En un dictamen sin precedentes, el juez chileno Víctor Montiglio procesó a 98 militares y civiles como coautores del secuestro calificado de 42 víctimas de la llamada Operación Colombo de 1975.
Se trata del procesamiento más numeroso llevado a cabo hasta ahora en un juicio por violaciones a los derechos humanos perpetradas en la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet (1973-1990).
La Operación Colombo fue un montaje de desinformación urdido por el primer cuerpo represivo del régimen militar, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), con el propósito de encubrir el asesinato de 119 opositores de izquierda, la mayoría integrantes del proscripto Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
La maniobra periodística, que se ejecutó en Argentina, Chile y Brasil, fue precursora del Plan Cóndor, como se conoce a la coordinación de los aparatos represivos y de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur de los años 70 y 80.
En 1975, el diario Novo O'Dia, de la ciudad brasileña de Curitiba, y la revista argentina Lea, que sólo tuvo una edición, informaron que 119 guerrilleros chilenos habían muerto en pugnas internas y en enfrentamientos con policías de otros países.
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El diario La Segunda de Chile, de propiedad del consorcio periodístico El Mercurio y que todavía circula en la capital, se hizo eco de las informaciones aparecidas en estos medios con un feroz titular: "Exterminan como ratas a miristas".
Montiglio, ministro en visita (dedicado en forma exclusiva a un caso), comenzó este lunes a notificar a los 98 encausados por el secuestro calificado de los 42 detenidos desaparecidos que hasta ahora han podido ser acreditados en el marco de la Operación Colombo.
Medios de prensa indicaron que se trata de 40 miembros del ejército, una treintena de carabineros (policías militarizados), 10 detectives, dos marinos, así como otros integrantes de la fuerza aérea, y civiles. Todos los uniformados estarían retirados.
Los militares que deban guardar prisión preventiva por orden del magistrado serán recluidos en recintos castrenses, mientras que los civiles serán trasladados al penal de alta seguridad Santiago 1, ubicado en la capital chilena.
Se informó que entre los procesados figuran altos oficiales, custodios de torturados, transportistas y diversos colaboradores de la operación.
Se destacan el ex jefe de la DINA, general retirado Manuel Contreras, quien está cumpliendo condenas por otros crímenes, y los brigadieres Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff, también retirados.
En septiembre de 2004 la justicia ya había encausado a la cúpula de la DINA en juicios por otras víctimas de la Operación Colombo. Entre esos procesados se cuenta el general retirado Raúl Iturriaga Neumann, más de un mes prófugo de la justicia en 2007 por negarse a cumplir una condena de cinco años por el secuestro calificado de un ex miembro del MIR.
El ministro de Justicia de Chile, Carlos Maldonado, calificó este lunes de "siniestra" y "repugnante" la Operación Colombo.
El abogado querellante del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Boris Paredes, aplaudió el dictamen de Montiglio, señalando que "el actuar criminal de la DINA era enorme".
En los 17 años de dictadura unas 3.000 personas fueron asesinadas y desaparecidas, mientras que más de 35.000 fueron torturadas.
En la otra vereda, el abogado Jorge Balmaceda, que defiende al brigadier Espinoza, criticó que se aplicara la figura penal de secuestro calificado para procesar a los 98 militares y civiles, y la denominó "ficción jurídica".
"El delito no existe porque todo el mundo sabe que estas personas dejaron de existir hace mucho tiempo", dijo Balmaceda.
El masivo procesamiento "es una muy buena noticia", comentó a IPS el secretario ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Sergio Laurenti.
El representante de la organización humanitaria destacó el gran número de procesados y su "transversalidad", puesto que figuran desde altos oficiales hasta colaboradores menores, que seguramente participaron en otros asesinatos, torturas o desapariciones forzadas, apuntó.
Laurenti cree que éste y otros dictámenes de las últimas semanas indican una "reactivación" de los juicios por violaciones a los derechos humanos.
Pero "hasta ahora no ha habido avances sustantivos en la justicia chilena por la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas y de orden", ya que éstas no han entregado toda la información de la que disponen, dijo.
La radio Cooperativa informó que el obispo luterano Helmut Frenz, fundador del humanitario Comité de Cooperación para la Paz en Chile, presentó un recurso de amparo preventivo en favor del cabo Samuel Fuenzalida, uno de los procesados por Montiglio.
Fuenzalida fue guardia en varios centros de tortura y ha entregado importantes antecedentes en este caso. Frenz pretende que no sea privado de libertad por su aporte a la investigación.
En septiembre de 2005, Augusto Pinochet fue desaforado —tenía inmunidad como senador vitalicio— para que se investigara su responsabilidad en la Operación Colombo.
Pero el ex dictador falleció en diciembre de 2006 sin responder por ninguno de los crímenes ni por los delitos de enriquecimiento ilícito que se le imputaban.
Este lunes un centenar de personas protestaron en las afueras del Palacio de Tribunales, en la capital chilena, por el cierre de la investigación del asesinato del artista Víctor Jara en 1973. Los manifestantes reclamaron que el juez, que no encontró al autor material del crimen, reabra el sumario hasta hallarlo.
