DDHH-BIRMANIA: Trasnacional estadounidense no es impune

La trasnacional estadounidense del sector energético Chevron debe garantizar el respeto de los derechos humanos en Birmania o deberá rendir cuentas ante la justicia por abusos en ese país, según la organización ambientalista EarthRights International.

La población de la meridional región birmana de Yadana, donde se encuentra el gasoducto de Chevron Corporation, no tiene paz desde que en 2005 la trasnacional se asoció al emprendimiento para extraer gas natural, sostiene el informe "Costo humano de la energía" divulgado por EarthRights en la capital de Tailandia.

"Chevron y sus socios del consorcio recurren al ejército birmano para garantizar la seguridad del gasoducto y esas fuerzas someten a miles de aldeanos a trabajos forzados, torturas, violaciones, asesinatos y otros abusos graves", denuncia el informe de 76 páginas de la organización con sede en Washington.

Chevron debe respetar "sus obligaciones legales y morales en materia de derechos humanos, en vez de aprovecharse de esas violaciones", indica el informe acerca del proyecto energético de Birmania.

El emprendimiento le deparó a la junta militar que gobierna Birmania unos 1.100 millones de dólares en 2006, más de la mitad de las ganancias procedentes de la venta de gas a Tailandia, que ese año alcanzaron los 2.160 millones de dólares.
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"Chevron puede ser demandada por los residentes de la zona si no frena las violaciones de derechos humanos", señaló en conferencia de prensa el coordinador del Proyecto Birmania de EarthRights International, Naing Htoo, con motivo del lanzamiento del informe. "Todos los días ocurren violaciones".

"Chevron ayuda e instiga ese patrón de abusos", añadió Katie Redford, directora del capítulo estadounidense de EarthRights. La trasnacional "es responsable del trabajo forzado, torturas y violaciones perpetradas por las fuerzas de seguridad al apoyar su contrato".

La divulgación del informe coincide con el intento de Chevron de promover su imagen como empresa responsable ante los ciudadanos y dedicada a ayudar al mundo a cubrir sus necesidades energéticas de forma limpia.

La ingeniosa iniciativa de prensa y televisión fue lanzada en septiembre de 2007 en Estados Unidos. La "campaña publicitaria verde" de Chevron tendría un costo de 15 millones de dólares, según una versión de prensa.

Chevron trata de distanciarse de las denuncias de violaciones de derechos humanos en la región del gasoducto de Birmania, señaló Redford.

"A pesar de la ingeniosa campaña publicitaria, si Chevron tiene un contrato con la dictadura birmana, es su socia. No puede tratar de distanciarse de las acusaciones, que es lo que hace", apuntó.

Total, la compañía francesa socia de Chevron en el proyecto de Yadana, también es objeto de acusaciones, pero a diferencia de la estadounidense, optó por admitir algunas de las acusaciones lanzadas desde el sur del Birmania.

"Total señaló en su sitio de Internet que existen casos de trabajos forzados", dijo a IPS la editora de un sitio dedicado a la responsabilidad empresarial en los países en desarrollo, Joelle Brohier. "Aprendieron de experiencias pasadas que es necesario mostrar cierta transparencia."

La única compañía de extracción de Francia involucrada en proyectos de gas natural no puede obviar denuncias de violaciones de derechos humanos, añadió. "No puede hacerlo, debe tratar y dar respuestas para lidiar con esos problemas existentes".

Los principales abusos son atribuidos a los batallones birmanos encargados de proteger el gasoducto, señaló Naing Htoo.

"Los soldados confiscan tierras y obligan a los aldeanos a cultivar arroz. También a trasladar suministros del ejército para sus campamentos y los someten a otro tipo de trabajos forzados. Además de cometer violaciones y torturas", añadió.

Dos batallones, los de infantería 282 y 273, fueron asignados a "la seguridad del gasoducto", reveló. Cada una de esas unidades militares cuenta con 300 soldados.

En total operan en la zona 14 batallones, lo que la convierte en una de las más militarizadas de ese país de Asia sudoriental.

El proyecto de Yadana fue polémico desde sus inicios en 1991. El emprendimiento para extraer gas natural del mar de Andaman y llevarlo por un gasoducto terrestre a Tailandia contó con respaldo de la compañía estadounidense Unocal, la francesa Total y una subsidiaria de la empresa estatal tailandesa.

La socia local fue Gas and Oil Enterprise, vinculada con el Ministerio de Energía de Birmania.

Las crecientes violaciones de derechos humanos fueron entonces registradas en el primer informe de EarthRights, "Negación Total", en 1996.

Posteriormente, varias víctimas del proyecto Yadana, asistidas por la organización y un equipo de abogados, entablaron una demanda contra Unocal ante un tribunal federal de Estados Unidos, acusándola de "complicidad en los daños".

Nueve años después, en marzo de 2005, las víctimas birmanas lograron un triunfo cuando Unocal decidió resolver la prolongada batalla legal y compensar a los pobladores locales.

Poco después, Chevron compró la participación de Unocal en el gasoducto de Yadana.

El resultado fue un hito en disputas por violaciones de derechos humanos en el ámbito internacional.

"El caso se convirtió en una gran prueba en términos de responsabilidad corporativa, porque hasta entonces no se sabía cómo manejarían los tribunales los procesos contra compañías acusadas de violaciones de derechos humanos en territorio extranjero", señaló el profesor canadiense de derecho Doug Sanders.

"Tradicionalmente, el derechos internacional en materia de derechos humanos se aplicaba sólo a países y no a personas ni compañías", añadió Sanders, de visita en la Universidad de Chulalongkorn, en Bangkok.

Ese fallo "hizo que las grandes compañías que no respetan sus responsabilidades sociales en otros países sintieran la presión de la justicia", señaló Sanders.

Además, "reafirmó que las corporaciones tienen que ajustarse a la legislación internacional en materia de derechos humanos porque un tribunal las va a obligar a respetarla", apuntó.

"Ya lo hemos hecho, aun si nos lleva 10 años", señaló Redford, ante un posible proceso contra Chevron.

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