox (2000-2006), la violencia del narcotráfico va en ascenso, según autoridades como respuesta a las acciones de seguridad pública. Durante ese gobierno fueron ejecutadas 9.000 personas.
El asesinato este jueves del coordinador de la lucha contra el narcotráfico representó uno de los golpes más fuertes de las mafias en lo que va del gobierno de Calderón.
El funcionario ejecutado tenía 42 años y se desempeñaba como jefe interino de la Policía Federal Preventiva. Según indicó el gobierno, era un "abogado capacitado por las mejores agencias de seguridad a nivel internacional".
Calderón firmó en enero el llamado Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012. Este documento deja en claro que los militares seguirán participando en el combate contra los grupos de narcotraficantes hasta que acaba su gestión de seis años.
Al iniciar su gestión, el mandatario dispuso el traspaso temporal de 7.500 militares y 2.500 marinos a la Policía Federal Preventiva, cuyo número de integrantes supera ahora los 27.000.
Aunque la Constitución mexicana indica que, "en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar", un fallo de la Suprema Corte de Justicia de 1996 avaló su uso en otras áreas cuando haya graves problemas de seguridad interior.
En México, fuera de la Policía Federal Preventiva, hay 350.000 policías distribuidos en diversas corporaciones que no tienen una coordinación central. Se trata de agentes mal pagados, con escasa preparación y superados ampliamente por el poder táctico y de fuego de las mafias del tráfico de drogas.
Además, el prestigio social de la policía está por los suelos, según indican todas las encuestas.
En contraste, los militares reciben gran apoyo de parte de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas están integradas por unos 253.000 efectivos.
Varios analistas avalan el uso de militares en tareas de seguridad interna, pues consideran que es la única fuerza que puede enfrentar a los avezados narcotraficantes. No obstante, cuestionan al gobierno por no dar pasos firmes para profesionalizar a la policía.
