La humillación a la que fueron sometidos unos 50 alcaldes y concejales quechuas en la boliviana ciudad Sucre, donde hace 199 años surgió el primer acto americano de rebeldía contra el imperio español, alienta a continuar con los cambios estructurales que persigue el gobierno, afirman dirigentes oficialistas.
Sucre, capital de Bolivia ubicada en el centro-sur del país, se tiñó el sábado de sangre. Medio centenar de líderes indígenas que habían viajado a la ciudad para asistir a un acto de entrega de 50 ambulancias y recursos destinados a proyectos municipales fueron cercados y atacados por estudiantes y activistas autonomistas. El resultado fueron varias decenas de heridos y una tardía conmoción nacional.
Tras la suspensión de la ceremonia a la que iba a asistir el presidente indígena Evo Morales, en el Estadio Patria, los campesinos se aprestaban a abandonar la ciudad cuando fueron sorprendidos y rodeados por grupos de choque de activistas autonomistas.
Estos sectores, apoyados por la alcaldía y un Comité Interinstitucional respaldado por la estatal Universidad de Sucre, reclaman también que la capital, sede del Poder Judicial, vuelva a albergar al Legislativo y Ejecutivo, instalados en La Paz desde 1899, tras una guerra civil.
Según las informaciones disponibles, grupos organizados del Comité Interinstitucional tomaron posiciones en los alrededores del escenario deportivo en la madrugada del sábado y, empleando fulminantes de dinamita, palos y piedras, consiguieron apoderarse de los predios tras una retirada prudente de la policía y de soldados.
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El ambiente caldeado y la violencia contra peatones de aspecto humilde llevaron a Morales a suspender su viaje desde La Paz, mientras en la plaza principal de Sucre se cumplían los actos conmemorativos del primer grito libertario, el 25 de mayo de 1809.
Los campesinos intentaron defenderse en barrios periféricos, pero la estrategia organizada de sus agresores pronto los derrotó. A fuerza de golpes e insultos, fueron arrastrados y obligados a hincarse y repetir consignas autonomistas y contrarias al gobierno de Morales.
De hecho, toda persona que aparentara origen indígena o afinidad con el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) fue puesta de rodillas por los atacantes frente a la Casa de la Libertad, símbolo de la emancipación donde se dictó el destierro del poder colonial, el 6 de agosto de 1825.
Durante el fin de semana, con escasos servicios de noticias en radios y canales de televisión, no se vieron las escenas más conmovedoras de los abusos, y sólo se destacó en la prensa la suspensión del viaje presidencial, cuando el atropello a los campesinos fue el hecho más impactante.
Morales reclamó el martes a la justicia que se esclarezcan los hechos y se castigue a los autores intelectuales y materiales.
El mismo día, la oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los ataques, que "vulneran los derechos a la integridad personal y a no ser sometidos a tratos inhumanos", así como "las libertades de expresión y manifestación, todos consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Bolivia es parte".
"Estamos frente a una sublevación oligárquica", dijo a IPS René Navarro, representante del MAS por el sudoccidental departamento de Potosí a la Asamblea Constituyente que culminó sus labores en diciembre de 2007.
Navarro anticipa nuevas acciones violentas de sectores de derecha.
El incidente implica, en los hechos, la mayor humillación pública a los derechos indígenas, precisamente cuando un aymara gobierna el país.
"Evo es indígena y representa al campo popular, y las acciones del sábado golpean a todos los ciudadanos", expresó Navarro.
Los atacantes quemaron banderas azules del MAS, la multicolor de los pueblos aymaras y ponchos coloridos tejidos a mano, como señal de victoria sobre la población indígena, con la cual se identificó 60 por ciento de los habitantes en el censo de 2001.
La alcaldesa de Sucre, Aideé Nava, y el Comité Interinstitucional se apresuraron a pedir perdón.
Hace 55 años, el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) reconoció los derechos indígenas de acceso a la educación pública, a elegir a sus gobernantes en las urnas y a dejar atrás los sistemas de semiesclavitud y de "pongueaje", servidumbre a la que estaban obligados los nativos pobres y sin propiedades.
Navarro cree que el camino debe ser la difusión de los logros obtenidos en dos años y medio.
Mientras, el diputado oficialista y ex sindicalista minero, José Pimentel, consideró urgente la aplicación del nuevo texto constitucional —aprobado el 9 de diciembre por los constituyentes oficialistas reunidos en la occidental ciudad de Oruro—, en alianza con los habitantes pobres de las ciudades, según dijo a IPS.
El sociólogo y analista Franco Gamboa, coincidió en que al gobierno no le queda más salida que persistir en el proyecto de nueva carta magna, que sienta las bases de un estado plurinacional, con el reconocimiento de los 36 pueblos originarios.
Pero, de forma simultánea, el gobierno debe aceptar las autonomías departamentales y los resultados regionales de los referendos, como el celebrado este mes en el oriental departamento de Santa Cruz, a favor de estatutos que establecen mayor descentralización, dijo Gamboa.
Este domingo, los departamentos de Beni, noreste y Pando, norte, llevarán a cabo sendas consultas sobre estatutos autonómicos, consideradas ilegales por el gobierno central. El 22 de junio le tocará el turno al sureño Tarija.
Sectores de la derecha boliviana interpretan los incidentes del sábado como una división regional alentada desde el gobierno a través de organizaciones sociales y grupos indígenas, y procuran generar una corriente de opinión ciudadana, expresada a través de emisoras radiales, orientada a buscar la renuncia de Morales.
"No vamos a permitir la división de Bolivia y tampoco nos quedaremos de brazos cruzados", dijo a IPS la dirigente de la Federación de Mujeres del Trópico de Cochabamba, zona central de cultivos de coca, Juanita Ancieta.
"El hecho de que Morales sea el primer presidente indígena marginado no es suficiente para que deje de existir un estado racista, colonial, y es importante plantear la reforma de la Constitución", dijo Pimentel.
Gamboa recordó que el proyecto constitucional recoge las propuestas del Pacto de Unidad conformado por organizaciones campesinas y originarias, y reivindica libertades, deberes, garantías y derechos políticos y culturales para los pueblos indígenas.
Pero Gamboa observó que la reacción de grupos conservadores de Sucre y de los departamentos autonomistas de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija expone el rechazo a la creación de autonomías indígenas con posibilidades de enfrentar al poder departamental que buscan los prefectos (gobernadores) y organizaciones civiles y empresariales de esas regiones.
En el proyecto constitucional se incluyen las autonomías departamentales, municipales, regionales e indígenas, mientras las regiones opositoras a Morales sólo reconocen las autonomías departamentales y municipales.
No está claro cuándo la ciudadanía podrá pronunciarse a favor o en contra del texto constitucional aprobado, ni si éste sobrevivirá a los acontecimientos políticos de los próximos meses.
La ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente establecía la consulta popular sobre la nueva constitución 120 días después de su aprobación, pero la celebración de los referendos autonómicos echó por tierra esa previsión.
Mientras, el presidente y los prefectos están en campaña para el referendo revocatorio de sus respectivos mandatos, que se celebrará el 10 de agosto.
Los sucesos de Sucre reafirman el propósito de destruir el Estado racista, dijo Pimentel, pero eso requiere una larga lucha para cambiar la actitud y el comportamiento de los sectores conservadores ante los indígenas, añadió. Por lo pronto, una meta posible es consolidar un pacto social para reformar la Constitución, sostuvo. Construir un estado multinacional es una tarea de largo plazo, concluyó.
